Energia y Transporte

Las desprolijidades normativas de la administración macrista son cada vez más marcadas y evidentes.

Anuncios de medidas que no se concretan, anticipos que al trasladarse a los hechos quedan a mitad de camino y engendros legales que lejos de aportar claridad generan más confusión son algunos ejemplos de la “negligencia” y mala praxis administrativa que se observan en casi todas las áreas del Gobierno.

Desesperado por mantener en pie los contratos de PPP de los corredores viales que están al borde del fracaso, la administración macrista sigue tomando medidas de dudosa legalidad que cambian por completo las reglas de juego iniciales y abren un fuerte interrogante por la afectación de recursos públicos que no estaban previstos en el Presupuesto, ni consensuado con los funcionarios del FMI.

A fines de agosto--cuando la crisis financiera y el escándalo judicial de los cuadernos de las coimas estaban por darle la partida de defunción a los PPP viales --, los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich y de Economía, Nicolás Dujovne implementaron una polémica salida que dejó en manos del Estado la búsqueda y el armado de los financiamientos que debían conseguir las constructoras privadas que se adjudicaron las nuevas concesiones con peaje de rutas y autopistas.