Energia y Transporte

Si el Senado la aprueba tal como salió de Diputados, la ley Bases dejará en manos del Gobierno de Javier Milei tres herramientas significativas para poder reducir el protagonismo del Estado y transferir a la órbita privada tanto la ejecución de nuevas obras de infraestructura, como el manejo y operación de varias empresas de servicios.

La letra chica de la “Ley Ómnibus” contiene una especie de “vía libre” inicial para privatizar total o parcialmente 11 empresas estatales; una autorización para renegociar todos los contratos de obras públicas que se encuentran paralizados y un esquema normativo más flexible para el otorgamiento de nuevas “concesiones” destinadas a proyectos de infraestructura y servicios que deberán ser financiados con capitales privados.

Junto con la autorización para privatizar total o parcialmente 11 empresas estatales y la inclusión del “Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones” (RIGI), la ley Bases que impulsa la administración de Javier Milei contiene un marco normativo destinado a reactivar el sector de la construcción con el otorgamiento de nuevas “concesiones de obras e infraestructuras públicas”.

El nuevo esquema de concesiones—que remplaza al vigente que había sido establecido a fines de la década del 60 durante el Gobierno militar de Juan Carlos Onganía—contempla entregar bajo el formato de “concesión” la ejecución y ampliación de obras que promueva el Estado y proyectos que surjan de iniciativas motorizadas por empresas privadas que sean declaradas de “interés público y convenientes para la sociedad”.