El anuncio realizado días atrás en 9 de Julio se materializó. Finalmente, dirigentes de la Unión Cívica Radical bonaerense presentaron un amparo colectivo contra la Dirección Nacional de Vialidad para exigir la inmediata reparación integral de la Ruta Nacional 5 o “la ruta de la muerte”. Reclaman el mantenimiento del tramo que une Mercedes y Santa Rosa, retomar la transformación de la traza en autovía y expresaron su repudio a sumar cabinas de peajes antes que construir, al menos, un kilómetro de ruta.
“La burla, su Señoría, a nuestros habitantes es grosera e injustificada”, señala el texto en relación a que el primer anuncio de la nueva concesionaria privada de la ruta es la instalación de nuevos peajes, pero ninguna obra. Es el mismo reclamo que, tal como contó este diario, se visibilizó en el Concejo Deliberante de Bragado, Mercedes o 9 de Julio. Y es que son más de 20 los municipios bonaerenses afectados por el estado de la Ruta 5.
El recurso colectivo está encabezado por el concejal de Mercedes, Daniel Ivaldis, y la titular del Comité de Pehuajó, Andrea Lluch. De esta manera, encauzaron el anuncio que hicieron el titular del Comité Provincia, Emiliano Balbín, y el del Nacional, Leonel Chiarella hace 15 días en territorio bonaerense. En el texto, pidieron un plan de obras, un cronograma y, subrayaron, que la Nación recauda fondos específicos para estas tareas mediante el impuesto a los combustibles que Luis Caputo decide no ejecutar en lo que corresponde.
La demanda enfatiza el deterioro calamitoso que presenta ruta a lo largo del corredor provincial y advierte sobre la gravedad de la situación en una calzada “concebida y construida hace décadas cuando el parque automotor era infinitamente menor al actual” y había múltiples servicios ferroviarios. La situación cambió drásticamente.
Entre los argumentos técnicos se resalta que por la traza circulan diariamente unos 2.000 camiones pesados con insumos para el fracking hidrocarburífero en Vaca Muerta y viajan desde Entre Ríos a Neuquén, por lo que “esa delgada y deteriorada arteria no aguanta más”. A ello añaden la parálisis de la autovía Mercedes-Suipacha, apenas unos 20 kilómetros, que Javier Milei dejó sin continuidad.
Antecedentes a favor y búsqueda a futuro
No es un dato menor que el escrito profundiza en antecedentes jurisprudenciales clave de la Justicia Federal que ya condenaron a Vialidad Nacional en el pasado. Un caso determinante es el del Juzgado Federal de Venado Tuerto que declaró la omisión ilegal del Estado y ordenó la repavimentación de las rutas nacionales 7, 8 y 33.
Aquel fallo de Rosario sentó doctrina al desestimar formalmente las justificaciones presupuestarias de Vialidad Nacional, estableciendo que la falta de recursos o de planificación no puede utilizarse como excusa para desatender la seguridad vial, la cual es una responsabilidad del Estado según la Constitución Nacional. Asimismo, ratificó que cualquier usuario del corredor cuenta con legitimación para accionar en defensa de este bien de incidencia colectiva.
Como medida cautelar urgente, la presentación solicita al juez la inmediata ejecución de tareas de bacheo y relleno de los “cráteres más peligrosos”, además de la señalización debida de los tramos críticos. Los demandantes argumentan que es imperativo “evitar la continuación de los riesgos para la vida e integridad física de quienes transitan por la ruta”.
La pretensión de fondo exige condenar a la Dirección Nacional de Vialidad a la reparación integral del trazado bonaerense y fijar un cronograma para continuar la autovía. Los amparistas sostienen que el Estado recauda fondos específicos del impuesto a los combustibles que deben reorientarse a la infraestructura vial.
Fuente: Página 12
