La decisión tomada por la intervención nacional del puerto de Ushuaia de permitir el amarre de un buque petrolero británico, algo que está prohibido por la legislación que defiende la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, generó un fuerte cuestionamiento y rechazo del Observatorio de Logística Transporte y Puertos de la CTA, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos y el SUTAP (Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias).
Las tres organizaciones focalizaron críticas contra las autoridades del gobierno de Javier Milei que están al frente de la intervención del puerto fueguino por haber autorizado la entrada del barco petrolero de bandera británica VS Promise.
Por medio de un comunicado destacaron que “resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego — las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes —; una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital provincial a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y la Constitución Provincial”.
El comunicado advirtió que la presencia de la embarcación británica “atenta claramente contra lo establecido con la ley 8512/2011-- también conocida como ley Gaucho Rivero--que expresamente prohíbe el amarre, el abastecimiento y las operaciones logísticas de buques con bandera británica en los puertos de la provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”.
Agregó, además, que “el haber permitido la permanencia y abastecimiento del buque por 24 horas, claramente hace pasible, a quienes autorizaron el ingreso, de sanciones en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego y debe ser evaluado por la justicia fueguina”.
“El Pueblo Argentino no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que comprometan la soberanía, independencia y los recursos e intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur”, remarcaron los firmantes del comunicado.
Resaltaron que “independientemente de lo jurídico, repudiamos enérgicamente la actitud tomada por la intervención del puerto de Ushuaia, y exigimos la devolución del puerto a sus verdaderos dueños, es decir al Gobierno, representante del pueblo de la provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”.
Para las tres entidades, “este hecho no es una cuestión opinable. Muestra abiertamente el grado de sumisión y desinterés que el gobierno Nacional presenta frente a intereses extranjeros, atenta con el más profundo sentimiento de argentinidad de aquellos que entendemos la Causa Malvinas como una bandera de defensa de nuestra soberanía territorial y política”.
Fuente: TyE
