El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) ratificará en las próximas horas la autorización a la minera Vicuña para que avance con una serie de obras de ampliación del sistema de transporte eléctrico y se asegure la disponibilidad del 90% de la capacidad incremental para abastecer el proyecto minero que lleva adelante en San Juan.
El ex ENRE había dispuesto eso mediante la Resolución 79/2026. Sin embargo, sus decisiones no quedaron firmes porque se presentaron oposiciones técnicas y regulatorias, lo que, de acuerdo con la propia norma, obligaba a convocar a una audiencia pública antes de resolver de modo definitivo.
La audiencia se realizó el 3 de junio y allí la decisión oficial fue objetada por representantes del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan, la Secretaría de Energía de La Rioja y las empresas Barrick Mining, Andes Corporación Minera (McEwen Copper – Los Azules), Golden Mining (Gualcamayo) y Casposo Argentina, entre otros.
Enrege ratificará ahora la postura inicial con una resolución en la que responderá a las impugnaciones presentadas con el argumento de que constituyen una sumatoria de intereses cruzados que, amparados en proteccionismos locales o en especulaciones de competidores rezagados, pretenden socializar los beneficios de una inversión privada y postergar el desarrollo del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Así lo resolvió el directorio del organismo en su reunión pública mensual llevada adelante este martes en Madero 1020, a la que asistió EconoJournal.
“Es una obra que tiene un impacto muy importante sobre el sistema eléctrico. Estamos hablando de una inversión de unos 800 millones de dólares en infraestructura eléctrica. Es una inversión privada que no se transfiere a tarifas. Los usuarios no van a pagar nada. Es exclusivamente a costo de la empresa”, aseguró María Cristina Tonnelier, responsable del área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales del ex ENRE, quien tuvo a su cargo detallar cuáles serán las obras que realizará Vicuña, compañía controlada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, a la cual ahora se le despeja el camino para tomar una decisión final de inversión en torno al proyecto.
Tonnelier también aclaró que Transener va a ser la empresa encargada de operar y mantener las instalaciones y supervisar toda la obra.
La inversión prevista por Vicuña
El proyecto de Vicuña comprende las siguientes obras de transmisión eléctrica:
- Construcción de una nueva línea de 500 kV de 167 kilómetros entre las estaciones de Rodeo y Chaparro.
- Construcción de la nueva Estación Transformadora Chaparro.
- Ampliación de las estaciones transformadoras Rodeo y Nueva San Juan.
- Reconversión de la actual línea Nueva San Juan–Rodeo para que opere en 500 kV en lugar de 132 kV.
- Nueva Línea de Alta Tensión Chaparro – Estación Transformadora Josemaría (220 kV). Esta última inversión se encuentra por fuera del SADI.
Las obras constituyen la condición técnica para que el sistema pueda abastecer la demanda de hasta 260 MW requerida por el complejo minero Josemaría en la fase 1 del proyecto. Sin ellas, el acceso solicitado por Vicuña no reúne las condiciones de capacidad y confiabilidad exigidas para su habilitación.
La resolución del Enrege le otorgará prioridad de uso hasta el 90% de la capacidad incremental en todo lo que se prevé construir, salvo en la ampliación de la Estación Transformadora Rodeo, por el plazo de duración del proyecto, en este caso por 25 años, en línea con lo establecido por la resolución 311/2025, de la Secretaría de Energía.
Respuesta del ENREGE a las impugnaciones
EPRE San Juan había invocado en la audiencia competencias sobre el tema conferidas por normas provinciales, las cuales supuestamente estaban siendo vulneradas al otorgarle prioridad de uso a Vicuña sobre las ampliaciones del sistema de transporte. Enrege desestimó esa queja al recordar que la transmisión de electricidad por las líneas de 500 kV forma parte del sistema nacional de transporte eléctrico y está regulada exclusivamente por las leyes nacionales 15.336 y 24.065.
Además, sostuvo que las instalaciones en extra alta tensión (500 kV), como la línea Nueva San Juan – Rodeo, actualmente operada en 132 kV, forman parte del SADI. Como parte de su argumentación, sostuvo que la provincia actúa como un actor más dentro del Mercado Eléctrico Mayorista sin poder de veto jurisdiccional sobre el despacho y acceso a redes de extra alta tensión nacionales.
Enrege también refutó la afirmación de EPRE con respecto a que la capacidad de transporte actual y futura se encuentra comprometida para acompañar el crecimiento orgánico de la demanda de San Juan. Sobre este punto se limitó a responder que los estudios técnicos de Cammesa demuestran que actualmente existe capacidad física y técnica remanente en las líneas de transporte existentes y si hay capacidad, tiene la obligación legal de otorgar el acceso al nuevo usuario que se presente.
El argumento central es que el «Open Access» garantiza el uso de la red a quien lo solicite con un proyecto firme, pero prohíbe la reserva abstracta o el acaparamiento preventivo de capacidad para un crecimiento poblacional hipotético a expensas de un proyecto minero que requiere la energía de inmediato y que aporta el capital para las obras.
Por último, también refutó la afirmación de EPRE respecto a que el 90% de prioridad otorgada a Vicuña implica una privatización de infraestructura pública. El argumento del organismo regulador es que la prioridad recae única y excluyentemente sobre la capacidad neta incremental que será creada y financiada por Vicuña. Además, remarca que la línea actual opera subutilizada en 132 kV, con una demanda de 25 MW.
El ente regulador utilizó argumentos similares para responder también a los cuestionamientos formulados por las empresas.
Por último, la Secretaría de Energía de La Rioja había solicitado, por su parte, que se obligue a Vicuña a asumir los costos de las obras de adecuación para garantizar la futura interconexión de 500 kV con esa jurisdicción. Sin embargo, el ente desestimará el pedido porque considera que obligar a un desarrollador privado a financiar infraestructura ociosa para garantizar el futuro desarrollo hipotético de una provincia vecina configuraría un enriquecimiento sin causa por parte del Estado provincial. El argumento central es que cuando La Rioja cuente con el financiamiento y el proyecto ejecutivo de su línea, lo que deberá hacer es solicitar la ampliación del nodo Rodeo asumiendo sus propios costos.
Fuente: EconoJournal
