La Secretaría de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha introducido una modificación fundamental para calcular los subsidios mensuales que debe destinar a las empresas de colectivos de jurisdicción local.
Lo hizo principalmente a través de la actualización de la Metodología de Cálculo de los Costos de Explotación, que quedó plasmado en la Resolución 102 del organismo publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad el pasado 26 de enero.
Hasta ahora, la Ciudad de Buenos Aires se hace cargo del 66% del subsidio al boleto de 31 líneas de colectivos que circulan dentro de su jurisdicción, tras la quita de fondos nacionales.
Esto ocurre desde agosto del 2024, cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que se hacía cargo de los subsidios de las 31 líneas de colectivos que circulan por el territorio porteño, luego de la firma de u Acta Acuerdo con las autoridades nacionales que estableció una transición ordenada de las 31 líneas de colectivos.
Desde ese momento, la administración de Jorge Macri asumió bajo su cargo la totalidad de los subsidios "haciéndose cargo de la gestión de las líneas, lo que permitirá que las tarifas de colectivos se mantengan -por el momento- en los niveles de precios actuales".
En la actualidad, la Ciudad destina más de $600.000 millones mensuales en subsidios al transporte para cubrir costos operativos y salariales, tras un aumento del 15% para evitar paros.
Esto implica un gasto significativo para sostener la tarifa y los descuentos de la Red SUBE, buscando evitar aumentos mayores en el pasaje.
Nuevo cálculo de costos
En este sentido, la norma publicada a fines de enero pasado sirve de base para determinar el nuevo formato que se utilizará para las compensaciones tarifarias que reciben estas empresas de transporte público.
La norma rige para las operadoras que poseen recorrido íntegramente dentro de su territorio correspondientes al Grupo Tarifario Distrito Federal que son las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.
"Cumplida la instancia de elaboración ordenada, resulta necesario dictar el acto administrativo que apruebe la "Metodología de Cálculo de Costos de Explotación del Transporte Urbano de Pasajeros por Automotor de Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", así como los cálculos de costos resultantes de su aplicación. Que la modificación dispuesta no altera los efectos jurídicos producidos por el acto administrativo que le sirven de antecedente", se detalla en los considerandos de la resolución.
Al modificar el Artículo 1, se actualizan los parámetros de costos (combustible, personal, mantenimiento), estableciendo que la llamada "tarifa técnica" (lo que realmente cuesta el servicio) y la tarifa que paga el usuario será la que define el monto del subsidio que el Estado debe cubrir.
En este sentido, la nueva metodología permite un cálculo más preciso según el tipo de unidad, lo cual significa que los subsidios pueden variar entre líneas dependiendo de la antigüedad de su flota o el uso de tecnologías más eficientes (como motores Euro V), ya que los costos operativos reconocidos no son iguales para todos.
Además, al actualizar índices que antes eran estáticos (como neumáticos o repuestos), el cálculo del subsidio mensual se vuelve más sensible a la inflación y a las variaciones de mercado, evitando que la compensación estatal quede desfasada frente a los gastos operativos reales de las empresas.
Retribución justa
En el gobierno porteño explican que el objetivo de este cambio específico en el cálculo es asegurar que las empresas reciban una compensación justa que les permita mantener las frecuencias y el mantenimiento, vinculando el subsidio directamente a la realidad económica del sector.
Agregan que la medida no es un simple trámite administrativo, sino que representa un giro en la forma en que se determina cuánto cuesta, operativamente, que un colectivo que tiene origen y destino exclusivo dentro de CABA.
Anteriormente, la estructura de costos se basaba en parámetros que habían quedado desactualizados frente a la inflación y los cambios tecnológicos del sector.
Por eso, se entiende que la nueva resolución busca una "fotografía" más fiel de los gastos reales de las empresas al desglozar el costo por kilómetro y por pasajero analizando variables críticas.
Una son los combustibles y lubricantes, al ajuste de los índices de consumo según el tipo de unidad (estándar, aire acondicionado, Euro V).
Otra es la actualización de las cargas sociales y convenios colectivos de trabajo (UTA), al igual que la revisión realizada sobre los coeficientes de desgaste de neumáticos y piezas mecánicas.
También sobre el valor de reposición de los vehículos, afectado por la brecha cambiaria y el precio de mercado de los chasis y carrocerías.
Desde la Secretaría de Transporte explican que los cambios persiguen tres metas claras como la de evitar el desfinanciamiento de las empresas operadoras ante el aumento de insumos.
Además, se busca mejorar la transparencia de los subsidios al tener un costo de explotación real, ya que el Estado puede calcular con precisión cuánta compensación necesita transferir para que la tarifa al usuario no se dispare.
Efecto en el boleto
La nueva norma empieza a contemplar de forma más técnica los diferenciales de costos entre unidades tradicionales y aquellas con tecnologías más limpias.
Aunque la Resolución 102 es técnica y se enfoca en la relación Estado-Empresa, su efecto llega al bolsillo mediante la determinación de la tarifa técnica o el valor real de lo que debería costar el boleto sin subsidios.
Al subir este cálculo, aumenta la presión sobre el cuadro tarifario final y al reconocerse costos más altos, se busca que las empresas no recorten frecuencias ni descuiden el mantenimiento de las unidades.
"El objetivo buscado es que el prestador obtenga los recursos suficientes para cubrir costos medios de largo plazo y un beneficio acorde con los riesgos que asume, representado por la remuneración al capital invertido. Asimismo, este instrumento permite generar estándares de costos para comparar el desempeño de las empresas del sector", se detalla en el anexo de la norma.
Fuente: iProfesional
