La Justicia Federal de Campana habilitó el funcionamiento parcial de la central termoeléctrica Matheu III, ubicada en el límite de los partidos de Pilar y Escobar. La planta, operada por SCC Power Argentina S.A., podrá operar de forma provisoria durante tres meses, entre noviembre y fines de enero, con un límite de dos turbinas y solo en el horario de 9 a 21.
La medida judicial se adoptó en el marco de la emergencia energética declarada por la Ley 27.742, y tuvo en cuenta informes técnicos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y de la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico, que advirtieron sobre posibles interrupciones en el suministro eléctrico en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
En la misma resolución, el juez federal Adrián González Charvay rechazó el pedido de la empresa de ampliar el horario de funcionamiento, al considerar que no se presentó una justificación suficiente para ello. También se dispuso que SCC Power presente, en un plazo de 30 días, un informe detallando los avances del plan de desmovilización de la planta, incluyendo gestiones ante organismos competentes, grado de ejecución y plazos de finalización.
Por otro lado, se ordenó a la Municipalidad de Pilar que realice controles periódicos durante el tiempo que dure la autorización, y remita los informes correspondientes al tribunal.
Desde hace años, organizaciones de vecinos han denunciado que la central está emplazada en una zona rodeada por áreas residenciales y han advertido sobre ruidos, vibraciones y riesgos para la salud y el ambiente. La planta ha sido objeto de medidas judiciales, reclamos administrativos y anuncios previos de cierre y desmantelamiento que, según los vecinos, no fueron cumplidos.
A través de un comunicado conjunto, las asociaciones 1810 Vecinos Unidos por Pilar y JUVEVIR expresaron su repudio a la medida judicial. “La Justicia vuelve a fallarle a los vecinos de Pilar y Escobar”, señalaron, y cuestionaron que la resolución se haya dictado pese a que organismos como la Autoridad del Agua (ADA) y la OPDS no respondieron dentro de los plazos establecidos, y frente a la oposición del Municipio y del Ministerio Público Fiscal.
Ambas entidades remarcaron que presentaron una exposición conjunta con argumentos técnicos, ambientales y jurídicos para rechazar la prórroga. “Una vez más, el juez eligió ignorar las evidencias y el reclamo de los vecinos”, afirmaron en el comunicado, y consideraron que la medida “constituye un nuevo golpe a la confianza ciudadana en la Justicia”.
Las organizaciones también destacaron que la decisión judicial “desconoce el principio precautorio ambiental y la voluntad de las comunidades que desde hace años vienen exigiendo el cese definitivo de las plantas termoeléctricas ilegales”.
Fuente: quepasaweb
