La primera etapa de privatizaciones de las rutas nacionales atrajo el interés de siete empresas constructoras, que tomarán un crédito del Estado nacional para financiar las obras necesarias, mientras recuperan la inversión por la concesión a través del cobro de peajes.
Las constructoras interesadas en la concesión de 741 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes más el Puente Rosario - Victoria son:
- Benito Roggio e Hijos junto a Juan Chediak
- Panedile (Hugo Dragonetti)
- Rovella Carranza
- Autovía Construcciones y Servicios (Cartellone)
- Coyserv
- Obring
Posteriormente, se agregarán los tramos a concesionar en las subsiguientes etapas hasta conformar una extensión de más de 9.000 kilómetros para integrar la Red Federal de Concesiones (RFC) privadas.
"El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas", publicó en la red social X el ministro de Economía, Luis Caputo. "En este esquema son los capitales privados los que invierten en la operación y mantenimiento de la traza, lo que genera ahorro al Tesoro nacional", sumó su cartera.
"Además, el privado no abona ningún canon, para que los procesos sean más eficaces y transparentes y que la gestión de las rutas nacionales sea autosustentada por los ingresos de peaje", sumó el Gobierno.
La comunicación oficial remarcó entre los beneficios de este sistema que no habrá subsidios del Estado y que se incorporarán peajes sin barreras.
El Gobierno redujo al mínimo el gasto de capital en obra pública en diciembre de 2023 por dos motivos: para eliminar el déficit fiscal y porque ideológicamente el presidente Javier Milei y su tropa no cree que el Estado deba invertir en rutas. Esto pese a que por cada peso que no se gasta en mantenimiento vial, cuando se rompe una ruta el costo es 10 veces mayor.
"Se termina el modelo de despilfarro, corrupción y abandono de la obra pública. El sector privado hará todo aquello que pueda hacer mejor que el Estado", dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Sin embargo, el Estado sí jugará un rol como financista de las obras, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) por hasta $ 56.000 millones, con una tasa UVA + 2%, y un plazo de 6 años con 1 de gracia, anticipó La Nación.
En ese sentido, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), expresó: "No hay otra solución; se necesitan inversiones privadas de largo plazo y los bancos privados no tienen dinero en pesos para repagar en 6 años, por lo que no hay otra alternativa que recurrir a un banco estatal".
Fuente: Clarín
