Después de que el Gobierno argentino presentara un recurso ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para suspender el fallo que lo obliga a pagar 16 mil millones de dólares por la nacionalización de YPF, la jueza Loretta Preska convocó a una audiencia en su juzgado para el próximo martes 15 de julio, a las 10 de la mañana (hora local), en la sala 12A.
La audiencia estará centrada en resolver disputas entre las partes relacionadas con las medidas de “ discovery ”, es decir, el proceso judicial mediante el cual se intercambia información para identificar y rastrear posibles bienes del Estado argentino en el extranjero que podrían ser embargados si escala la ejecución de la sentencia.
En esta nueva etapa del litigio, se busca avanzar con pedidos de información sobre varias entidades bajo control estatal, como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central.
El escrito por el que la jueza Preska citó a las partes en el juicio por YPF (Foto: Sebastián Soler X: @TommyBarbanBA)
La estrategia del Gobierno
La convocatoria fue emitida este jueves, en medio de una serie de presentaciones que buscan frenar los efectos de la condena dispuesta por la magistrada. Días atrás, la Procuración del Tesoro presentó un pedido de stay (suspensión de la ejecución de la sentencia), argumentando que cumplir con la orden implicaría violar la legislación nacional. En paralelo, el Gobierno formalizó su apelación ante el tribunal neoyorkino, con el patrocinio del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
La defensa de la Argentina remarcó que cualquier transferencia de esas acciones requiere aprobación del Congreso Nacional y que la orden judicial viola la legislación local. También cuestionó la validez jurídica del pedido de realizar la transferencia en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense.
También, sostiene que el caso plantea cuestiones jurídicas complejas y que su impacto excede el plano comercial, con implicancias en el derecho internacional y la política exterior de Estados Unidos. En ese marco, se reiteró que mantener el statu quo favorece el interés público y no genera perjuicios para los demandantes (Petersen/Eton y Bainbridge).
Como parte de la estrategia legal, la defensa respondió a argumentos del fondo demandante que citó declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El Gobierno aclaró que el mandatario provincial no forma parte del Ejecutivo nacional y que sus opiniones no representan ni condicionan la estrategia del presidente Javier Milei.
El juicio a YPF
El 30 de junio, Preska emitió una orden que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, como parte del cumplimiento de una sentencia por 16.100 millones de dólares.
La medida deriva de la expropiación de YPF en 2012, cuando el gobierno nacional tomó el control de las acciones que estaban en manos de la española Repsol, lo que generó la disputa con la firma y sus accionistas minoritarios.
Hasta el momento, el fallo de la Justicia de los Estados Unidos por el caso YPF enciende las alarmas en el sector energético local, que aguarda definiciones para analizar la continuidad de los grandes proyectos para exportar petróleo y GNL.
Fuente: Más Energía
