23/01/23

Posiciones encontradas por el nuevo puerto chino en Argentina



El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego atribuyó a la empresa China Shaanxi Chemical Industry Group la construcción de un puerto de origen chino en Río Grande, hecho que generó múltiples reacciones encontradas sobre su continuación o el freno de la misma. El Gobierno se había comprometido a impedir la instalación de tal construcción, pero en este contexto la oposición ha insistido en que Cancillería debe “detener esta locura”.

Así lo remarcó un dirigente de Juntos por el Cambio, reclamo al que luego se sumaron más voces. Según el diputado del PRO Héctos Stefani, “los recursos y la soberanía están en juego” y es “sumamente importante para los fueguinos conocer de boca del gobernador los detalles del acuerdo firmado con la empresa estatal China Shaanxi Chemical Industry Group para construir una planta multipropósito en Río Grande”.

China Shaanxi Chemical Industry Group es una compañía estatal del gigante asiático que comunicó su voluntad de poner en marcha una planta química y una central eléctrica en el sur, un convenio “que data desde hace tiempo, tuvo muchas idas y vueltas, e inclusive, el Gobierno nacional se había opuesto al desarrollo de una planta china en el país”, según Stefani. Lo que principalmente se reclama son “las implicancias geopolíticas” que conlleva el acuerdo y “las posibles repercusiones en términos de soberanía”.

El diputado Fernando Iglesias emitió declaraciones similares a las de Stefani, afirmando que “resulta absurdo que una administración provincial pueda avanzar en este tema sin que haya un consenso nacional amplio” y que “no queremos ser la puerta abierta a Sudamérica y la Antártida para ninguna dictadura”. Por su parte, el ex senador Federico Pinedo también declaró que esta decisión es un tema de política exterior donde la Argentina debe “mantener la región como zona de paz y no permitir la introducción de conflictos globales” ya que “la Antártida forma parte de un acuerdo global”.

“Tenemos problemas de pesca ilegal. La Cancillería tiene la obligación de intervenir suspendiendo el proceso del puerto internacional hasta que se fije la política exterior correspondiente”, finalizó Pinedo. Mientras tanto, Federico Frigerio destacó que en este caso se trata de un tema de soberanía donde esta clase de proyectos “deben estar siempre en manos de capitales nacionales”, pese a que “países y empresas del mundo, con buenas prácticas operativas, están siempre invitados a invertir en Argentina”.

Fuente: Escenario Mundial