26/12/22

Gas: estudian otorgar una asistencia a distribuidoras por $ 30.000 millones para cancelar una deuda con YPF y Enarsa

El área energética del gobierno evalúa autorizar un subsidio adicional para Metrogas y Camuzzi, que en estos tres años de gobierno acumularon una deuda millonaria con YPF y Enarsa, respectivamente, como resultado de la política oficial de pisar las tarifas por debajo de la inflación.



El virtual congelamiento de las tarifas de gas y electricidad que aplicó el gobierno de Alberto Fernández provocó un deterioro creciente de la cadena de pagos de esas dos industrias. Como el dinero que cobran de los usuarios residenciales no les alcanza para cubrir sus costos —que se incrementan al ritmo de la inflación—, las distribuidoras, el último eslabón de la cadena, recortaron sus planes de inversión —se enfocaron en las obras necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones— y, en el caso de las gasíferas, dejaron de pagar parte del gas que le compran a las petroleras.

Esa situación quedó de manifiesto en los informes que presentaron las distribuidoras —Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas, entre otras— de cara a la audiencia pública que se realizará el próximo 4 de enero para aumentar las tarifas a partir del 1 de febrero de 2023. Esos documentos figuran en la página web del Ente Regulador del gas (Enargas).

Las compañías pidieron una recomposición de hasta un 190% en el Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente incluido en las facturas que equivale al ingreso que perciben las distribuidoras. Como el VAD representa entre un 10% y un 20% de las facturas finales que pagan los hogares, el planteo de las empresas podrían llegar a derivar —en caso de que el gobierno lo autorice, algo muy poco probable— en un aumento del de 35% en las boletas. A ese porcentaje, habría que sumarle el incremento del precio del gas en boca de poco, que representa un 50% de la factura final que pagan los usuarios.

Por el momento, no está claro cuál es el techo que le fijará la política a los aumentos en un año electoral. Pero sí se empezó a conversar en el gobierno la necesidad de otorgarles a algunas distribuidoras una asistencia económica, es decir, un subsidio directo del Tesoro para que ordenen sus finanzas después de tres años de atraso tarifario.

Evitar el colapso de la cadena

La Secretaría de Energía quiere evitar que la cadena de pagos desbarranque completamente. Tanto en el Enargas como en la cartera que dirige Flavia Royón, que este miércoles presentó los resultados de las subastas 4 y 5 del Plan Gas, preocupan especialmente los casos de de Metrogas y Camuzzi. Esas empresas acumularon deudas con YPF, la petrolera controlada por el gobierno, y la estatal Enarsa (ex IEASA), respectivamente, por más de 30.000 millones de pesos, según indicaron a EconoJournal fuentes al tanto de la situación.

Si la idea que se está evaluando en el área energética del gobierno prospera, Cammuzzi Gas del Sur, que brinda el servicio en la Patagonia, podría llegar a recibir unos $ 18.000 millones que luego debería transferir a la empresa Enarsa, su principal proveedor de gas. En tanto que Metrogas podría recaudar unos $ 12.000 millones que debería utilizar para pagar una deuda con YPF, su accionista mayoritario y la petrolera que más gas le entrega. En 2021, frente al atraso de las tarifas que instrumentó el Ejecutivo, Metrogas llegó a un acuerdo con YPF para dejar de pagarle el gas que le compra a fin de redireccionar esos recursos para seguir pagando una deuda en dólares contraída en 2017 para solventar el plan de inversiones que surgió de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) aprobada ese año por la gestión de Cambiemos. Esa fue la manera en que la distribuidora logró hasta ahora evitar el default. Desde Metrogas y Camuzzi evitaron realizar comentarios ante la consulta de este medio.

En estudio

Lo que se está evaluando es que la asistencia financiera sea a cuenta de una nueva RTI que el Enargas debería tener lista para fines de 2023. En realidad, debía tenerla finalizada para diciembre de este año, pero sigue pendiente por la indiferente gestión oficial.

De hecho, a comienzos de diciembre el presidente Alberto Fernández prorrogó por un año el plazo para consensuar con las empresas de gas y electricidad una nueva revisión, dado que en tres de años de gestión los ex interventores de Enargas, Federico Bernal, y del ENRE, María Soledad Manin, avanzaron poco y nada en esa materia.

¿Por qué el Estado financiaría a las distribuidoras?

La intención oficial es que las distribuidoras reciban este dinero para que puedan pagar con el gas y no sigan acumulando deuda con las petroleras. De ese modo, se evitaría un colapso de la cadena de pagos. También incide en la decisión no haber realizado aún el cálculo de las diferencias diarias acumuladas (DDA’s). Las distribuidoras compran el gas a distintos productores y después establecen un precio promedio ponderado por volumen, pero cuando cargan gas en el día a día termina habiendo variaciones respecto de lo que figura en los papeles.

Por ese motivo, el ente regulador les exige a las empresas que lleven adelante una contabilidad separada para poder verificar las diferencias diarias acumuladas. El objetivo es garantizar que las distribuidoras no ganen ni pierdan con los precios del gas. Por lo tanto, si se detecta que el usuario pagó más de lo que correspondía se le debe reintegrar esa diferencia y si pagó menos se le debe cobrar lo adeudado en las próximas facturas. La última vez que se hizo esa cuenta data de agosto de 2019.

Fuente: EconoJournal