29/11/21

Empresas de transporte de pasajeros del interior denuncian discriminación del Estado y advierten que no pueden pagar salarios ni cumplir con el servicio

Un comunicado de la cámara del sector señala que las compensaciones cubren apenas el 70% de los salarios mientras que en el AMBA superan ampliamente ese costo


Las empresas de colectivos del interior del país denuncian discriminación en la distribución de compensaciones

Los operadores de transporte público del interior del país denuncian que la “discriminación” en la distribución de compensaciones por parte del Estado nacional les vuelve imposible cumplir con servicios básicos y pagos de salarios. A través de un comunicado de la cámara del sector, aseguraron que las transferencias no alcanzan para cubrir siquiera los pagos a los trabajadores luego de la paritaria que reclama la Unión Tranviaria Automotor (UTA), el sindicato de ese ramo.

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), hizo pública a través de un comunicado su “honda preocupación ante la continuidad de una política de distribución de compensaciones por parte del Estado Nacional que discrimina lisa y llanamente a los usuarios y prestadoras del interior del país”.

Los operadores aseguran que, debido a la pandemia, la carga de pasajeros está en la actualizad en un 60% de los transportados en el año 2019, reduciendo los ingresos por boletos. Mientras tanto, argumentan, “los costos se incrementan, al punto de que hoy no pueden hoy afrontar la operación y mantenimiento, lo que incluye salarios, combustible, neumáticos, repuestos, etcétera”.

“El sector no puede pagar la paritaria que reclama la UTA”, aseguró FATAP.

Y la raíz del problema, aseguró la cámara, está en la discriminación que ejerce el Estado nacional a la hora de distribuir compensaciones entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país.

“El Estado Nacional destina cada mes $ 17.500 millones al AMBA, donde la masa salarial es de $ 8.100 millones mensuales (46% de las transferencias recibidas). En contraste, en el interior del país se reciben $ 3.500 millones mensuales y la masa salarial es de $ 4.950 millones al mes. Por lo que las transferencias en el interior cubren sólo un 70% de los salarios actuales y anteriores al reclamo de la UTA, y no suponen ninguna ayuda para el resto de los costos (combustible, mantenimiento de las unidades, etcétera)”, sostuvo FATAP.

“El sector reclama medidas urgentes que garanticen su sustentabilidad para evitar el fin del servicio. Hoy en el interior ni siquiera cuentan con los recursos comprometidos por el Ministerio de Transporte de la Nación en la última negociación paritaria con la UTA, según se especificara en el Acta Salarial de fecha 24/06/21, donde se estableciera el aporte de fondos adicionales y complementarios al Fondo Compensador previsto por el Art. 72 de la Ley 27591, como contrapartida insoslayable para la normal continuidad de las obligaciones salariales pactadas. Así, la crisis del sector comenzó en 2019 y se profundizó dramáticamente desde marzo de 2020 sin lograr hasta el momento la atención necesaria de parte del Ministerio de Transporte”, agregó.

Para las empresas del sector, la asimetría en la asignación de compensaciones a las empresas es de especial gravedad en los sectores del país en los que el ómnibus es el único medio masivo de transporte, ya que fuera del AMBA no se prestan servicios de subterráneos ni trenes urbanos.

“En algunos casos, la caída en la calidad de las prestaciones provocadas por la falta de cumplimiento de las transferencias ha hecho que las autoridades quiten concesiones o estaticen los servicios”, agregó el comunicado.

“La injusticia de la situación se refleja con claridad en el hecho de que los usuarios del transporte del interior abonarán tarifas promedio de alrededor de entre $50 y $60, mientras que en el AMBA es desde $ 18, desde hace más de 2 años (abril 2018), con un poder adquisitivo en las provincias similar y en muchos casos inferior”, abundó FATAP antes de llamar al diálogo con los gobiernos nacional, provinciales y municipales para evitar afectar a los usuarios con la interrupción de los servicios y la destrucción de 33.000 puestos de trabajo.

Fuente: InfoBae