El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prepara la firma de un decreto que desregulará la Marina Mercante y desde el sector advierten las posibles consecuencias. Peligra el funcionamiento de las 338 empresas del sector con más de 10 mil puestos de trabajo.
Desde el área de Sturzenegger indicaron desconocer la fecha en la cual se publicará el decreto a cuya versión pudo acceder El Cronista. Sin embargo, fuentes sindicales informaron a este medio que el documento ya atravesó todos los estamentos administrativos y está para la firma. "El 14 de febrero tuvo el último paso en el proceso administrativo", indicaron.
Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtieron que el nuevo contexto internacional impone a los gobiernos la necesidad de promover medidas que garanticen la producción nacional y su transporte.
"El mantenimiento de una flota mercante de bandera nacional, tripulada por argentinos, es fundamental para el país, considerando que el 95% del comercio exterior argentino se transporta por vía marítima. Contar con este recurso propio permite asegurar, al menos, la cobertura de los servicios esenciales que la Nación necesita", indicaron desde ese organismo.
Además, expresaron que las medidas de desregulación de Sturzenegger afectarán a las 338 empresas vinculadas al sector, entre astilleros, talleres navales y otros establecimientos En su época de oro, durante los años 60, la industria llegó a emplear a más de 100.000 personas. Hoy emplea cerca de 10.000, pero "cuenta con el potencial para ser nuevamente un motor de desarrollo industrial".
Para el organismo, la destrucción de la Marina Mercante tiene un impacto económico directo. "Argentina gasta cerca de u$s 5.000 millones anuales en fletes. Recuperar una flota nacional permitiría ahorrar una porción significativa de esas divisas, fortaleciendo nuestra balanza de pagos", indicaron.
Para los expertos, Argentina debería impulsar un modelo distinto al de la desregulación que propone Sturzenegger. "Hay que fortalecer el rol de la marina mercante nacional como herramienta estratégica para la soberanía", afirmaron. Esto serviría para servicios de logística, generar empleo industrial y garantizar autonomía en un mundo comercial fragmentado.
"Reconstruir una marina mercante nacional no es solo una política sectorial, es una apuesta por una Argentina con más soberanía, más trabajo y mayor integración territorial", concluyeron.
Desde el CEPA remarcaron que la política de Sturzenegger tiene un fin similar a aquella llevada adelante durante el menemismo. En ese momento, Argentina tenía 60 embarcaciones nacionales operadas por la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (E.L.M.A.) que fueron vendidas y hoy el país no tiene ningún buque propio que comercie internacionalmente.
El impacto sobre el empleo también fue significativo: durante esa década se perdieron alrededor de 30.000 puestos de trabajo en el sector, y sobrevivió apenas el 10 % de los astilleros que funcionaban en el país. En 1999, se inició un cambio en esta situación al derogar el régimen que permitía el alquiler de buques extranjeros para el cabotaje nacional.
Luego, en 2004, se promulgó el Decreto Nº 1.010, que dejó sin efecto el decreto 1772 y generó las condiciones para que la flota mercante vuelva a tener bandera argentina.
Marina mercante: los principales cambios que impulsa Sturzenegger
El gremio no fue consultado por la cartera sobre los cambios planificados para el sector. Desde la conducción confirmaron que la última reunión fue el año pasado con el actual secretario al mando de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), Iñaki Arreseygor.
"Le planteamos en ese momento que queríamos tener una reunión con Sturzenegger y dijo que lo iba a tramitar, sin embargo, no tuvimos respuesta", afirmó el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno, a El Cronista.
La medida desregula el transporte marítimo: establece que el tránsito, comunicación y comercio serán practicados por buques bajo registro argentino o extranjero y con tripulantes argentinos o extranjeros.
Además, permite que propietarios y/o armadores soliciten el "cese de bandera provisorio" de los buques y artefactos navales para inscribirlos en registros extranjeros otorgándoles tratamiento de bandera nacional a todos los fines de la navegación.
Esto es la virtual derogación de la "ley de cabotaje" e implicaría para los gremios y empresas la desaparición de lo que queda de la flota mercante argentina. También elimina la obligatoriedad de contratar empresas y tripulantes locales.
Además, declara como servicio esencial a la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial, de pasajeros, de carga, servicios conexos, operaciones costa afuera y la pesca. Esto implica que se deberá garantizar un porcentaje mínimo de operatividad en caso de huelga o conflicto laboral.
Finalmente, deroga los Convenios Colectivos de Trabajo. Prohíbe la legislación laboral Argentina. En su artículo 12 el proyecto prevé que "... los nuevos contratos de ajuste deberán aplicarse con expresa exclusión de los regímenes laborales bajo la matrícula nacional".
Además los trabajadores pierden su coeficiente de francos. Esto implica la pérdida de por lo menos 3.000 puestos de trabajo. Al Poder Ejecutivo parece no interesarle el diálogo con los actores del sector. Por ejemplo, SICONARA está dispuesto a dialogar y actualizar los CCT
Se pretende desvincular al personal, para que pasen a un nuevo registro, con una indemnización de 10 días de salario básico, o 10 años de licencia sin goce de sueldo.
Fuente: El Cronista
