Por Antonio Rossi
En medio de la discusión que mantiene con los gobernadores de Neuquén y Río Negro por la reprivatización de las hidroeléctricas del Comahue, el gobierno de Javier Milei les confirmó a las provincias que no tendrá en cuenta sus reclamos para acceder al manejo y control de las usinas.
La gestión libertaria sólo estaría dispuesta a ceder porciones minoritarias de las acciones de las nuevas sociedades concesionarias si los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck aceptan pagar los precios que surjan de cada licitación.
De acuerdo con los datos obtenidos por Letra P, la intención oficial sería reservar no más del 10% del paquete accionario de cada concesión de las represas para que las provincias decidan qué porcentaje quieren adquirir.
En cuanto a la forma de pago, más allá de pretender un desembolso en efectivo, las autoridades nacionales evalúan algún mecanismo de compensación de deudas por los reclamos y planteos pendientes que las administraciones provinciales tengan en curso contra el Estado.
La reprivatización, demorada
La demorada reprivatización de las usinas hidroeléctricas de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila debía haber comenzado el 9 de abril al vencer la prórroga aprobada en octubre pasado.
A raíz de las diferencias internas en el área energética y la polémica pendiente con las provincias, Milei fijó un nuevo plazo para llamar a licitación.
Mediante el decreto 263/25, pospuso la fecha límite otros 15 días hábiles, luego de que el comunicado de la Secretaría de Energía se interpretara, erróneamente, como días corridos que iban a vencer el 25 de abril.
Tal como había adelantado Letra P, la prórroga vigente expira el 7 de mayo y hasta este día el equipo económico de Toto Caputo tiene tiempo para llegar a un acuerdo con las provincias para que las licitaciones no se traben con reclamos administrativos y planteos judiciales.
La argumentación de Neuquén y Río Negro
Tomando como argumento el artículo 124 de la Constitución Nacional, que les otorga a las provincias “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, Figueroa y Weretilneck buscan quedarse con una parte de la propiedad y operación de las represas.
Para reforzar sus posiciones, ambos mandatarios amenazan con imponer el pago de un “impuesto especial” por el agua que las represas usan para generar energía.
Las autoridades nacionales rechazan esta posición y advierten que, en caso de que se implemente, irán directamente a la Justicia.
El argumento oficial es que la exigencia de un tributo por la utilización del agua constituye una “doble imposición” que las provincias no están habilitadas a aplicar, porque ya cobran las regalías hidroeléctricas que equivalen al 12% del importe de la energía que producen las usinas.
Los abogados del Ministerio de Economía sostienen que la generación y el transporte de energía eléctrica están bajo la órbita del Estado nacional y que las empresas concesionarias operan bajo un marco regulatorio nacional que implica que cualquier aspecto relacionado con tarifas, manejo operativo e impuestos están sujetos a normativas federales.
Licitaciones de las hidroeléctricas
Para las licitaciones que la gestión libertaria debería adjudicar antes del 11 de agosto, cuando vence la última prórroga anual otorgada a las actuales concesionarias, se crearon cuatro nuevas sociedades anónimas que corresponden a cada una de las usinas.
Se trata de Chocón Hidroeléctrica Argentina SA, Alicurá Hidroeléctrica Argentina SA, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina SA y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina SA que fueron armadas con el objetivo de facilitar la transferencia directa de las acciones junto con los contratos de operación a las nuevas concesionarias.
Los pliegos licitatorios que elaboraron los equipos técnicos de Energía contienen ocho puntos destacados:
- Las nuevas concesiones se extenderán hasta 2055 y, si para ese momento sigue vigente la ley Bases, podrán prorrogarse por 20 años más.
- Para poder participar en las licitaciones, las empresas y grupos interesados deberán acreditar la propiedad de activos superior a u$s 300 millones de dólares y un patrimonio no inferior a u$s 150 millones.
- Un grupo oferente podrá adjudicarse hasta dos de las cuatro usinas.
- Las concesionarias salientes deberán hacerse cargo de las cancelaciones de los vínculos laborales y el pago de las indemnizaciones correspondientes a personal técnico y trabajadores permanentes y temporarios.
- Al personal que incorporen las nuevas operadoras se les reconocerán los años de antigüedad que tengan acumulados.
- En los dos primeros años de operación, las concesionarias deberán vender el 95% de la energía generada a un precio fijo dolarizado a las distribuidoras eléctricas que deben atender la demanda prioritaria residencial. El 5% restante lo podrán comercializar directamente a grandes usuarios o en el mercado mayorista eléctrico.
- El porcentaje de la venta regulada irá bajando con los años y en 2035 quedará igualado con la porción de libre comercialización.
En lo atañe a las condiciones de seguridad, las futuras operadoras deberán cumplir con las exigencias de auscultaciones permanentes mediante la contratación de un “consultor independiente” designado por el Organismo Regulador de Presas (ORSEP), que deberá realizar estudios y evaluaciones periódicas para detectar defectos y potenciales riesgos que registren los complejos hidroeléctricos.
En la grilla de potenciales interesadas ya se encuentran las actuales concesionarias: el grupo italiano ENEL (titular del 59% de las acciones de El Chocón), la empresa norteamericana AES (Alicurá), la local Aconcagua Energía (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila).
Otros cuatro grupos locales vienen mirando con atención el negocio hidroeléctrico para incrementar su presencia en el sector energético: Pampa Energía, empresa de Marcelo Mindlin; MSU, de la familia Santos Uribelarrea; Integra Capital, compañía de José Luis Manzano; y Edison Energía, la sociedad de los hermanos Neuss, Newsan e Inverlast Investments.
Nota Editada en LetraP
