30/05/17

Odebrecht: un fiscal apunta al exministerio de De Vido y a Iecsa por coimas en el tren Sarmiento

Franco Picardi acaba de ampliar el objeto procesal de la investigación por supuestas coimas en el soterramiento, por "posible pago de sobornos por parte de la firma brasileña y sus socios locales a funcionarios".


La causa del soterramiento ya incluye a Julio De Vido.

En la causa en la que se investiga la adjudicación y construcción del soterramientos del Tren Sarmiento, obra que ganó el consorcio liderado por la brasilera Odebrecht, el fiscal Franco Picardi amplió el objeto procesal incluyendo en la investigación, tal como anticipó Clarín, al extinto Ministerio de Planificación y a la firma nacional Iecsa que pertenecía entonces a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, y se profundiza el proceso sobre la empresa investigada en el Lava Jato. En total se solicitaron 17 medidas de prueba. Picardi los acusa a todos por pagar y cobrar coimas en el trámite de adjudicación de la millonaria obra.

Con un presupuesto actual de 3.000 millones de dólares, el soterramiento del Tren Sarmiento se reactivó en 2016 bajo la actual gestión. Desde el ministerio de Transporte señalaron que fueron "diez años de inactividad y permanentes anuncios" sobre la construcción. La Justicia decidió avanzar sobre el ministerio de Planificación Federal, el área de Transporte y la secretaría de Obras públicas, involucradas en el proceso licitación, la adjudicación y posteriores decisiones administrativas, en medio de la investigación sobre Odebrecht, que reconoció haber pagado coimas en nuestro país por 35 millones de dólares, para obtener contratos.

"Corresponde precisar el objeto procesal, en el posible pago de sobornos por parte del grupo Odebrecht y sus socios locales a funcionarios públicos integrantes de la estructura del entonces ministerio de Planificación Federal, para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra del Soterramiento del tren Sarmiento, acto administrativo que benefició". determinó esta mañana el fiscal.

En función de esto, Picardi requirió a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), "un amplio análisis técnico" del pliego licitatorio que permitió que la UTE constituida por Odebrecht, Ghella, la española Comsa y la nacional Iecsa, que entonces pertenecía a Angelo Calcaterra. Esto incluye, el período 2005 -2014 y todas las actuaciones administrativas vinculadas a la obra. La fiscalía sostiene que Odebrecht se desenvolvió con un "modus operandi" en el "pago de sobornos para la adjudicación de obra pública y diferentes contratos con el Estado".

Entre las medidas de prueba, se pidió que la jefatura de Gabinete informe sobre todos los movimientos generados por las áreas dependientes del ministerio que condujo Julio De Vido. "órdenes de pago emitidas y desembolsos realizados en consecuencia, relacionadas directa o indirectamente con la obra del soterramiento", consigna el dictamen al que accedió Clarín. Asimismo, se solicitó que se entreguen los legajos de Ricardo Jaime, ex funcionario K y uno de los que figura en la información resultante de los acuerdos de culpabilidad firmados por los directivos de Odebrecht.

Así, se busca avanzar sobre estos mecanismos y la vinculación con funcionarios locales, después que la firma brasileña reconoció el pago de sobornos a intermediarios de funcionarios del anterior gobierno, vinculados al menos a tres grandes obras: la ampliación del gasoducto norte, el soterramiento y una planta potabilizadora en Tigre. "Odebrecht acordó que, a fin de asegurarse las adjudicaciones de los contratos, junto con otros, realizaría futuros pagos a funcionarios del gobierno no revelados por sumas específicas", señala el dictamen del fiscal retomando lo que declararon en Brasil las autoridades de la empresa.

En este contexto, el fiscal pidió que la firma Iecsa (entonces del primo de Macri) también sea investigada, "se presentaron de forma conjunta desde un primer momento con Odebrecht, incluso antes de constituir la UTE, esto se observa en los períodos de consulta sobre la obra", señalaron fuentes judiciales, que consideraron que esto "no era casual, todo lo contrario". Por ello se pidió a la PIA "todos los procesos de licitaciones" relativas a la obra pública en las que participaron las empresas que constituyeron la UTE.

Junto con estas medidas, Picardi le pidió al juez Marcelo Martínez De Giorgi que se analice el entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre funcionarios y empresarios, como así también, los registros de audiencias "para conocer si hubo alguna maniobra precio al otorgamiento de la obra", indicaron fuentes judiciales. En relación a esto, se sumó un pedido de verificación sobre los registros de ingresos de las distintas áreas del Ministerio de Planificación en el período 2004-2015, de Jorge "Corcho" Rodríguez (histórico operador de De Vido) y Javier Sánchez Caballero, un operador clave de Iecsa, a raíz de una denuncia hecha por Graciela Ocaña.

El primo de Macri no quedó exento de la investigación. “La firma nacional tenía un rol determinante sobre las demás de la UTE y una de las adendas denunciadas (por Ocaña) con una importante modificación de costos, se firmó con Iecsa”, señalaron fuentes de la causa. La Justicia quiere saber si hubo "cartelización en la obra", y si hubo sobreprecios, como indica la denuncia. Es por ello, que se señaló que las empresas que se presentaron para competir por la construcción del soterramiento, después fueron adjudicatarias "de otras obras públicas".

Otras medidas que pidió el fiscal

Buscando determinar las responsabilidades de quienes integraron el ministerio de Planificación Federal, Picardi pidió que se informe sobre los viajes oficiales de los ex funcionarios a Brasil entre 2005 a 2014, y que se especifique "los resultados de las reuniones y/o actividades que fueron concertadas".

Se pidió que la División de Investigaciones Patrimoniales investigue el patrimonio del ex ministro de Transporte Ricardo Jaime y su presunto testaferro, Manuel Vázquez (y sus familiares directos) y un "análisis del entramado societario de las empresas que compitieron en la licitación del soterramiento del Sarmiento".

A la AFIP se le solicitó un listado de los directivos de las empresas que forman la UTE (entre ellas Iecsa) durante 2004 y 2014, con detalle de sus remuneraciones y si continúan trabajando en las firmas.

Sobre José López y Jaime, pidieron sus movimientos bancarios, todas las cuentas que tenían, y si recibieron giros o transferencias del exterior, puntualmente de las off shore Klienfeld Service LTD, Innovation Engineering y Pribont.

Fuente: Clarín