31/05/17

Piden investigar el patrimonio de Carlos Ben, ex titular de AySA

El juez Casanello lo solicitó a la PIA, tras detectar una firma off shore en Panamá supuestamente vinculada a la familia de Ben.

Con la sospecha de que podrían haber enriquecido sus respectivos patrimonios y el de sus grupos familiares, el juez Sebastián Casanello ordenó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que investigue a los dos ex principales directivos de AySa: Carlos Ben y Raúl Biancuzzo que estuvieron frente al organismo cuando adjudicaron a Odebrecht la construcción de la planta potabilizadora Paraná de Las Palmas, que según la Auditoría General de la Nación (AGN) se otorgó por un costo superior al 25% del valor oficial de la licitación. La Justicia investiga una firma off shore en Panamá donde figurarían las hijas y la esposa de Ben.

Odebrecht SA es investigada por lavado de dinero y corrupción en Brasil, pero el pago de sobornos en una gran cantidad de países para obtener contratos de obra pública, no dejó exento a Argentina. La firma admitió haber pagado coimas por 35 millones de dólares en nuestro país para ganar licitaciones. Uno de los contratos de mayores costos y rodeado de irregularidades que obtuvo, fue la construcción de una planta potabilizadora que adjudicó AySA.

El juez Casanello investiga no sólo presunto sobreprecios en la obra realizada en el municipio de Tigre, sino también el posible cobro de coimas. Durante el gobierno de Cristina Kirchner la AGN, consignó que el presupuesto oficial de la licitación, fue de 1.838 millones de pesos y que el consorcio de Odebrecht ofertó por 2.200 millones. Finalmente, en agosto de 2008, la adjudicación fue por 2.293 millones de pesos. Y remarcó la auditoría: “Un 24,74% por encima del presupuesto oficial”.

Otra pista que sigue la Justicia es la modificación de los costos en la obra, generados en gran medida por el retraso en la construcción (el plan de obra pasó de los 36 meses originales a 96), que según los números oficiales generó que se eleve "el valor del contrato a aproximadamente un 78% respecto al monto contractual de origen”.

Las sumas millonarias que demandó la obra están bajo sospechas atravesadas por el presunto pago de coimas por parte de la firma Odebrecht, que podría haber "derivado en un importante sobreprecio de la planta potabilizadora", consignaron fuentes oficiales a Clarín.

En este contexto, Casanello ordenó a la PIA -dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez- que investigue el patrimonio de Carlos Ben, ex director de AySa como así también el de todo su grupo familiar, sospechando un presunto enriquecimiento producto del cobro de sobornos. La misma medida se requirió sobre los bienes de Raúl Biancuzzo, quien le seguía en responsabilidad frente a la empresa con participación estatal.

Respecto a Ben, el juzgado sigue la pista de de su grupo familiar que estaría involucrado en una empresa off shore radicada en Panamá. Así surge de los registros de las sociedad. La empresa se llama Embry Investment SA (compañía Nª 773158), y en ella figura como directora y presidente María Cristina Cafolla, esposa de Ben, y sus dos hijas, cada con dos cargos: secretaria y directora Soledad Ben y tesorera y directora Vanesa Ben. El grupo familia tiene en Argentina constituida la sociedad Cirfrán SA dedicada a la administración fiduciaria y a la construcción.

La diputada Graciela Ocaña explicó a Clarín que la sociedad off shore "no registra ningún tipo de movimiento al momento", pero de todos modos solicitó que sea investigada frente a las diversas causas en los Tribunales de Comodoro Py, donde Odebrecht es investigada por utilizar una red de firmas en paraísos fiscales para realizar el pago de sobornos.

A su vez, el juez trabaja sobre la hipótesis de la relación de Carlos Ben con una serie de empresas "que eran las pocas que se presentaban siempre a las diversas obras de AySa", señalaron fuentes judiciales. La denuncia inicial de la causa apunta contra el ex director por favorecer a firmas vinculadas a él. A raíz de estas sospechas, Casanello pidió hace dos días a la Inspección General de Justicia (IGJ) que entregue todos los expedientes relacionados a estas empresas.

El juez a su vez investiga en esta causa la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Berazategui obra que fue licitada por 324 millones de pesos en 2007, y al año siguiente su valor ascendió a 405 millones. La preadjudicación quedó en manos de Esuco y Camargo, por un valor superior: 481.764.394 pesos. Este consorcio había disputado la obra que le dieron a Odebrecht. Es por ello, y en función de la documentación requerida a la IGJ, que se busca determinar "si hubo cartelización de las obras" y a su vez "representó algún circuito para el cobro de coimas".

Fuente: Clarín