El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó recientemente una acción de amparo con pedido de medida cautelar ante la Justicia Federal con el objetivo de suspender la licitación de la Ruta Nacional 5, dentro del marco de la denominada Red Federal de Concesiones – Etapa II, impulsada por el Gobierno nacional.
La medida fue interpuesta contra la Resolución 1843/2025, publicada el 20 de noviembre y emanada del Ministerio de Economía de la Nación, que habilita el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de varios corredores viales estratégicos, entre ellos la Ruta 5, así como también la autopista Riccheri, y las rutas 3, 205 y 226.
Gray argumenta que la norma vulnera principios constitucionales al permitir concesiones sin contar con un ente regulador independiente creado por ley que controle aspectos clave como tarifas, obras, calidad del servicio y seguridad vial. Según el jefe comunal, esta ausencia de control podría derivar en aumentos desmedidos de peajes, incumplimiento de inversiones comprometidas y riesgos para la transitabilidad de rutas vitales para el oeste bonaerense, productores y transportistas.
El recurso también cuestiona el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que actualmente administra diferentes tramos de la Ruta 5 y otros corredores y que se encuentra intervenida desde abril por una funcionaria designada por el presidente.
En su presentación, Gray advirtió que, de materializarse el esquema actual, viajar desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Bahía Blanca podría implicar el pago de peajes que ascenderían a unos 40.000 pesos, cifra que busca poner en debate el impacto económico para los usuarios habituales.
La causa quedó ahora en manos del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9; la Justicia deberá definir si hace lugar a la medida cautelar solicitada, lo que podría suspender provisoriamente el proceso de licitación hasta tanto se resuelva el fondo del planteo. De no prosperar, el Gobierno nacional continuará con la adjudicación de los tramos, algunos de los cuales ya se encuentran en etapas preliminares del proceso.
Mientras el debate judicial avanza, tanto municipios del interior bonaerense como sectores de usuarios viales mantienen un seguimiento atento de este reclamo, que pone en el centro la discusión sobre el modelo de concesiones viales, el régimen de peajes y el rol del Estado en el control de infraestructura estratégica para la circulación y la economía regional.
Fuente: La Razon
