En julio pasado, el Gobierno del presidente Javier Milei estableció el cronograma para la privatización de la sociedad que opera la mayor red de alta tensión de energía de la Argentina, en el marco de un procedimiento que difiere dicho traspaso para los primeros meses del año próximo.
Se trata del plan para vender las acciones que el Estado Nacional posee en Transener que gestiona casi 12.400 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica, además de otros 6.228 kilómetros de líneas que componen la red de su controlada, la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima (Transba S.A.).
Sus accionistas son la sociedad estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa) y Pampa Energia, del empresario Marcelo Mindlin que, en conjunto son dueños de Citelec, firma que a su vez es propietaria del 51% de Transener.
Es decir, las autoridades nacionales buscan desprenderse de las acciones de Enarsa en la transportista de energía y esperan obtener algo más de u$s200 millones como marco de un proceso privatizador cuyos condimentos se encuentran resumidos en la Resolución 1050/25 publicada por el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial del 25 de julio pasado.
La norma informa sobre la necesidad de contratar un banco del sector público para la tasación del paquete accionario estatal en Citelec S.A., y fija un plazo de ocho meses para concretar la venta de las acciones mediante la convocatoria a una licitación nacional e internacional.
En ese camino, el gobierno nacional viene estableciendo un sendero de normalización de las tarifas de la energía y de los valores que Transener debe aplicar para mejorar su situación financiera y, de ese modo, tornarse más atractiva para los inversores privados que quieran participar del procedimiento.
Mejorar el perfil financiero
En ese sentido, durante los primeros seis meses de este año, la empresa logró ventas consolidadas por $224.255 millones, que fueron un 18,1% superiores a los $189.955 millones del mismo período del ejercicio anterior como consecuencia de un aumento en las ventas reguladas originado en los ajustes tarifarios establecidos desde mayo pasado como resultado del llamado proceso de Revisión Quinquenal Tarifaria.
En el mismo sentido, su EBITDA consolidado fue de $125.590 millones, marcando un 63,4% superior a los $76.857 millones del año anterior, debido principalmente al aumento en las ventas y a una disminución en los costos operativos.
En cuanto a su ganancia neta consolidada, fue de $73.311 millones y marcó un incremento del 112,2% con respecto a los $34.543 millones del mismo período del ejercicio anterior, mientras que sus costos operativos llegaron a los $129.829 millones, 7,4% inferiores a los $140.274 millones del año pasado gracias a una disminución en costos salariales y mantenimiento de equipos.
De este modo, Transener muestra una mejora en sus números como resultado de la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios oficializados por la gestión libertaria, que le permiten mejorar su caja y presentarse más atractiva para el sector privado.
De hecho y para complementar este escenario, su directorio aprobó un plan de emisión de Obligaciones Negociables (ON) por hasta u$s300 millones que le permitirá lanzar títulos simples, no convertibles en acciones, con garantía común, especial y/o flotante.
Recurso de queja por el aumento en las tarifas
Sin embargo, la sociedad mantiene una especie de litigio con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), por los incrementos que el organismo oficial le permitió establecer para sus tarifas.
El cronograma determinó un incremento del 4% a partir del 1 de febrero; otro del 2% a partir de marzo y del 4% desde abril pasados.
Además, llevó a cabo las audiencias públicas en el marco de la Revisión Quinquenal Tarifaria, para analizar las propuestas tarifarias presentadas por las transportistas y luego notificó modificaciones a la tasa de rentabilidad aplicable a las empresas concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión y por distribución troncal.
En realidad, ese proceso ya había sido definido mediante Res. ENRE N° 28/2025, determinando que la misma será del 6,48% después de impuestos, respectivamente.
Sin embargo, en otras resoluciones se estableció que, en todos los casos, los incrementos deben ser aplicados en un 20% a partir del 1 de mayo, y el 80% restante en forma mensual durante el período junio/diciembre 2025, además de incluirse un mecanismo de actualización tarifaria mensual basado en índices de precios al consumidor (IPC) e índice de precios mayorista (IPIM).
En la empresa, la medida no fue bien recibida y por ese motivo, el directorio envió al ENRE varios recursos de reconsideración contra las resoluciones que cambiaron el formato que son las N° 305/25 (Transener), N° 312/25 (Transba) y N° 324/25 (TIBA).
Inversiones en stand-by
Asimismo, solicitó suspender el requerimiento de presentación de su plan de inversión que debe ejecutar en el período mayo 2025/abril 2030 hasta tanto el ENRE se expida respecto de dichos recursos, hecho que todavía no ocurrió.
En el caso de la Interconexión Choele Choel – Puerto Madryn, dado que no hubo recurso interpuesto, el pasado 30 de junio, la empresa presentó el plan para la aprobación del ENRE.
Luego de esos sucesos, el organismo emitió nuevas resoluciones estableciendo las subas que se deben aplicar a partir del 1 de julio del 4,64% y del 6,02% para agosto.
En un documento enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) este lunes 4 de agosto para reflejar su actual situación financiera, Transener aclara que "continúa desarrollando la ejecución del plan de inversiones manteniéndose al 30 de junio de 2025 compromisos para la adquisición de inversiones de capital por un monto de $37.224 millones".
Fuente: iProfesional
