La motosierra de Javier Milei continúa en marcha y ahora puso la mira en uno de los organismos más arraigados en el país, Vialidad Nacional, para el que tienen pensado una profunda reestructuración que contempla además la posibilidad de reducir la planta de personal en cerca del 30%.
En concreto, funcionarios nacionales explicaron en una reunión con los gremios que están involucrados en la repartición que el Gobierno nacional busca fusionar Vialidad Nacional con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La transformación avanza a la par del llamado a licitación de los Corredores Nacionales. Uno de esos tramos que serán privatizados involucra a Mendoza por la ruta 7.
Se trata de dos organismos que, en principio, manejan cuestiones totalmente distintas: mientras uno se encarga del mantenimiento de los principales caminos nacionales, el otro se enfoca en las licencias de conducir y los controles viales precisamente de las rutas con jurisdicción nacional.
Ambas reparticiones se encuentran dentro de la macroestructura del Ministerio de Economía y dependen directamente de la Secretaría de Transporte.
Jorge Maturano, Secretario General de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional que participó en aquel encuentro y detalló los pormenores del encuentro y el planteo que acercó el administrador Nacional del organismo, Marcelo Campoy.
“Del encuentro participamos todos los gremios que tienen representación y nos comunicaron que el Gobierno nacional planea publicar un decreto para unificar Vialidad Nacional con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Este nuevo organismo tendrá un nuevo nombre y analizan una reducción en el personal”, explicó Maturano.
Como parte de esta reestructuración, la intención del Gobierno nacional es reducir la planta de personal de Vialidad en un 30%.
El organismo encargado de obras de rutas nacionales tiene en total 5.460 empleados distribuidos en 24 distritos más las oficinas de casa central, de los cuales, 211 cumplen funciones en Mendoza.
“Estamos muy preocupados. Nos dijeron esto de la reestructuración y nos pidió que ayudáramos con el tema de los despidos. No sabemos que va a pasar y hay familias detrás”, explicó.
La delegada de Vialidad Nacional en Mendoza, Emilce Lozano, aseguró que hasta el momento no tienen novedades al respecto de estos posibles cambios. “Por el momento no nos han informado de manera oficial nada sobre esta posible reestructuración“.
A pesar de esto, desde el organismo admiten que están al tanto de los trascendidos, y que se trata de información que ha sido amplificada por los diferentes gremios, pero sin estar seguros que esto ocurrirá.
En tanto desde el Gobierno de Mendoza señalaron que no han tenido información de manera oficial desde Nación y tomaron distancia: “Es una decisión que debe tomar la administración del presidente“, afirmaron.
Obras en la provincia
En medio de esta polémica, Vialidad Nacional se encuentra ejecutando obras de mucha importancia en distintos puntos de la provincia.
La que se encuentra más próxima a finalizarse es la Variante Palmira, que conecta el Acceso Este a la altura desde San Roque con el Acceso Sur en el comienzo de la Ruta 7 en Luján de Cuyo.
Esta ruta de 36,5 kilómetros se encuentra con un avance de obra por encima del 90% y podría estar finalizada antes de que finalice el mes de marzo.
Otra obra que se está ejecutando es la de reconstrucción de los puentes caídos de la Ruta 40 sobre los arroyos Los Chañares y Los Pozos, en el límite entre Luján y Tupungato.
En el caso del puente sobre el arroyo Los Chañares se está trabajando con el sistema de pilotes de hormigón armado de 1 metro de diámetro que sostendrá el futuro camino. En tanto, en la zona del arroyo Los Pozos se están ejecutando el izado y montaje de las vigas principales del puente.
En cambio, la doble vía Mendoza-San Juan se encuentra paralizada por el momento. A pesar de esto, el proyecto que lleva un 50% de avance se encuentra incluida en el presupuesto nacional y cuenta con una partida asignada de $8.197 millones.
A esto se le suman algunos trabajos menores de conservación de caminos, como los que realiza en el camino a Chile cuando ocurren eventos como nevadas, derrumbes, avalanchas u otras incidencias.
En este sentido, desde Vialidad explicaron que están trabajando de manera normal, y que no tienen inconvenientes con ningún recurso.
“Las maquinas están en condiciones y tenemos muy buena disponibilidad de insumos que utilizamos para llevar adelante las tareas del día a día y de las obras en ejecución”, afirmaron.
Corredores viales en la mira
Por otra parte, Maturana cuestionó la licitación que lleva adelante el Gobierno nacional para concesionar las rutas que se encuentran bajo la administración de Corredores Viales.
“Publicamos una carta abierta dirigida al presidente de la Nación, al jefe de Gabinete, al ministro de Economía, al secretario de Transporte y al administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, en la cual alerta sobre presuntas irregularidades en el diseño y la implementación de las concesiones viales provisionales en los pliegos recientemente publicados”, indicó Maturana.
El documento advierte que el modelo contractual propuesto para la concesión de corredores viales no garantiza la ejecución de obras estructurales necesarias para mantener un servicio adecuado.
En su lugar, establece un esquema de tareas específicas valoradas por kilómetro o unidad de medida, que las empresas concesionarias deben ejecutar a lo largo del contrato. Sin embargo, el gremio considera que estas medidas son insuficientes para garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios.
“Desde el punto de vista técnico y operativo, las concesionarias no asumen riesgos económicos relacionados con la operación y el mantenimiento de los corredores”, señala el documento. Además, cuestiona la falta de un estándar mínimo de servicio y la ausencia de criterios claros para evaluar el estado de las rutas, aspectos que, según el gremio, contradicen los principios fundamentales de la concesión de obra pública.
Uno de los puntos más polémicos es la autorización para que las empresas concesionarias desarrollen actividades comerciales dentro de la zona de camino y en terrenos remanentes. Entre las explotaciones permitidas se incluyen centros comerciales, estaciones de servicio, paradores de camiones, hoteles, sucursales bancarias y restaurantes.
“La habilitación de estas áreas de servicio en la zona de camino no solo infringe la normativa vigente de la Dirección Nacional de Vialidad, sino que también compromete la seguridad del tránsito y de los usuarios”, sostiene el comunicado gremial. Según el documento, la infraestructura vial no está diseñada para albergar estos desarrollos comerciales, lo que podría generar impactos negativos en la circulación y la seguridad de las rutas.
Fuente: El Sol de Mendoza
