Aunque no llegaron a presentarlos oficialmente porque la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo interrumpió forzosamente el proceso, los requerimientos de ingresos económicos que Edenor y Edesur habían empezado a discutir en agosto con el Ente Regulador de Electricidad (ENRE) para el período 2025-2029 contemplaban un aumento del Valor Agregado de Distribución (VAD) cercano al 60% a partir del 1º de enero de 2024. Una suba de esa envergadura tendría un impacto final en la factura que pagan los hogares de Buenos Aires y GBA superior al 30% desde el arranque del año que viene. El Ministerio de Economía, que dirige Luis ‘Toto’ Caputo, no está dispuesto a avalar un salto tarifario de ese tipo y menos a instrumentarlo en un solo movimiento, según indicaron fuentes privadas a EconoJournal. La misma lógica aplica para distribuidoras y transportistas de gas. La Casa Rosada no quiere autorizar incrementos tarifarios que pongan en jaque el programa antiinflacionario que diseñó el Palacio de Hacienda.
Accionistas y altos directivos de compañías reguladas ya están al tanto de esa decisión, según un relevamiento realizado por este medio entre directivos de empresas gasíferas y eléctricas. Lo concreto es que la nueva conducción energética que responde a Daniel González, viceministro de Energía y Minería y hombre de confianza de Caputo, no avalará el proceso de Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) en los términos en los que lo venía llevando adelante la administración de Rodríguez Chirillo. Seguir por ese camino implicaría aceptar una suba real de las facturas residenciales de gas y electricidad del orden del 30-40% en 2025.
Consistencia macroeconómica
La nueva secretaria de Energía, María Tettamanti, buscará priorizar, como criterio guía de su gestión, la consistencia de las decisiones en materia de energía con las premisas macroeconómicas que defina el Palacio de Hacienda. En esa clave, la primera decisión táctica del gobierno es ganar tiempo con la expectativa de que la inflación termine de converger con el crawling peg —la devaluación del 2% mensual trazada por el BCRA— en los próximos tres meses.
A raíz de eso, si el plan original del equipo de Rodríguez Chirillo era finalizar la RQT en 2024 y convocar a audiencias públicas durante el último bimestre del año para que las nuevas tarifas de gas y electricidad comiencen a regir a partir de enero de 2025, ahora la idea es llamar a audiencias recién en febrero para que los nuevos cuadros se apliquen en marzo o abril próximo. Hasta llegar a ese punto, Economía seguirá autorizando subas nominales mensuales que espejen la inflación proyectada para el mes siguiente —en diciembre la actualización rondaría entre un 1,8% y un 2,5%—, a fin de que las distribuidoras y transportistas no erosionen sus ingresos. La clave es evitar que se empiece a resentir la cadena de pagos tanto hacia dentro del sector eléctrico —donde Cammesa funciona como amortiguador del sistema absorbiendo las deudas de las distribuidoras— como del gasífero.
“Nuestro objetivo es recuperar el valor real de las tarifas que nos habían autorizado en abril. Como el gobierno pisó la actualización por IPC durante algunos meses del año, desde marzo a noviembre perdimos cerca de un 15% de nuestros ingresos reales. Con recuperar ese porcentaje estaríamos satisfechos”, reconoció a EconoJournal un alto directivo de una empresa gasífera.
Gas natural vs. electricidad
La negociación tarifaria de empresas gasíferas y eléctricas difiere en un punto en particular: la Ley Bases aprobada este año en el Congreso autoriza a las primeras a solicitar una extensión por 20 años de sus concesiones de distribución y transporte, que vencen entre 2026 y 2027. Las segundas ya tienen asegurada la continuidad de sus contratos, dado que sus licencias, otorgadas a principios de los ’90, tienen una duración de 99 años. Eso quiere decir que el gobierno cuenta, en el caso de las compañías de gas natural, una herramienta diferencial para negociar una moderación en la discusión tarifaria a cambio de extender el control de las concesiones de distribución y transporte hasta 2047. Esa alternativa ofrece un horizonte temporal para recomponer de forma gradual y por etapas en el tiempo el flujo de fondos que recaudan las empresas reguladas.
“Es una negociación totalmente diferente. En la revisión tarifaria de las empresas gasíferas está en juego la extensión de las licencias por 20 años. Por eso, los privados podrían estar dispuestos a postergar sus requerimientos de ingresos si eso contempla asegurar sus concesiones en el futuro. Las compañías eléctricas no necesitan extender sus licencias”, explicó uno de los principales consultores energéticos del país. Frente a ese contexto, las compañías distribuidoras y transportistas de gas natural aspiran a cerrar el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) con el Enargas durante el primer cuatrimestre del año que viene.
Para las eléctricas, el escenario es diferente. No sólo por lo referido a la titularidad de las concesiones, sino también en lo vinculado a las inversiones que demanda la infraestructura eléctrica para mejorar la calidad del servicio, que son mucho más urgentes y onerosas que las que requiere la red de gas natural. Por eso, las empresas eléctricas no descartan la posibilidad de que el proceso de Revisión Tarifaria se postergue en el tiempo, incluso hasta después de las elecciones legislativas del año que viene.
“Si no hay margen para realizar una RTI en serio, discutiendo las inversiones reales que demanda el sistema eléctrico, quizás lo mejor para el Ejecutivo sea ganar tiempo e ir llevando las tarifas eléctricas durante un año de transición hasta poder tener más certezas en cuanto a qué sucederá con la macroeconomía”, admitió un alto ejecutivo del sector eléctrico. La respuesta se conocerá en las próximas dos semanas cuando funcionarios del Ministerio de Energía terminen de cuantificar qué pauta tarifaria puede absorber el programa macroeconómico de 2025.
Fuente: EconoJournal
