La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) recibe a partir de hoy una nueva visita de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA). Será un encuentro de alta tensión. El organismo norteamericano viene para determinar si el sistema aeronáutico nacional está en condiciones de mantener la Categoría 1 o si desciende a la Categoría 2 debido a los 82 hallazgos de seguridad operacional que encontraron durante una inspección realizada en abril pasado.
La aviación se basa en una premisa fundamental: la seguridad operacional. Eso abarca no solo cuestiones fundamentales, como el estado de los aviones, sino también procesos y procedimientos más pequeños que establecen los requisitos para operar. O los funcionamientos internos para entrenar o evaluar a aquellos entrenadores, inspectores o instructores que revisarán los manuales de operación que trae una línea aérea que quiere operar.
“La FAA viene y evalúa las matrices de riesgo. ¿El país tiene manuales? ¿Tiene instructores o evaluadores? ¿Dónde se entrenan? ¿Cómo revisan que lo que hacen o entrenan está bien? Eso es seguridad operacional. Que se detecten falencias no quiere decir que hay riesgo de que choquen dos aviones”, dijo una fuente del sector.
“El proceso de certificación de una aerolínea debe ser seguro operacionalmente. Tiene que existir un procedimiento razonable y serio de análisis, debe existir un inspector serio que pueda evaluar según el procedimiento preestablecido, y debe existir una escuela que evalúe a los evaluadores en todas las aéreas de la aviación civil y comercial. Eso no existía en la Argentina”, añadió.
Según la ANAC, todas las medidas tomadas desde la intervención del organismo, en julio pasado, permitieron llegar a un avance del 85% del plan de acciones correctivas establecido. Todos esos cambios están en fase de implementación. Fuentes oficiales, sin embargo, reconocen que existe la posibilidad real de perder la categoría para el sistema, pese a ese trabajo. Responsabilizan al “mal manejo de años”, en referencia a gestiones anteriores.
“Esto implicaría un daño reputacional para la aviación argentina. Además, imposibilitaría la suma de destinos y frecuencias en vuelos hacia Estados Unidos. A su vez, no se podrían reemplazar los modelos de aeronaves con los que se vuela a ese territorio, ni establecer nuevos acuerdos de código compartido con aerolíneas estadounidenses, lo que impactaría directamente en la capacidad de colaboración entre compañías argentinas y norteamericanas”, dijeron en un comunicado.
Según el organismo a cargo de la interventora Julia Cordero, “las líneas aéreas argentinas estarían sujetas a un mayor escrutinio y controles adicionales por parte de las autoridades norteamericanas”, lo que podría aumentar los costos y ocasionar retrasos.
“De esta manera, las consecuencias de la pésima administración del organismo en gestiones pasadas impactarían negativamente en la reputación internacional de la aviación civil argentina, a pesar de las políticas de apertura aerocomercial que se vienen implementando con éxito desde la Secretaría de Transporte en busca de mayores libertades y desarrollo del sector aéreo”, agregaron.
La Argentina ya tuvo una baja de categoría en junio de 2002, cuando la FAA determinó que los aeropuertos no tenían una supervisión segura para las compañías aéreas que se ajustara a los parámetros fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Por lo tanto, decidió llevar al país a la categoría 2. Eso implicó que ciertas empresas no pudieran entrar a los Estados Unidos, con excepción de las que ya lo habían hecho y tenían derechos adquiridos.
La Argentina recién volvió a la categoría 1 en 2005, después de tres años. Se otorga cuando el país evaluado cuenta con las regulaciones necesarias para sostener la certificación y supervisión operativa de las aerolíneas, en concordancia con estándares internacionales de máxima de seguridad, en cuanto a mantenimiento, adiestramiento de personal y de tripulaciones aeronáuticas, así como su estado psicofísico e idoneidad. También indica que las autoridades aeronáuticas realizan vigilancia permanente sobre las operaciones aéreas.
Fuente: La Nación