La Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica (Apuaye), uno de los sindicatos que representa a los empleados de mayor calificación dentro de Nucleoeléctrica, le envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que le advierte sobre los riesgos que implica incorporar al directorio de la compañía personal sin experiencia en el sector justo cuando se está evaluando la factibilidad de postergar el proyecto de extensión de vida de Atucha I para contar con la central operativa durante el verano. Además, los técnicos criticaron la decisión de querer privatizar NA-SA dilapidando el patrimonio nacional y el futuro científico nuclear de la Argentina.
Preocupación por sucesivos los cambios
El 6 de diciembre del año pasado, la asamblea de accionistas de NA-SA, la empresa encargada de operar las tres centrales nucleares de potencia que tiene el país, aceptó las renuncias de los integrantes del directorio y designó reemplazos transitorios para garantizar la continuidad de las actividades de la empresa. En ese momento asumieron tres referentes técnicos-operativos de larga trayectoria en la alta gerencia de la compañía. El ingeniero Fernando Monserrat quedó como presidente, Juan Cantarelli como vice y Diego Garde como director titular.
El gobierno de Milei designó el 22 de abril a un nuevo directorio en NA-SA. Como presidente nombró a Luis Fasanella, ingeniero especializado en energías renovables proveniente de Corporación América, y como vice a Julián Gadano, un sociólogo que por su propia formación no es un conocedor profundo de los aspectos técnicos de la actividad, pero que se desempeñó durante casi cuatro años como director de la Autoridad Regulatoria Nuclear durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, habiendo quedado a cargo de temáticas internacionales como no proliferación nuclear y seguridad internacional, para luego asumir en 2016 como subsecretario de Energía Nuclear durante el gobierno de Mauricio Macri.
Se suponía que esa conducción iba a ser permanente, pero no llegó a durar ni cinco meses porque este martes 3 de septiembre la asamblea de accionistas nombró como nuevo presidente a Alberto Lamagna, un físico con una trayectoria de 30 años en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Fasanella quedó relegado a vice, mientras que Gadano se vio obligado a dejar la empresa.
Como informó EconoJournal, el dato más preocupante del flamante directorio es que se sumaron dos nuevas personas sin ninguna experiencia previa en el sector: Jeremías Coppola, un joven licenciado en Finanzas de la Universidad de San Andrés especializado en el negocio de trading de criptomonedas, y Emiliano Giana, hermano un ex dirigente del PRO en la provincia de Buenos Aires que mutó a las filas libertarias y hoy es una persona de confianza de Diego Chaher, quien está al frente de una Unidad Ejecutora de Empresas e integra el círculo de confianza de Santiago Caputo, principal asesor del presidente Javier Milei.
Todas estas ideas y vueltas encendieron las alarmas en Apuaye, entidad que manifestó su “fuerte preocupación ante los vaivenes y cambios sucesivos dispuestos en la integración del directorio de NA-SA, lo cual incrementa la incertidumbre interna y afecta la gestión empresarial”. En lo que refiere específicamente al último directorio elegido, el gremio afirmó que “evidencia una notoria falta de cuadros técnicos conocedores de la empresa y del sector nuclear en general, con una mayoría de miembros con perfil de área financiera”.
Renovación de Atucha I
La rotación permanente de funcionarios se agrava porque NA-SA debe decidir en los próximos días si finalmente saca de servicio Atucha I para avanzar con el proyecto de renovación de su vida útil o posterga esa decisión para tener más energía en el verano. Apuaye recuerda en su carta que “la central debería parar a fines de septiembre para dar comienzo con las obras que llevarán dos años de trabajo”.
Los especialistas resaltan los beneficios económicos y estratégicos de ese proyecto, entre los cuales incluyen la posibilidad de extender la operación por más de 20 años, mantener la potencia instalada nuclear y el nivel de diversificación de la matriz y conservar los conocimientos nacionales sobre la tecnología de uranio nacional y agua pesada. Además, recuerdan que la extensión de la vida útil de la central va a demandar US$ 465 millones, de los cuáles aproximadamente el 51% serán en moneda nacional. A raíz de todo, eso consideran conveniente “que se evalúe adoptar otras alternativas para afrontar los picos de demanda eléctrica del próximo verano, a fin de no postergar la parada prevista para poder dar comienzo a las obras”.
Contra la privatización
Apuaye critica también la conveniencia de privatizar NA-SA como propuso el gobierno. “Debe evitarse que en la búsqueda de soluciones macroeconómicas cortoplacistas se dilapide el patrimonio nacional y el futuro científico nuclear de la Argentina”.
Uno de los argumentos que hacen valer los técnicos es que NA-SA “no genera pérdidas presupuestarias y se solventa con sus ingresos por venta de energía eléctrica”. Además, afirman que “por su carácter estratégico y crítico, corresponde que el manejo y la operación de las centrales nucleares se mantengan en el ámbito del Estado Nacional. Asimismo, deben preservarse los muy calificados cuadros de especialistas y la mano de obra con vasta experiencia para encarar la ejecución de las próximas centrales nucleares”.
“Llama la atención que se encare esta privatización con mayor prioridad y profundidad que con otras empresas del Estado Nacional altamente deficitarias, que requieren significativos y permanentes aportes del Tesoro Nacional para su funcionamiento”, concluyen.
Fuente: EconoJournal
