En medio de la escasez de recursos que enfrentan los proyectos de infraestructura y la marcada pérdida de fuentes de trabajo que afecta al sector de la construcción, una sorpresiva y polémica jugada de la comuna de Oliveros tiene frenada desde hace más de un mes una de las principales obras viales de la provincia de Santa Fe.
Se trata de la ampliación del acceso al puerto de Timbúes desde la ruta provincial 91 que lleva adelante Vialidad Provincial de Santa Fe y se encuentra paralizada desde mediados de junio por decisión del jefe comunal de Oliveros, Martin Calori y del juez de Faltas, Federico Martínez.
La obra en juego había sido adjudicada a la constructora Vial Agro en el segundo semestre del año pasado durante la gestión de Omar Perotti, pero recién pudo iniciarse en abril pasado.
Comprende una inversión de $ 25.000 millones y el plazo de ejecución de los trabajos demandará entre 20 y 24 meses. Tiene como objetivo principal crear una vía de acceso exclusiva para camiones al área portuaria para evitar el tránsito pesado por zonas urbanizadas, como en Villa La Ribera, donde se produce un cuello de botella que genera actualmente múltiples problemas y conflictos entre los transportistas, vecinos y los funcionarios locales.
El 15 de junio, casi dos meses del inicio de los trabajos, el juez Martínez y el jefe comunal Calori resolvieron inhabilitar el obrador de la constructora y paralizar la obra. Pusieron como argumento ni la empresa, ni Vialidad de Santa Fe habían pedido autorización y tampoco había presentado el proyecto y sacado los permisos necesarios para realizar una obra en su jurisdicción, ya que la primera etapa de la nueva ruta pasa por 5 kilómetros de campos que perteneces a Oliveros.
Tanto la constructora Vial Agro, como Vialidad rechazaron el planteo comunal por entender que no corresponde dar curso a sus exigencias porque se trata de una obra que está bajo domino provincial.
Consideran que las obras en la ruta provincial 91 se efectúan “en terrenos declarados de utilidad pública provincial y lo tanto la obra pertenece al dominio público de la provincia y no forma parte del patrimonio comunal.
Además, fuentes del gobierno provincial encabezado por Máximiliano Pullaro no descartaron que el objetivo final de la movida del jefe comunal de Oliveros sea cobrarle a la empresa una tasa especial por el monto total del proyecto o un tributo específico por cada camión afectado a la obra que circule por su jurisdicción.
Ante la intransigencia comunal, las autoridades de Vialidad acudieron a la Justicia para levantar la clausura de las obras del Desvío de Camiones en Villa La Ribera
El organismo provincial informó que interpuso un recurso de amparo con medida cautelar donde se le solicita al Poder Judicial de San Lorenzo que ordene dejar sin efecto la inhabilitación impuesta a la empresa contratista Vial Agro con el fin de que pueda reiniciar la obra de acceso al puerto de Timbúes, que se lleva a cabo en terrenos declarados como utilidad pública provincial.
Junto con presentación, los letrados de Vialidad también han impulsado una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación contra el presidente comunal Calori, y el juez Martínez por el presunto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.
En la denuncia presentada, el titular de Vialidad de Santa Fe, Pablo Seghezzo destacó que procedía a “denunciar un hecho que podría configurar la comisión de un ilícito penalmente sancionable, y del cual ha resultado víctima la repartición que represento peticionando se efectúe la correspondiente investigación a los fines del esclarecimiento del hecho”.
A su vez, en el ámbito administrativo, Vialidad promovió un recurso impugnando la resolución de inhabilitación de la obra pública de acceso al puerto de Timbúes.
Desde el gobierno santafesino destacaron que “las tres medidas que se llevaron adelante tienen el fin de destrabar de manera definitiva la inconsistente e irresoluta inhabilitación de la obra tan importante para la producción y la zona de puertos, teniendo en cuenta que la Comuna de Oliveros no tiene competencia para frenarla porque se realiza en terrenos que pertenecen al dominio público de la provincia”.
La causa quedó en de la jueza provincial de San Lorenzo, Stella Maris Bertune, quien para avanzar sobre el recurso de amparo requirió mayores datos y documentaciones tanto a la Comuna de Oliveros, como a Vialidad Provincial.
Tras la presentación de los informes y pruebas requeridas, ahora se espera que en los próximos días la magistrada provincial destrabe el conflicto y disponga las medidas de fondo que permitan retomar las obras que, de manera directa e indirecta, darán trabajo a más de un centenar de personas.
Fuente: TyE
