Dentro de un anodino edificio de oficinas de seis pisos en una calle residencial en Georgetown, la capital de Guyana, un equipo de ejecutivos de ExxonMobil está trabajando para expandir uno de los mayores desarrollos de petróleo offshore de la historia.
El gigante energético estadounidense y sus socios, Hess y el grupo chino Cnooc, ya han descubierto alrededor de 11 mil millones de barriles de petróleo en el Bloque Stabroek, un vasto reservorio de petróleo a unos 190 kilómetros de la costa del país sudamericano.
Se ha autorizado una inversión de más de u$s55 mil millones para extraer poco menos de la mitad de las reservas, pero tras realizar más descubrimientos, el consorcio está aumentando la producción.
"La forma en que hemos podido progresar tan rápidamente desde el descubrimiento hasta el desarrollo y producción es de un enorme valor para Guyana", dice Alistair Routledge, presidente de ExxonMobil en Guyana. "Podría aportar más de u$s100 mil millones al país".
Uno de los países más pequeños de Sudamérica, Guyana no tenía industria de hidrocarburos antes de los descubrimientos en Stabroek. El prometido beneficio financiero podría crear uno de los últimos petroestados del mundo, justo mientras los líderes globales están prometiendo alejarse de los combustibles fósiles.
El desarrollo de campo ya está generando un rápido crecimiento en un país pobre; la economía de Guyana se expandió un 33% incluso después de la inflación el año pasado, y el FMI prevé un aumento similar este año.
Los activistas medioambientales han calificado el proyecto como una "bomba climática" y señalan estudios que sugieren que el calentamiento global y el aumento del nivel del mar podrían sumergir Georgetown, que se encuentra en una zona baja, para 2030.
Hay preocupaciones entre los grupos de derechos civiles y humanos, los sindicatos y los políticos de la oposición de que la riqueza generada por el auge petrolero de Exxon pasará por alto al público en general y causará más daño que beneficio.
Los politólogos y economistas llaman a esto la maldición de los recursos: la extracción de minerales recién descubiertos infla la moneda local, debilita la industria local y fomenta la división social y la corrupción.
Los críticos dicen que el acuerdo de reparto de producción firmado por el gobierno anterior en 2016 es excesivamente generoso para las empresas, una opinión compartida por el FMI. También hay preocupaciones de que Exxon está demasiado cerca de la administración actual, liderada por el presidente Irfaan Ali, y está pasando por alto las leyes ambientales.
El boom ya está aumentando los precios locales, poniendo presión en los hogares en un país donde casi la mitad de los 800.000 habitantes todavía viven con menos de u$s5,50 al día, la definición del Banco Mundial de pobreza para un país como Guyana. El paro de docentes está llegando a su cuarto mes y otros sindicatos del servicio público también están amenazando con interrupciones, argumentando que sus afiliados no pueden sobrevivir con "salarios de hambre".
Hay precedentes inquietantes de la maldición de los recursos. Mobil, que Exxon adquirió posteriormente, descubrió petróleo frente a Guinea Ecuatorial en 1995; el boom de tres décadas que siguió enriqueció a la familia gobernante del país africano central, pero la mayoría de su población siguió sumida en la pobreza.
Décadas de producción petrolera en Venezuela, vecino de Guyana, dieron paso a la mala gestión económica, la corrupción y el autoritarismo. El líder socialista del país, Nicolás Maduro, está reflotando un reclamo histórico sobre una provincia guyanesa que incluye parte de Stabroek.
"EXXON NO ES TU AMIGO"
Desde que comenzó la producción de petróleo a fines de 2019, un boom de la construcción ha cobrado ritmo en Georgetown, una ciudad conocida por sus calles arboladas, su red de canales de irrigación y su arquitectura colonial.
Varios hoteles de lujo están empezando a tomar forma, están surgiendo centros comerciales con Starbucks y Hard Rock Cafe, y Exxon está construyendo una sede corporativa de u$s160 millones en las afueras.
Construir una industria petrolera desde cero ha creado empleos locales, dice la compañía, con 6200 guyaneses apoyando las actividades de ExxonMobil Guyana y sus contratistas a finales del año pasado. Desde 2015, la compañía ha pagado u$s1,49 mil millones a proveedores basados en Guyana, ayudada en parte por las leyes de contenido local aprobadas en 2021.
Uno de ellos es Robin Muneshwer, director ejecutivo de un prominente conglomerado local y propietario mayoritario de Guyana Shore Base Inc, que ganó una licitación para suministrar las plataformas petroleras offshore y ahora emplea a más de 900 personas para operar grúas, barcos y otros equipos.
Muneshwer dice que el Gobierno es consciente de los riesgos de la maldición de los recursos y está utilizando el dinero del petróleo sabiamente para diversificar la economía. El verdadero peligro es asegurarse de que partes de la población no queden atrás y que el sector de recursos no desplace a otras partes de la economía local, añade.
Los académicos dicen que las autoridades de Guyana están en una carrera contra el tiempo para demostrar que los ingresos del petróleo se compartirán equitativamente con el público y no serán mal utilizados por los políticos.
"Cuando los países obtienen grandes ingresos petroleros, sus gobiernos tienden a volverse más corruptos, menos responsables y se vuelve cada vez más raro tener elecciones libres y justas", dice Michael Ross, profesor de ciencia política en UCLA.
Señala que el Gobierno debe negociar con una corporación cuyo flujo de caja el año pasado fue más de tres veces el PBI de Guyana y que tiene una gran experiencia en negociar contratos complejos.
"Exxon no es tu amigo", dice Ross. "Quieren que pienses que lo son, pero no lo son. Son un socio comercial para su propio beneficio, con enormes ventajas en la mesa de negociaciones".
Los riesgos para la democracia de 32 años de Guyana fueron destacados en las últimas elecciones generales de 2020, cuando el presidente en funciones en ese momento, David Granger, se negó a renunciar luego de que un recuento de votos mostrara que había perdido por poco. Solo la imposición de sanciones estadounidenses obligó al oficial militar retirado a dejar el poder en medio de brotes esporádicos de violencia en una nación dividida entre personas de ascendencia africana, india e indígena guyanesa.
Las próximas elecciones están previstas para 2025 y los partidos de la oposición ya están poniendo los ingresos petroleros, el cumplimiento del consorcio con la ley guyanesa y las preocupaciones sobre la maldición de los recursos en el centro de sus campañas.
"Tenemos que sacar más partido de estos recursos petrolíferos", dice Aubrey Norton, líder de la oposición oficial en Guyana. "Dentro de los primeros 100 días, buscaremos y nos sentaremos con Exxon para asegurar que el pueblo de Guyana se beneficie".
Un fallo de la Corte Suprema el año pasado requirió que el consorcio proporcionara una garantía financiera "ilimitada" para cubrir el costo de cualquier derrame de petróleo, según Norton. Exxon ha acordado desde entonces depositar una garantía de u$s2 mil millones en espera del resultado de una apelación.
Melinda Janki, una exabogada de BP que ha promovido cambios en partes de la constitución de Guyana relacionadas con el medio ambiente, está litigando el caso de seguros y varios otros. Afirma que los reguladores ambientales y el Gobierno se están negando a responsabilizar a Exxon, arriesgando un desastre ambiental y financiero para el país.
"Estas [plataformas de perforación] son operaciones muy peligrosas. Están produciendo petróleo por encima de los límites establecidos en las evaluaciones de impacto ambiental", dice Janki.
Advierte que un desastre similar al de Deepwater Horizon en 2010 devastaría a Guyana y otras vías fluviales del Caribe. Ese derrame, que mató a 11 trabajadores y derramó 4 millones de barriles de petróleo en el Golfo de México, le costó a BP u$s69 mil millones.
Exxon niega las afirmaciones de Janki, diciendo que nunca pondría en peligro la seguridad y que sus instalaciones offshore pueden operar "por encima de la capacidad de diseño" y lograr producción adicional de manera segura tras reevaluaciones o estudios de eliminación de cuellos de botella.
Pero la abogada ha jurado seguir luchando contra el consorcio y el Gobierno, argumentando que el acuerdo alcanzado entre las partes "vendió nuestro patrimonio".
Los analistas de Wall Street consideran el acuerdo de reparto de producción firmado en 2016 como "el mejor acuerdo petrolero de la historia moderna" debido tanto a la escala del recurso como a los términos. Los consultores de Wood Mackenzie pronostican que Exxon y sus socios generarán u$s135 mil millones en ganancias entre 2024 y 2040. Guyana recibirá u$s150 mil millones durante el mismo período, una cantidad asombrosa para un país que tenía un presupuesto fiscal de u$s3,75 mil millones en 2023.
El consorcio puede recaudar hasta tres cuartas partes de los ingresos del proyecto hasta que se recuperen sus costos. El resto se divide 50/50 con el Gobierno, que también toma una regalía del 2% sobre la producción del campo, por debajo del nivel en la mayoría de los proyectos petroleros offshore. También ha acordado pagar los impuestos sobre la renta y a las ganancias para empresas.
El acuerdo es tan lucrativo que en marzo desencadenó una batalla corporativa entre Exxon y su rival estadounidense Chevron, que quiere comprar Hess en un acuerdo de u$s53 mil millones. Exxon argumenta que tiene la primera opción sobre cualquier venta de la participación de Hess en el hallazgo de Guyana y ha iniciado un proceso de arbitraje que podría frustrar el acuerdo de Chevron.
El presidente Ali reconoce que el acuerdo está "inclinado a favor" de Exxon pero no ha buscado renegociarlo. "El tamaño de Exxon, en términos de la economía, te dice que simplemente no podrías cambiar el contrato", le explica al Financial Times. "Tendría implicaciones legales y todo el sector se habría detenido".
Cualquier nuevo acuerdo con compañías petroleras no sería tan "desigual", dice Ali, añadiendo que está aprobando reformas para traer más transparencia al sector petrolero de Guyana, diversificar su economía e invertir en infraestructura, salud y educación.
En 2021, su gobierno aprobó una ley para aumentar la supervisión sobre el fondo de recursos naturales de Guyana, en línea con los principios establecidos por el Foro Internacional de Fondos Soberanos.
Sin embargo, en enero, el Gobierno propuso levantar algunas restricciones sobre la cantidad de dinero que puede retirar del fondo. Más recientemente, las autoridades estadounidenses impusieron sanciones a un alto funcionario guyanés y varios empresarios prominentes supuestamente involucrados en una estafa fiscal de u$s50 millones en el sector del oro.
TENSIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Ali debe asegurarse de que el público escéptico comience a ver algunos beneficios de la inversión extranjera que está haciendo que los alquileres y los precios de los alimentos aumenten rápidamente.
La inflación alcanzó un estimado de 6,6% en 2023, según el Departamento de Estado de EE. UU., pero los precios de los alimentos han subido mucho más rápidamente en los últimos años.
El descontento ya está burbujeando. Muchos docentes han estado en par por más de 60 días, exigiendo un aumento salarial del 20%. El Sindicato de Servicios Públicos de Guyana, que representa a otros trabajadores del sector público, también ha amenazado con hacer paro por los salarios.
"Nuestra economía ahora es una economía petrolera, ya no es una economía para la gente local. Estamos en modo de supervivencia", dice Mehalai McAlmont, docente de secundaria. Ella dice que los precios de los alimentos se han disparado desde que comenzó a fluir el petróleo en 2019 [las estadísticas oficiales sugieren que el aumento es de alrededor de un tercio] mientras que los salarios de los maestros se han estancado.
El descubrimiento de petróleo por parte de Exxon en Guyana arriesga otra característica de la maldición de los recursos: el conflicto con un vecino. Ross, de UCLA, advierte que hay paralelismos preocupantes entre la primera guerra del Golfo en 1990, cuando Irak invadió a Kuwait, y la amenaza de Venezuela de invadir Guyana.
Venezuela ha reclamado durante mucho tiempo la región de Esequibo, que representa aproximadamente dos tercios del territorio guyanés e incluye parte del Bloque Stabroek frente a su costa.
En diciembre, Maduro celebró un referéndum en el que afirmó que los votantes aprobaron la creación de la nueva provincia venezolana de Esequibo.
También ha ordenado a las empresas estatales que otorguen licencias para la exploración y producción allí. "A ese mar por delimitar no entra la ExxonMobil, deben saberlo", dijo Maduro en febrero, después de que Routledge revelara planes para dos pozos de exploración frente a la costa de Esequibo.
Un pequeño pero constante aumento militar ha sido documentado por investigadores en la frontera disputada. Estados Unidos, que ha aumentado significativamente la cooperación con Guyana desde el descubrimiento de petróleo de Exxon, ha realizado ejercicios militares con la Fuerza de Defensa de Guyana.
Exxon dice que las amenazas de Maduro no están "haciendo ninguna diferencia" en sus planes de inversión y minimiza el riesgo de que Guyana caiga víctima de la maldición de los recursos. "Nuestra reputación está muy fuertemente ligada a asegurar que todo suceda lo mejor posible", dice Routledge, mientras Ali destacó la "enorme expansión de la asociación militar con EE. UU." de su país.
Pero los analistas dicen que las crecientes tensiones destacan cómo el descubrimiento repentino de riquezas petroleras aumenta los riesgos de conflicto, tanto internos como con países vecinos.
Ross, el académico de UCLA, señala los muchos ejemplos de países que han sucumbido a la maldición de los recursos y dice que Guyana enfrenta "una tarea gigantesca" si quiere evitar unirse a ellos.
Fuente: El Cronista
