Tras la renuncia presentada por Patricio Gilligan quien había asumido al frente de la empresa a principios de abril, el Poder Ejecutivo Nacional procedió a nombrar como nuevo presidente de DECAHF (Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con Participación Mayoritaria Estatal) a Luis Federico Canedi.
Canedi—abogado y procurador nacido en San Salvador de Jujuy—venía desempeñándose en DECAHF, desde principios de año, en el cargo de Gerente General Operativo.
DECAHF es una de las cinco empresas que integran el grupo de compañías ferroviarias estatales y tiene como objetivos “diseñar, organizar, promover y realizar actividades de asistencia técnica, asesoría, capacitación, complementación, entrenamiento, especialización, formación y recalificación y gestión de recursos humanos, fortalecimiento organizacional y resguardo de documentación legal, contable e histórica de los ferrocarriles.
Bajo su órbita se encuentran el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria (CENACAF) --creado en 1985 a partir del convenio de cooperación técnica suscripto entre los Gobiernos de Argentina y Japón para generar transferencia de nuevas tecnologías y conocimientos técnicos— y el Museo Nacional Ferroviario "Raúl Scalabrini Ortiz", que fue fundado en 1971 y conserva numerosos objetos, elementos y bienes históricos de los ferrocarriles.
Además, la empresa tiene a su cargo la “Gestión del Patrimonio Histórico Documental Ferroviario” que engloba más de 1.280.000 legajos del personal de todas las líneas, libros de sueldos, historias clínicas, fichas de cada uno de los exempleados y 131.700 archivos de planos de piezas, herramientas, maquinarias, locomotoras, vagones, estaciones y puentes.
Una de las primeras tareas que deberá afrontar Canedi como nuevo timonel de DECAHF es dar cumplimiento a lo dispuesto en el reciente decreto de necesidad y urgencia –DNU 525/24—que declaró la “emergencia pública en materia ferroviaria”.
Junto con las restantes empresas estatales, DECAHF deberá elevar en un plazo de 15 días “una propuesta de medidas indispensables y urgentes para resguardar la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros, incluyendo en la misma las solicitudes de readecuación presupuestaria que resulten pertinentes”.
Según el DNU que aprobó el estado de emergencia por un plazo inicial de dos años, las ferroviarias estatales “deberán efectuar un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad, como así también en caso de ser necesario, las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales a los efectos de revertir la situación de emergencia”.
