El Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) salió a cuestionar con duros términos los tarifazos en los servicios eléctricos y de gas que aprobó la administración de Javier de Milei y denunció que “la codicia empresaria sobre un Gobierno influenciable y sometido metió la cola otra vez para transformar un aumento que era necesario, correcto y legal en una brutal enormidad para los hogares, comercios e industrias”.
Tras destacar que “una vez más y a caballo de un argumento impecable como es subsidiar sólo a quien lo necesite hemos sido engañados”, el IESO advirtió que “el costo de las facturas de gas y electricidad --imprescindibles para vivir, para trabajar, educar, curar y producir-- se multiplicó insólitamente entre 3 y 5 veces cuando los expertos afirman que en realidad no hacía falta ni llegar al doble para barrer con todos los subsidios que se otorgaban al consumidor”.
Por medio de una declaración de la “Mesa Federal Energética”, el IESO apuntó que “ni siquiera el habitual deseo de fijar los precios en base al mercado, criterios marginales, o de exportación pueden explicar la exageración y lo desmedido de los incrementos aprobados. Con las pautas, aplicadas bajo el amparo de las leyes del menemismo, los aumentos hubieran sido de sólo un tercio, o menos, de los que se fijaron ahora”.
El documento—que lleva las firmas de Gustavo Atencio y Marcos Rebasa—señaló que “las nuevas tarifas hacen inviables la mayoría de las actividades productivas y revelan sobreprecios del otro del mostrador para un empresariado lobbysta integrado por las petroleras y otras compañías energéticas que se financian con los bolsillos de la mayoría de los argentinos”.
El IESO alertó que “el precio del gas para todos los usuarios ( PIST) se ha fijado bajo el amparo de una garantía del Estado y no por la libertad de mercado, al igual que los incrementos para el transporte y la distribución que deberían ser fijados en revisiones tarifarias integrales y públicas”.
“La inesperada e insólita falta de transparencia implicó tarifas transitorias que nadie sabe cómo se calculan, qué rigurosidad legal tienen. Pero si sabemos los efectos devastadores que dejará en la sociedad con una contracara de balances recargados de ganancias para las empresas, aún en el actual contexto de caída en la demanda”, precisó el centro de estudios energéticos.
Para el IESO “toda la cadena de valor debiera ser revisada para que el andamiaje legal actual funcione. Las transportistas y distribuidoras fueron definidas como monopolios naturales y, por eso, fueron sometidas al necesario control de las RTI y de los entes reguladores independientes para evitar las tentaciones naturales de cobrar lo que se les ocurra”.
El documento también puntualizó que “la producción de gas y electricidad deben surgir de sus costos y no a través de precios garantizados por los funcionarios de Energía. Con los nuevos precios del gas que no tiene fundamentos ni justificación de costos, se produce una relación directa de aumentos en la electricidad, cuyo traslado a todos los usuarios tampoco está relacionada con los costos reales”.