26/01/24

Los armadores dicen que por primera vez Argentina reconoce que el peaje es arbitrario y presionan para bajarlo

Cafym aplaudió a Mondino por admitir que el cobro fue impuesto de forma unilateral, como dijo a LPO. La ANNP se abre a pagar el peaje, pero Paraguay insiste en que Argentina tiene que demostrar las obras en la hidrovía.


La canciller argentina Diana Mondino.

Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym) aplaudieron que por primera vez Argentina reconociera que el peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay fue impuesto de forma arbitraria y adelantaron que buscarán bajar el costo de la tarifa para no perder competitividad en el mercado naviero internacional.

La posición del sector exportador paraguayo llega un día después de las declaraciones de la canciller argentina, Diana Mondino, quien dijo en exclusiva a LPO que Paraguay debe pagar el peaje, pero antes se tiene que acordar un precio entre las partes. Paraguay y las embarcaciones con bandera extranjera deben pagar USD 1,47 por cada tonelada transportada desde enero de 2023.

Milei designa a Gastón Benvenuto como interventor de la Hidrovía y Cancillería dice que habrá acuerdo sobre el peaje "Hay que redefinir toda la hidrovía y Paraguay tiene que pagar por el servicio, pero hay que definir cuánto tiene que pagar. No puede ser una cosa unilateral, como planteó Argentina en su momento. Pero no cabe duda de que Paraguay tiene que pagar", aclaró Mondino en Asunción, durante la cumbre de cancilleres del Mercosur y en su primera visita al país.

Raúl Valdez, titular de Cafym, se mostró a favor de la posición argentina. "Volvemos a foja cero y todo término del alcance de las obras debe ser discutido dentro de ese ámbito. Porque el tratado consagra el cobro de una tasa retributiva en contrapartida de un servicio prestado que se puede trasladar a un beneficio para la navegación y seguridad", explicó a este medio.

El empresario sostuvo que antes de abonar el peaje se debe determinar cada una de las obras realizadas por Argentina en el tramo Confluencia-Santa Fe y el presupuesto para su ejecución. Una vez superada esta etapa, indicó, se haría una proyección sobre el volumen y los beneficios que puedan trasladarse a través de esas obras a los navieros.

"Y a partir de ahí se discutiría cómo se debe pagar y quién debe pagar. Volvemos a foja cero como corresponde y lo venimos pidiendo desde un inicio. Si existe predisposición y coherencia dentro de los miembros del tratado, nosotros con mucho gusto seremos los principales interesados en participar del desarrollo de proyectos que puedan mejorar la navegación", apuntó el presidente de Cafym.

Los países del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, que regula el funcionamiento de la hidrovía, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, tienen previsto reunirse el próximo mes para analizar el informe técnico presentado por las autoridades argentinas, que da cuenta de la infraestructura construida en la vía fluvial, la principal carta del país vecino para dar por terminada la discusión. Pero como adelantó Mondino, el gobierno de Javier Milei aspira a "redefinir toda la hidrovía".

El presidente argentino tiene pendiente avanzar en el llamado a licitación de la hidrovía, que seguiría un esquema parecido al que rigió durante más de 25 años cuando Carlos Menem le dio el dragado y balizamiento a la empresa argentina Emepa y a la belga Jan de Nul, que se ocupaban de cobrar el peaje y lo administraba. Recién entonces se avanzaría en definir la tarifa que le corresponde abonar a las embarcaciones paraguayas.

Por su parte, el presidente de la Administración de Navegación y Puertos ( ANNP), Julio César Cáceres, se despegó de las presiones de Cafym y valoró la posición de Mondino. "El pago del peaje no es un cuco. Está contemplado en el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. Uruguay debe convocar una tercera reunión para conocer el informe técnico de los países afectados y así determinar si corresponde el pago de una tarifa", dijo.

Cáceres apuntó que entre los principales inconvenientes se destaca la falta de reacción por parte de la Prefectura Naval Argentina para resolver los problemas con las balizas en el tramo navegable. Según capitanes de embarcaciones de distintas banderas, la reubicación en el río se retrasa hasta 70 días, una situación que pone en peligro los convoyes.

Fuente: LPO