El proyecto de Ley Ómnibus que presentó ayer el gobierno al Congreso contempla una extensa modificación de la ley madre del sector de los hidrocarburos, la 17.319 que data de 1967. Mientras uno de los grandes cambios está en el espíritu de la normativa, que pasaría de ser el autoabastecimiento nacional a la promoción de la rentabilidad empresaria, una serie de artículos llevarían a que no se puedan seguir renovando las concesiones ya dadas, obligando no solo a licitar decenas de bloques en el corto plazo, sino también a poner a contrarreloj las negociaciones entre petroleras y provincias por los pasivos de cada una de esas áreas.
Las modificaciones propuestas deberán aún sortear el paso por el Congreso para convertirse en ley, pero de acuerdo al proyecto se modifica el actual Artículo 35 que permitía a las operadoras poder acceder a prórrogas de 10 años en sus concesiones.
Esto genera un cambio sustancial en todo el sector, no solo para los gobiernos como el de Río Negro que ya tenía en carpeta abrir un proceso de negociación de prórrogas para incentivar la actividad, sino para todos los actores, dado que la eliminación del derecho a prórroga se complementa con un nuevo artículo, el 47 Bis, que en resumen marca que todas las áreas que lleguen a su fin de concesión o sean revertidas, deberán ser licitadas, abriéndose ese proceso con un mínimo de un año de anticipación.
Esto implica que este proceso debería comenzar este mismo año, dado que son muchas las áreas hidrocarburíferas de todo el país que vencen entre 2025 y 2027. Puntualmente, en el caso de Río Negro tres áreas vencen en 2025 y estarían en este plazo ajustado para la licitación, pero el escenario es mucho mayor ya que sobre 33 concesiones que tiene la provincia, 20 vencen entre 2025 y 2027 y 6 más en 2028.
En Neuquén la situación no es muy diferente. Existen al menos 22 concesiones que vencen entre 2026 y 2027 ya que sobre una nómina de 33 bloques que se renegociaron una década atrás, varios ya fueron reconvertido a Concesiones No Convencionales (CENCH), y extendieron su vigencia por 35 años.
Para el exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación y titular de la Consultora Paspartú, Juan José Carbajales, de prosperar estas modificaciones se podría estar ante una ola de reclamos judiciales de parte de las empresas. «Las empresas pueden reclamar el derecho a prórroga porque hasta hoy lo tienen en la ley, y esto crea un gris legal», planteó.
Y sumó que «esto promete dar una discusión porque las prórrogas estaban previstas por ley». Aunque dependerá también de la decisión que tome cada empresa, si apuesta a conseguir una prórroga o prefiere optar por la devolución del área al fin de su concesión.
Sin embargo, el fin de una concesión no es un proceso «barato», y en especial si estamos hablando del convencional como en este caso. Cuando una empresa opta por devolver un área, antes o en su vencimiento, debe acordar con el poder concedente -las provincias, salvo el caso del offshore- la compensación de dos conceptos: el abandono técnico de pozos y los pasivos ambientales.
Esto es muy significativo en el caso de Neuquén, en donde YPF tiene en esta lista de bloques por vencer áreas que fueron un emblema de la industria como Loma La Lata, en gran yacimiento de gas del país antes de Vaca Muerta. Pero también los colosales bloques petroleros de Puesto Hernández, El Portón y Chihuido de la Sierra Negra.
En la lista está además Octógono, el área donde se descubrió que Neuquén tenía petróleo hace más de 100 años, y otros bloques más como Señal Cerro Bayo, Filo Morado, Señal Picada – Punta Barda, Volcán Auca Mahuida, La Brea y Al Norte de la Dorsal.
Solo en el caso de Neuquén son más de una decena las áreas en las que YPF debería o pelear una prórroga -y con ella un plan de inversión nuevo- o bien pactar el costo de dejar esas concesiones que en conjunto suman miles de pozos.
Exportaciones y precios liberados
El proyecto de ley libera las exportaciones de petróleo y combustibles, aunque sujetas a una nueva reglamentación que deberá dictarse luego. No plantea lo mismo en el caso del gas natural, donde sí se permite la importación sin la necesidad de tramitar permisos.
El cómputo de regalías también se modifica a partir de una fórmula cuyo principal cambio no estaría en las alícuotas a imponer, sino en que se habilita negociar una alícuota diferente para cada área concesionada con una referencia además a un commodity como podría ser el Brent.
El proyecto pone fin a la intervención del gobierno y de YPF en el precio del petróleo y los combustibles, marcando que deberán ser fijados a valores de mercado, poniendo así fin al denominado Barril Criollo. E introduce además un cambio en el transporte y procesamiento de hidrocarburos al impedir los «abusos de posición dominante» para limitar el acceso de otras firmas a los sistemas cuando hay capacidad.
Eliminación de fondos fiduciarios, como los del gas
La iniciativa presentada por el gobierno incluye un artículo que abre la posibilidad de eliminar los fondos fiduciarios que hoy existen en el sector energético, incluyendo en ese abanico a los que implican subsidios a los usuarios.
Entre esos fondos, podrían incluirse a futuro los que sustentan la Zona Patagónica del Gas y el más reciente de la Zona Fría del Gas, que en el primer caso llega a cerca de 800.000 usuarios de la Patagonia y la Puna y en el segundo caso a unos 3 millones de hogares de múltiples provincias. Estos fondos fiduciarios se sustentan con el aporte solidario de todos los usuarios del servicio de gas natural por redes para permitir descuentos de hasta el 50% en el componente del gas de las facturas y en ambos casos fueron aprobados por ley.
Pero además, el artículo habilitaría la eliminación de otros fondos fiduciarios como pueden ser el destinado a las garrafas y GLP, y el del gasoil para el transporte público.
El texto del proyecto plantea lo siguiente:
ARTÍCULO 318.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL hasta el 31 de diciembre de 2025, a crear,
modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a
subsidios, revisando procedencia y destino de los mismos, con el fin de garantizar una mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos que los integran y en el control al momento de su implementación y aplicación.
Crea los bonos de Carbono
El proyecto de ley incorpora un ítem que hasta el momento no existía en la legislación nacional, y que es el referido al mercado de bonos de carbono, en el que Argentina podría aprovechar sus recursos naturales para emitir tales bonos y colocarlos en la plaza internacional.
Puntualmente, la iniciativa plantea:
ARTÍCULO 323.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer un mercado de derechos de
emisión de GEI (Gases de Efecto Invernadero), en el cual quienes hayan sobre cumplido su meta puedan vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización.
ARTÍCULO 324.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer las reglas del mercado de
derechos de emisión de GEI, la plataforma de registro de las transacciones y resguardar que no existan posiciones dominantes u oligopolio.
La demanda y los responsables de actividades emisoras de GEI serán los encargados de dar cumplimiento a las metas de emisiones de GEI del país para lo cual el Estado Nacional generará condiciones e instrumentos para facilitar a las empresas privadas, al sector público y a otros organismos, el logro de las mismas y el acceso a financiamiento climático.
Unifica los Entes reguladores y libera los biocombustibles
La propuesta contempla la unificación de los dos entes reguladores del sector energético que hoy existen, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que en este último caso solo controla a la región del AMBA.
El texto indica esto:
ARTÍCULO 316.- “Créase el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, el que una vez constituido
reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), creado por el
artículo 54 de la Ley N° 24.065, y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), creado por el artículo 50 de la Ley N° 24.076
Además se introduce una amplia desregulación del sector eléctrico, que contempla todo un apartado específico que según detalló Carbajales «faculta al Poder Ejecutivo a modificar el marco regulatorio eléctrico, con libre comercio internacional y resguardo del mercado interno pero sujeto a la seguridad de suministro, y el despacho se hará conforme un criterio económico según el costo marginal del sistema».
En tanto que también se libera el mercado de los biocombustibles, dejando el precio librado a la decisión de las empresas y poniendo fin al sistema de asignación de cupos. Lo que se mantiene en la norma propuesta en el porcentaje de corte con las naftas y gasoils de cada biocombustible, que son del 12% en el caso de las naftas y del 7,5% para el gasoil.
Privatización de empresas
Esta no es una novedad dentro de los planes del gobierno, pues desde la campaña se lo mencionó. El proyecto lo que hace es declarar a las empresas y sociedades del Estado como sujetas a privatización y a la vez autorizar la venta de lo que son las participaciones estatales en empresas privadas.
En el listado que se incorpora se encuentran firmas como YPF, pero también Enarsa -titular del Gasoducto Néstor Kirchner, del contrato de importación de gas de Bolivia, entre otros- Nucleoeléctrica -titular de las centrales nucleares- y Yacimientos Carboníferos Fiscales.
En tanto que en la lista de participaciones en empresas privadas que se podrían vender, además de YPF, se encuentran Central Puerto, Distribuidora Gas Cuyana, Camuzzi Gas Pampeana, Edenor, Enel Generación Costanera, Metrogas, Naturgy, Pampa Energía, Transportadora Gas del Norte (TGN), Transportadora Gas del Sur (TGS) y Transener.
Qué modificaciones y proyectos presentó Milei
El presidente Javier Milei presentó una serie de medidas, entre decretos y proyecto de ley, con los aspectos que marcan su Gobierno. Todas apuntan a desregular, privatizar empresas, eliminar controles, concentrar funciones en el Ejecutivo, flexibilizar los derechos laborales y limitar la posibilidad de protesta.
El primero en salir fue el ministro de Economía, Luis Caputo, con un video grabado en el que anunció la devaluación, llevando el dólar oficial a $800. También se refirió, entre los aspectos más importantes, al freno de la obra pública y de los envíos de fondos a las provincias, la reducción de los subsidios al transporte y la energía, y la no renovación de los contratos estatales del último año.
Luego llegó el mega DNU con desregulación de la economía, la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, la derogación de la ley de alquileres, la eliminación de las restricciones de precios a las prepagas y más medidas sobre los derechos de los trabajadores como parte de la reforma laboral, por ejemplo, la ampliación del periodo de prueba (permite el despido sin indemnización) de tres a ocho meses.
El siguiente paso del presidente fue un nuevo decreto, con el llamado al Congreso a sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero. En el temario no incluyó el mega DNU, pero sí el cobro del impuesto a las Ganancias, además de acuerdos de eliminación de la doble imposición, que habilita a empresas con sedes en otros países a no pagar tributos en Argentina.
El accionar más reciente del Gobierno fue el envío de un proyecto de ley ómnibus al Congreso, con 664 artículos. Este habilita a Milei a concentrar en el Ejecutivo facultades legislativas a través de la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025. Entre otros aspectos centrales, suspende la suba de jubilaciones a través de la ley de movilidad y los nuevos incrementos serán decisión del Ejecutivo. También privatiza todas las empresas públicas y establece un régimen de blanqueo de capitales.
Tanto la presentación del DNU como del proyecto de ley ómnibus despertó un amplio rechazo social, con cacerolazos espontáneos y protestas de organizaciones sindicales y sociales.
Fuente: EnergiaOn
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