La secretaria de Energía, Flavia Royón, quiere publicar oficialmente este viernes el pliego licitatorio del concurso con el que el gobierno pretende sumar hasta 3000 megawatt (MW) de potencia de origen termoeléctrico al parque de generación. Es probable que la presentación se demore algunos días hasta conseguir todas las validaciones administrativas dentro del Estado, pero el documento está prácticamente cerrado.
Según pudo saber EconoJournal de fuentes privadas y gubernamentales, la compulsa, que estará en cabeza de Cammesa, la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), se estructurará a partir de tres segmentos: los renglones 1.1, 1.2 y 1.3.
El primero (1.1) estará orientado a sumar potencia mediante centrales más pequeñas que no sean tan eficientes, pero que entren en operación rápidamente; una iniciativa similar a la que llevó adelante la administración de Cambiemos en 2016 a través de la resolución 21 del entonces Ministerio de Energía, que buscó resolver con centrales de baja potencia la faltante de generación que existía en ese momento.
Central Costanera es uno de sitios que Central Puerto podría reforzar bajo el paraguas de la licitación.
El segundo renglón (1.2), destinado a nodos de transporte que están saturados, le otorgará un mayor margen de maniobra a los privados para proponer proyectos que incluso contemplen la incorporación de capacidad de transmisión. Finalmente, el tercero (1.3) presentará requerimientos todavía más laxos para que los privados puedan presentar proyectos de distinta índole.
¿Precio tope?
Uno de los puntos que generó debate dentro del gobierno giró en torno a la inclusión o no en el pliego licitatorio de precios máximos para la potencia, que en caso de incluirse rondarían los 17.000 dólares por megawatt/hora (MWh) al mes. Históricamente, la línea técnica del Estado se mostró a favor de la utilización de precios tope de la energía, fundamentalmente para evitar una eventual cartelización de los privados en compulsas de poca competencia y cantidad jugadores involucrados.
Pero, en este caso, en la Secretaría eran propensos a no incluir precios máximos para otorgar una mayor libertad a los privados para formular sus propuestas técnico-económicas. En cualquier caso, la intención del gobierno es no adjudicar proyectos con precios de potencia superiores a los 12.000 ó 13.000 US$/MWh-mes.
Criterio de adjudicación
Lo complejo de esta licitación —o uno de sus rasgos particulares— es el mecanismo de adjudicación que utilizará el Estado, que no dependerá de una sola variable (precio) sino que cruzará también otros elementos, como el lugar donde esté la nueva central y la eficiencia de la tecnología instalada. Se eligió un instrumento multi-variable para adecuarse a los límites fácticos de la realidad, en especial a los cuellos de botella que existen en la red de alta y media tensión, que dejan muy pocos lugares disponibles para construir nueva generación.
Lo prioritario, desde la óptica del Estado, es reforzar algunos nodos puntuales como el Gran Buenos Aires (GBA), donde se descuenta que Central Puerto (que opera la usina homónima y desde hace algunos meses también Central Costanera, las dos mayores fuentes de alimentación del AMBA), el Noreste Argentino (NEA), la Costa Atlántica y el norte de la provincia de Buenos Aires; además de Tierra del Fuego, que contará con un capítulo especial dentro de la licitación.
Se espera una amplia participación de las empresas del sector de generación. De jugadores tradicionales como Pampa Energía, Central Puerto, YPF Luz (que exploraría un proyecto conjunto con Centrales de la Costa), MSU Energy y Albanesi, como así también de compañías que evalúan aprovechar para licitación para desembarcar en el negocio de generación eléctrica.
Fuente: EconoJournal
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