La Secretaría de Energía instruyó a Enarsa -la empresa estatal encargada de comprar gas extranjero, supervisar la construcción del gasoducto a Vaca Muerta y la construcción de las represas de Santa Cruz, entre otras tareas- a operar transitoriamente la operación de las centrales hidroeléctricas de la cuenca del Comahue, que abarca las provincias de Neuquén y Río Negro.
Eso es por el vencimiento de las concesiones que allí operan, luego de 30 años de operaciones. Algunas ya vencieron y otras están por hacerlo.
La disposición de Energía fue a través de una nota dirigida al presidente de Enarsa, Agustín Gerez.
En Enarsa se están preparando para el proceso de tomar las represas y tomaron una primera decisión: contratarán una auditoría internacional, de una firma inglesa especializada en esta clase de operaciones. El objetivo es establecer el estado de las operaciones. Pero hay algo más.
Enarsa quiere conocer el nivel exacto de trabajadores y operarios necesarios para que las represas funcionen con la dotación de personal adecuada. “Hay ocasiones en que el Estado toma una empresa y la llena de empleados innecesarios, lo que ha sucedido en distintas administraciones. Eso no va a pasar acá. Se hará lo que diga la auditoría. Si allí se establece que el funcionamiento óptimo es con una cantidad determinada de empleados y/o operarios, se respetará ese número. No habrá empleados por favores “políticos’”, insisten fuentes allegadas al proceso de transición de los privados al Estado.
La nueva sociedad de Enarsa tomará a su cargo Alicurá (1.000 Mw) actualmente operada por la empresa AES Argentina; El Chocón (1.200 Mw) y Arroyito (120 Mw), a cargo de la firma Enel Generación; Planicie Banderita (450 Mw), operada por Oroazul Energy, cuyos contratos vencen el 11 de agosto; y Piedra del Águila (1.400 Mw), a cargo de Central Puerto, cuya concesión vence el 29 de diciembre.
Las mismas empresas recibirán una opción para continuar con la “operación y mantenimiento” de las represas. Es decir que no contarán con la propiedad de las mismas, pero podrán seguir estando a cargo del día a día de las mismas, a cambio de un “fee” a estipular con la sociedad de Enarsa que tome la responsabilidad.
Estas represas son las primeras cinco de un total de 22 complejos hidroeléctricos cuyos vencimientos de concesión comenzarán a operar a partir de agosto, tras 30 años de manejo privado, y que desde el año pasado forman parte de una negociación entre la Nación y las provincias, en particular las de Neuquén y Río Negro por el futuro estatus de esos aprovechamientos.
En las provincias no hay acuerdo, hasta ahora, en que el Estado nacional tome el control de las represas. El saliente gobernador Omar Gutiérrez se expresó en contra, pero falta ver que quiere hacer Rolando “Rolo” Figueroa, flamante mandatario de esa provincia.
"La posición de la provincia como dueña del recurso compartido con las otras provincias es clara en cuanto a la necesidad de aprobar todo tipo de decisiones que involucren el manejo de agua de los aprovechamientos multipropósito emplazados en los ríos Limay y Neuquén, buscando optimizar los usos como el control de crecidas, el consumo humano, riego, industrial y la generación de energía eléctrica", expresó el gobierno rionegrino mediante un comunicado.
Río Negro pide un entendimiento que disponga la concesión de las centrales en el ámbito público y compartido entre Nación (como propietario de las obras) y las provincias (propietarias del agua).
Las provincias desde el año pasado discutían con la Nación distintas alternativas de esquemas a implementar para la administración, operación, mantenimiento y explotación de las hidroeléctricas emplazados sobre los ríos Limay y Neuquén; contemplando las normas de uso de agua y cuestiones ambientales referentes al recurso.
La titularidad de los activos que engloban a las represas se encuentran registrados bajo la órbita del Estado nacional.
Fuente: Clarín
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