Tras una fallida reunión de directorio que alcanzó el quórum minimo, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, Eliseo Almada, firmó una atípica resolución extraordinaria para avanzar con la polémica adjudicación de las obras de dragado del canal de acceso a la firma privada Roma Port.
El contrato en juego tiene un monto inicial que supera los $ 180 millones, aunque podría registrar una serie de ajustes debido al desfasaje que ha provocado la inflación con respecto al presupuesto original.
La polémica por el contrato de dragado viene desde agosto del año pasado, cuando en medio de una discusión por el tema, el presidente del Consorcio, Eliseo Almada, dio un portazo y anunció que renunciaba.
Desde entonces, el puerto sampedrino está envuelto en conflictos que incluyen la denuncia penal contra la contadora María José Pucurull --por el presunto desvío de fondos públicos a su cuenta personal--; llamados a licitación para el dragado que quedaron desiertos y hasta quejas de empresas que se dedican a ese actividad por presunto “direccionamiento” de la compulsa.
En la reunión que estaba agendada para este semana, el directorio tenia todo listo para adjudicar el dragado de acceso a Roma Port S.A., una empresa que en el sector naviero vinculan con la dragadora Pagliettini. Pero debido a la ausencia de los directores Alejandro Guzzo y Martín Palazón, de Caproem y Sociedad Rural, respectivamente, no se pudo alcanzar el quórum minimo para poder sesionar.
"En octubre del año pasado vencieron los mandatos y Caproem y Sociedad Rural renunciaron a las bancas en el directorio, que no se renovaron. No acudieron tres directores, los integrantes de esas dos instituciones y un representante de las empresas privadas, que es una persona de Grobocopatel Hermanos", destacó el asesor legal del Consorcio, Carlos Casini.
El abogado remarcó que las designaciones y reemplazos corren por cuenta del gobierno provincial, a partir de las propuestas que efectúa el propio consorcio y el municipio, aunque es un proceso que está demorado.
"Se ha dilatado demasiado y se ha generado este problema, que no obedece solamente a eso. Si bien es cierto que los mandatos vencieron, el estatuto establece que hasta que no se renueven los mandatos o sean aceptadas las renuncias los integrantes del directorio tienen la obligación de seguir participando para que no se genere esta situación. No entiendo las posturas de las instituciones que no participaron. Más allá de estar o no de acuerdo con el consorcio, podrían participar, dar el quórum y permitir el funcionamiento de la institución", consideró Casini.
A raíz de esta situación, y ante las dificultades generadas por la demora en la obra de dragado, Almada avanzó en una medida excepcional.
"Almada ha tomado una decisión que es una resolución personal de él, adjudicando la obra de dragado a esta empresa. Es algo que el estatuto permite al presidente del Consorcio en carácter extraordinario como una resolución de urgencia. En la primera oportunidad que se tenga será sometida al directorio. Eliseo ha tomado la decisión de jugársela y adjudicar la obra. Más allá de los cuestionamientos técnicos hay algo superior que es la necesidad", puntualizó el letrado.
Cuando se efectuó el llamado a licitación, las empresas Compañía Sudamericana de Dragados-- del grupo Jan de Nul-- y DASA (Dragados Argentinos S. A.) habían elevado formalmente una queja porque el pliego establecía que no se pueden utilizar dragas que excedan los 800 metros cúbicos de capacidad de cántara, motivo por el cual se quedaron sin la posibilidad de poder participar y presentar ofertas tal como vienen haciendo en la mayoría de puertos locales que contratan obras de dragado.
Fuente: Transporte y Logística
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