El ministerio del Interior informó que, además, el presidente Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas, a colaborar con el COIRCO en la elaboración de los procedimientos técnico administrativos necesarios para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, los cuales deberán llevarse a cabo en un plazo de 60 días.
Cabe recordar que Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y La Pampa, cuatro de las cinco provincias que integran COIRCO junto con Mendoza, solicitaron durante la reunión del Consejo de Gobierno del Comité la realización de dicho estudio ambiental integral para aprobar la obra.
EL PROYECTO
El proyecto Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento consiste en la construcción de una presa y una central hidroeléctrica sobre el Río Grande, en la cuenca del Río Colorado (departamento de Malargüe), en el sur de la provincia de Mendoza.
La realización del proyecto nace de una demanda presentada por el Gobierno provincial de Mendoza ante el Estado nacional en 1998. Recién el 29 de agosto de 2006, el entonces gobernador Julio Cobos y el ex presidente Néstor Kirchner firmaron el convenio por el que la Nación se comprometió a hacerse cargo íntegramente de la construcción de la presa Portezuelo del Viento, describe un informe elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Portezuelo del Viento comprende la construcción de una presa y una central hidroeléctrica. Según indica el proyecto, la presa tendrá 185 metros de alto, lo que la convertirá en una de las más grandes de planeta. El embalse ocuparía una superficie total de 3.860 hectáreas.
La usina hidroeléctrica proyectada estará equipada con tres turbinas Francis de 30 MW cada una, se alimentará por un túnel de 700 metros de largo y 6 metros de diámetro y tendrá una tubería forzada de 40 metros de largo. Se estima que generará 884 GWh/año.
El cierre sería de escollera con pantalla de hormigón, de 510 metros de largo. Tendría un vertedero curvo, diseñado para crecidas, de 1.600 m3/s. En total, se utilizarían alrededor de diez millones de metros cúbicos de materiales sueltos y hormigón.
Además de la presa y la central, el proyecto planea el tendido de una línea eléctrica, la construcción de las rutas nacionales 145 y 226 y la relocalización de Villa Las Loicas.
El informe de FARN refiere que el consorcio a cargo de la construcción de la presa y la central hidroeléctrica está conformado por Sinohydro (46 %), IMPSA (22 %), Ceosa (16 %) y Obras Andinas (16 %) y cuenta con la participación de la firma china CGGC. El grupo Malal Hue, se encargaría de la construcción de las rutas.
Se acordó que el proyecto sería financiado por la Nación mediante el Decreto 687/2007 y sería administrado por la provincia.
El primer presupuesto oficial, de 2007 y fijado por el Ministerio de Infraestructura de Mendoza, ascendía a U$S 834 millones. Luego, en 2019, se estimó que el costo de las obras sería de U$S 1.023 millones, monto que, según un acuerdo (Decreto 1320/2019) el Estado nacional acordó entregar a la provincia en el plazo de cinco años.
A su vez, el Gobierno mendocino solicitó al consorcio una rebaja del 45 % del total propuesto. El consorcio estipuló un costo alrededor de 40 % mayor al previsto inicialmente para la obra, argumentando que la cadena de pagos y las cuotas que el Gobierno provincial debe pagar se pueden paralizar por el contexto económico.
MENDOZA Y LAS OTRAS PROVINCIAS
El Río Grande, donde se planea realizar la represa, da nacimiento al Río Colorado en confluencia con el río Barrancas, y es también uno de sus principales afluentes. Así, el Río Colorado nace en el sudoeste de Mendoza y luego recoge agua de varios afluentes importantes a lo largo de 1.114 kilómetros de recorrido, pasando por Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Por ello, cada una de esas provincias se ve afectada por las acciones que se realicen en el río.
El COIRCO es la entidad que debe aprobar todas las obras a lo largo del curso de este río. El comité —ratificado por la Ley Nacional 21.611 de 1977— fue creado por un acuerdo entre Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro para regular el caudal de agua que le corresponde a cada una de estas provincias, así como los proyectos de infraestructura que se puedan realizar.
Las decisiones tomadas por las provincias en el COIRCO, como la construcción de Portezuelo del Viento, deben ser unánimes. De no ser así, la situación pasa a estar sujeta a un laudo que deberá resolver el presidente de la Nación.
La instancia de laudo arbitral del COIRCO fue activada dos veces en relación a la aprobación de Portezuelo del Viento. En la primera, en enero de 2018, el entonces presidente Mauricio Macri se decidió a favor de la realización del proyecto con la condición de que se evalúe el impacto ambiental en toda la cuenca del Río Colorado.
Acerca de la segunda, elevada a principios de 2022, ahora se conoce la definición del presidente Alberto Fernández.
Fuente: Energía y Negocios
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