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Las distribuidoras eléctricas -como Edenor, Edesur o Edemsa- no pagan el total de la energía que consumen desde 2020. Al principio, fue por la pandemia. Luego, por el congelamiento tarifario -subas en las boletas por debajo de la inflación en 2021-. Cammesa, la administradora mayorista del sistema eléctrico, se encontró que le debían casi $ 500.000 millones. El agujero fiscal fue de tal magnitud que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió encontrarle una solución.
La subsecretaría de Energía -que depende de la secretaría de ese nombre- anunció el viernes que llegó a un entendimiento con 11 distribuidoras y 5 cooperativas, para regularizar $ 210.000 millones que estaban pendientes de cobro. El Gobierno les permitirá refinanciar deuda anterior al 31 de agosto de 2022, cuando empezó a regir la segmentación. También les perdonará deuda, aunque el nombre elegido para ese mecanismo es “compensación”. El monto que les fue condonado supera los $ 62.000 millones.
Durante el debate por la ley de Presupuesto de 2022, se estableció que las distribuidoras eléctricas tenían que estar al día con Cammesa desde marzo de 2023. Para lograrlo, se les ofreció un plan para refinanciar sus deudas, que también incluye las “compensaciones”, o perdones. Es dinero que las compañías ya no le deberán al Estado nacional.
Los ajustes en las boletas de luz se vienen dando por la quita de subsidios en un renglón que compone la facturación: la generación eléctrica. Los sectores identificados como de “altos ingresos” o que renunciaron a las subvenciones -por ejemplo, porque quieren acceder al “dólar ahorro”- están perdiendo un tercio de los descuentos estatales por bimestre. El primero fue en octubre-noviembre, el siguiente está ahora (diciembre-enero 2023) y el próximo será desde febrero-marzo 2023.
A partir de ese momento, casi 5 millones de hogares pagarán el costo de la electricidad por completa. En cambio, el Estado seguirá subsidiando ese componente -el de mayor incidencia en las boletas- para los sectores medios, aunque en menor medida que entre 2020 y 2022. Los sectores vulnerables conservarán los subsidios igual que ahora.
El Estado subsidia el costo de generación, es decir, la electricidad que consumen los hogares. Pero las empresas que llevan esa electricidad a los hogares no tienen subsidios. En todas las provincias, recomponen tarifas de acuerdo con las autoridades de sus distritos. Las únicas que quedaron exceptuadas de ese régimen son Edenor y Edesur, que están bajo la órbita del Estado nacional. También sucede con las del interior de la provincia de Buenos Aires (Edelap, Eden, Edes), ya que el gobierno bonaerense lleva adelante lineamientos parecidos a los del Poder Ejecutivo nacional.
Con el presupuesto 2023 también salió una orden para alinear las tarifas de Buenos Aires y el conurbano con las del resto del país. Edenor y Edesur poseen un “valor agregado de distribución” (VAD), que es la remuneración por su servicio, casi congelado, mientras que las distribuidoras del interior si pudieron subir sus importes. Habrá una audiencia pública en las semanas próximas en las que se tratará el tema. Las distribuidoras argumentan que sus tarifas están un 300% atrasadas.
Edesur debía, al 31 de agosto, más de $ 66.000 millones. De ese total, refinanciará $ 47.000 millones. El resto (19.000 millones) corresponde a una “compensación”.
“La compensación surge de algo reglamentado en el artículo 40 del presupuesto de 2021, y lo que siguió después. Allí se establecía que se podían ‘compensar’ el equivalente a cinco facturas que cada distribuidora le tenía que pagar a Cammesa en 2020”, explican en Energía.
Según Energía, no es un “perdón”. “Esas facturas tienen que haber tenido algún destino específico, como subsidiar la demanda, inversiones, eficiencia energética. De esa forma, el ente concedente, el regulador y la distribuidoras presentaron un plan de trabajo a la secretaría de Energía, y en base a ese plan de trabajo, se les van reconociendo compensaciones con la condición que cumplan con el acuerdo prometido, pagar la factura corriente y la deuda”, explican en Energía.
Edenor poseía una deuda de $ 57.000 millones. Pagará $ 33.000 millones. Unos 24.000 millones entraron como “compensación”. La distribuidora cambió de accionista mayoritario. Dejó de ser de Pampa, para estar en manos de un grupo controlado por José Luis Manzano y Daniel Vila. Ambos son amigos del ministro de Economía, Sergio Massa.
La mendocina Edemsa, también de Vila-Manzano, también obtuvo un tercio de compensaciones. Su deuda original era de $ 11.249 millones y ahora le quedó en $ 7.384 millones. La diferencia de $ 3.865 millones fue “compensada”.
La misionera Emsa debía $ 19.000 millones. Se anotó en un plan de pagos de $ 16.300 millones. El resto le quedó compensado.
La chaqueña Sechep debía $ 17.675 millones. Anotó $ 3.251 millones como “compensación” y refinanció los $ 14.400 millones restantes.
Tres cooperativas de Chubut (Rawson, Sarmiento y Trelew) acumulaban $ 13.000 millones de rojo con Cammesa. Casi $ 10.000 millones serán vueltos y pagar. $ 3.000 millones figuran como “compensados”.
La riojana Edelar acumulaba un pasivo con Cammesa de $ 9.285 millones. Tendrá que pagar $ 7.765 en cuotas, mientras que $ 1.520 millones los registrará como “compensados”. La cordobesa Epec -una de las que tiene las tarifas más caras del país- poseía una deuda de $ 5.326 millones. No tendrá que pagar nada. Todo ese monto será “devuelto” a través de las compensaciones, si se sigue la interpretación oficial de este acuerdo.
Fuente: Clarín