09/01/23

Desde APJGas piden explicaciones al gobernador entrerriano, Gustavo Bordet por el intento de estatización de GasNEA



La movida que lleva adelante el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet para estatizar el servicio de distribución de gas que opera en la provincia la concesionaria nacional privada GasNEA se topó con un sorpresivo cuestionamiento sindical que alertó sobre la falta de argumentos concretos y las reales intenciones que habría detrás de la medida.

A mediados de noviembre, el gobernador Bordet dispuso por medio del decreto provincial 3912 “la revocación unilateral” del contrato de concesión vigente con la gasífera privada GasNEA y le solicitó al Enargas que proceda a nombrar como nueva licenciataria del servicio a la estatal Compañía Entrerriana de Gas S.A. (CEGSA).

Para justificar la revocación de la concesión de Gas NEA, el gobierno de Entre Ríos puso como argumentos la existencia de “visibles incumplimientos de las obligaciones asumidas por la firma distribuidora y el quebrantamiento de la ecuación económica del contrato”.

Tras notificarse de la medida, la conducción Gas NEA rechazó los supuestos incumplimientos endilgados por la provincia y aseguró que cuenta con “un patrimonio adecuado y suficiente a los fines de solventar la prestación del servicio”.

La distribuidora gasífera –cuya concesión nacional abarca también las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones– es piloteada desde 2013 por un grupo empresario local que también controla las transportistas eléctricas regionales del NOA y NEA y que logró sacar a la empresa de la convocatoria de acreedores que había heredado de la anterior sociedad controlante que encabezaban Alejandro Urtubey, hermano del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF).

Tras advertir que acudirá a todas las instancias administrativas y legales para defender sus derechos, GasNEA destacó que “se cumplió con creces con las inversiones comprometidas en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2017, pese a la interrupción registrada en los mecanismos de actualización tarifaria”. Y remarco que “a contramano de lo que dice la provincia, en la última década se registró un incremento del 62% de la cantidad de clientes y no existe ningún trámite, ni expediente del Enargas tendiente a revocar la concesión”.

Si bien la situación se mantiene, por ahora, sin cambios y a la espera de una definición del Enargas, desde la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural (APJGas) salieron a manifestar su preocupación y a pedir explicaciones a la provincia.

El secretario general de la entidad que agrupa a los trabajadores de GasNEA, Rubén Ruiz, señaló-- a medios entrerrianos-- que desde el Enargas le indicaron que hasta ahora no habrían detectado ninguna irregularidad que justifique la medida del gobierno provincial.

Según indicó Ruiz, las autoridades de ente regulador le aseguraron que “en principio no tienen denuncias graves contra GasNEA por lo que consideran que “es muy difícil avanzar” con la revocación del contrato. Y agregaron que no cuentan con “información veraz” respecto de las irregularidades que se plantean en los considerandos del decreto.

Tras destacar que están esperando una respuesta al pedido de audiencia que la entidad solicitó al gobernador, Ruiz advirtió que no es posible que el servicio de GasNEA quede en manos de la estatal Compañía Entrerriana de Gas SA (Cegsa), tal como lo propone el decreto 3912.

“La ley de privatización de Gas del Estado dice es que la operación de distribución no puede estar en manos de organismos estatales, por lo tanto, Cegsa tendría que buscar un operador privado. Por ese motivo, no descartamos que detrás de esto haya un operador privado que quiera quedarse con la operación”, remarcó Ruiz.

Con respecto a este punto también puntualizó que Cegsa “tiene muy pocos trabajadores y por lo tanto no podría hacerse cargo fácilmente de esto si no tuviera algún privado detrás”.

“Estamos investigando que privado está detrás de esta maniobra y no descarto que se trate de Redengas, la otra empresa distribuidora que opera en Paraná”, indicó el titular de APJGas.

“A nosotros nos parece que hay un componente político y un componente empresario muy fuerte en esta movida y tenemos que seguir revelando de qué se trata”, advirtió Ruiz.

Reafirmó que el objetivo de APJGas es “defender los puestos de trabajo y también velar por continuidad del servicio, con la misma calidad y seguridad. Así que estamos muy atentos a que a lo que suceda”.

“Nos parece que en este tema no hay solamente dos actores, el Gobierno de Entre Ríos y Gas Nea, sino cuatro, porque los trabajadores y los usuarios también tenemos que ver en esto”, sostuvo Ruiz.

Por último, el dirigente gremial remarcó: “Nosotros en este tema no vamos a defender nada que no esté claro. Y no vamos a dejar de darle la razón al gobierno de Entre Ríos, si la tuviera. Pero hasta ahora no aparece ningún dato que explique por qué la revocación del contrato con GasNEA se dio de manera intempestiva”.

Fuente: TyE