Este conflicto tiene disímiles y complejas aristas y es de difícil solución, a tal punto que la Cámara de Exploración Producción de Hidrocarburos (CEPH) remitió una nota a la Ministro de Trabajo de la Nación, Raquel Kismer de Olmos solicitándole que dicte la conciliación obligatoria y que se dispongan toda las medidas legales “a fin de evitar perjuicios en la producción y en la distribución de hidrocarburos”.
La CEPH resalta además que de forma sorpresiva, sin previo aviso y de forma unilateral, el gremio inició un paro general a partir de las 19:00 del viernes “por cuestiones ajenas a esta Cámara”.
Como hecho llamativo, fue el gobierno provincial el que se ocupó de retransmitir a través de su canal oficial de prensa el comunicado de la CEPH pero omitió dar a conocer las instancias que se plantearon en una reunión que funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Provincia encabezados por su titular, Teodoro Camino, mantuvieron el jueves con dirigentes gremiales en Río Gallegos.
JUEZ DESESTIMA PEDIDO DE DESALOJO
Por separado, de acuerdo a datos obtenidos por El Patagónico en fuentes confiables, abogados que representan a Tecpetrol habrían denunciado ante la justicia provincial que un grupo de trabajadores había tomado la planta de gas (foto) y que ponían en riesgo la producción y hasta se temía por actos de sabotaje.
Ante esta circunstancia, el fiscal de turno de Caleta Olivia, solicitó que la misma fuera desojada por la fuerza pública, pero ese pedido fue rechazado anoche de plano por el Juez de Instrucción Penal N° 2, Gabriel Contreras.
Antes de tomar esa decisión, el magistrado solicitó a la jefatura de Comisaría Ramón Santos, que enviara una comisión hasta el yacimiento situado a unos 40 kilómetros al oeste del paraje marítimo La Lobería, para que se verificara cual era la situación relacionada al conflicto laboral.
Conforme a esa disposición, el informe policial no se compatibilizó con la denuncia de los letrados de Tecpetrol: nadie estaba bloqueando el acceso a la planta y los pocos operarios de guardia que se hallaban junto a un tráiler pusieron en conocimiento a los informados que ellos permanecen inactivos desde hace tiempo porque la compañía paralizó las operaciones de bombeo.
Esto ya había constatado hace pocas semanas cuando un grupo de diputados provinciales y concejales (éstos últimos de Las Heras y Pico Truncado) acudieron al yacimiento invitados por el gremio.
No solo constataron la paralización de la producción de gas sino que también fueron informados de la brusca reducción en que incurrió la compañía en los últimos años al no invertir en nuevos pozos.
En esa circunstancia, el secretario adjunto del sindicato, Rafael Guenchenén y el referente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, manifestaron que si la compañía quería irse de la zona que lo hiciera y que el gobierno provincial cediera el yacimiento a otra para asegurar los puestos laborales directos e indirectos.
Además repararon que el gobierno debería aplicar sanciones a Tecpetrol por no haber cumplido con las inversiones pactadas en contratos de concesión de áreas.
Adicionalmente, Carrizo dijo anoche al servicio informativo de Caleta VideoCable que “si dejamos pasar por alto este atropello contra los trabajadores, otras empresas pueden hacer lo mismo por distintas circunstancias y nuestra misión es defender los puestos de trabajo de todos nuestros afiliados”.
Fuente: El Patagónico
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