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Sergio Massa habilitó que el ENRE avance con sanciones a Edesur y Edenor, pese que que esta última compañía es propiedad de sus amigos, José Luis Manzano y Daniel Vila. "El ministro de Economía me manifestó que me maneje con total autonomía y firmeza en cuanto a los incumplimientos de las empresas, independientemente de que sus accionistas se llamen Vila, Manzano, ENEL o Caputo", afirmó el ex lilito Walter Martello, a cargo del ente regulador del sector (ENRE).
Las sanciones a las empresas llegan luego que las empresas Edenor y Edesur exigieron una recomposición del valor de distribución en dos cartas que cada una le envió al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) donde advirtieron sobre "la calidad y continuidad del servicio público".
Edenor, empresa que controla el grupo de Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, envió una carta al ente el 23 de septiembre pasado donde analiza el "impacto financiero y contable del incremento del costo de la energía dispuesto por el ENRE". Allí, indica que el ente regulador debe reconocer costos que la empresa "no puede controlar", como el "aumento inflacionario", y dijo que los únicos dos aumentos que se dieron en los últimos tres años fueron "de manera parcial e insuficiente".
Por su parte Edesur, empresa controlada por el grupo italiano Enel, envió su carta el pasado 13 de octubre, en la que solicita un "reajuste urgente del costo propio de distribución, actual y postergado, a fin de hacer cesar el detrimento patrimonial de la distribuidora e interrumpir licuación de ingresos reales para la operación normal del servicio público".
Martello salió al cruce de las cartas enviadas por las distribuidoras, que ademas cuestionan la demora en la respuesta acerca de los nuevos incrementos y el posible impacto que esto podría tener en el servicio.
"El cumplimiento contractual para el mantenimiento de la calidad no debe estar atado solamente a la cuestión que implique una mejora en sus gastos sino fundamentalmente en inversiones, y de no cumplirse las mismas existe la sanción como elemento legal para aplicación del organismo", les advirtió a las distribuidoras.
Martello interpretó que las empresas utilizan el atraso tarifario para justificar el aumento de la deuda con Cammesa, un tema que Massa sigue de cerca y que la secretaria de Energía, Flavia Royón, abordó cuando tuvo que exponer en las audiencias del Presupuesto en Diputados. Economía entiende que luego del reciente aumento tarifario anunciado, las empresas ya no tienen excusas para no pagarle a Cammesa.
"Durante mucho tiempo, la excusa de las empresas para no invertir tenía que ver con que no tenía tarifas acordes a las necesidades de sus inversiones, entonces para solventar sus gastos, le debían a Cammesa", explicó Martello a LPO y agregó que "la prioridad es que cumplan con el plan de inversiones acordado que no es lo que está ocurriendo".
Sobre las sanciones Martello relató que "en 45 días he multado a las empresas tanto de transporte como de distribución por 629 millones de pesos aproximadamente porque entiendo que es parte del contralor porque sino hay un doble financiamiento", y advirtió: "Que empiecen a pagarle a Cammesa, pero que también empiecen a cumplir con las inversiones, o sino serán sancionadas".
Además el titular del ENRE se refirió a los aumentos que se desprenden del presupuesto. "Quiero aclarar que todos los grandes titulares de futuros aumentos no son reales, no sé de dónde lo calcularon porque todavía falta todo el proceso jurídico que detalle anteriormente", y descartó que el incremento se pueda realizar en un período de tiempo tan corto "porque falta que se trate el presupuesto en el Senado, ver como sale la normativa y el decreto reglamentario, entonces yo no entiendo porque titularon que en Marzo se viene el aumento".
Por otro lado, respecto a la actualización que corresponde del valor de las empresas transportistas, Martello aseguró: "Es la única audiencia pública que está convocada para el 30 de Noviembre, porque ahí hay un atraso importante pero, aún aceptando el reclamo de las 8 empresas de transporte, el impacto no sería más que 25 pesos por factura".
Según pudo saber LPO desde el Ente Regulador se está analizando ampliar las facultades del organismo para ejercer la potestad de embargar las cuentas en caso de que las empresas incumplan lo acordado ante el Estado.
Fuente: LPO