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Los importes de las boletas de luz y gas subieron desde comienzos de mes, y el impacto de las mismas será en octubre. Sin embargo, las distribuidoras de esos servicios públicos cuentan que -en algunos casos- todavía no poseen los padrones con la segmentación, es decir los nombres de los clientes a los que se les quitará el subsidio, o se los mantendrá parcialmente o totalmente.
Tras algunas demoras, las distribuidoras eléctricas de Buenos Aires ya se hicieron de esa información. Les permite aplicar aumentos diferentes según el tipo de usuario: nada para los de bajos ingresos, y casi un 40% para los que mantienen parcialmente los subsidios.
En cambio, las distribuidoras de gas aún no poseen esos datos, según explicaron distribuidoras de ese servicio, que pidieron no ser identificadas. El aumento en las boletas del gas será cercano al 50%.
El apuro en torno a la electricidad está relacionado a que es la mayor generadora de subsidios. Cammesa necesita que las distribuidoras le cobren un mayor precio a sus clientes para ir reduciendo las subvenciones.
La temporada de altos consumos de gas ya pasó. Un retraso en la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios no tendría un impacto significativo en las cuentas públicas, según fuentes del sector.
Aunque los economistas medirán la suba de tarifas como impacto en la inflación de septiembre -siempre se hace al momento que se difunden nuevos cuadros tarifarios-, los bolsillos de los hogares lo sentirán a partir de octubre.
En Edenor ya tienen las herramientas para adecuar las tarifas. La secretaría de Energía les mandó un link a las eléctricas para que pueden descargarse quiénes son los clientes nivel 1 (no tendrán más subsidios), nivel 2 (los mantienen por completo) y nivel 3 (los conservan parcialmente).
Pero hay un problema que están notando tanto las autoridades como las empresas. Se presumía que los usuarios que no se anotaban en el registro perdían las subvenciones. Y se creía que allí estaban solo clientes que consideran que no requieren asistencia estatal para pagar las tarifas.
En el Gobierno suponían que los beneficiarios de tarifa social, o alguna prestación estatal, iban a ser fácilmente incorporados a los padrones en el nivel 2, es decir que siguen conservando los ingresos.
Hay 6 millones de hogares que no se anotaron en el registro. La mayoría de hogares corresponde personas de bajos ingresos.
Los usuarios con ingresos altos -el nuevo parámetro del Gobierno son ingresos familiares por $ 390.000 - son menos de 500.000, según los registros oficiales. Hay, al menos, otro millón que reuniría esa característica patrimonial o que quieren mantener la posibilidad de acceder al "dólar ahorro", según estimaciones oficiales.
Eso dejaría en varios millones de hogares a los posibles beneficiarios de usuarios -por ingresos bajos- que todavía no se anotaron.
El Gobierno está tratando que sectores de bajos ingresos que no se anotaron en el registro de subsidios ahora sí lo hagan. El entrecruzamiento de información entre beneficiarios de ayudas sociales y la secretaría de Energía no está llegando tan rápido como quisieran varios gobernadores y el Poder Ejecutivo.
Varios gobernadores provinciales advierten (en especial de provincias con casi 50% de pobreza en algunas zonas) que la población que perderá subsidios en sus territorios es superior a lo previsto inicialmente. Quieren evitar que lleguen boletas con aumentos a segmentos de bajos ingresos.
“El registro (de subsidios) continúa abierto para quienes no hayan aún iniciado el trámite”, repiten en el Poder Ejecutivo.
Fuente: Clarín