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La ministra de Economía saliente, Silvina Batakis, fue subida este martes a un avión y llevada a Río Gallegos para firmar la adenda al convenio financiero con los bancos chinos que financian la construcción de las represas de Santa Cruz. La decisión implica un endeudamiento adicional de US$ 550 millones al contrato original de US$ 4714 millones, aunque fuentes al tanto del proyecto explicaron a EconoJournal que el costo extra será “solo” de US$ 300 millones porque en los últimos tiempos el costo de la mano de obra se abarató en dólares. La rúbrica de la ministra era un requisito para reactivar las obras, que están virtualmente paralizadas desde principios de 2021 cuando desde China interrumpieron el acceso al crédito otorgado por los bancos de ese país.
El costo adicional de la obra, que está a cargo de una UTE conformada por la empresa china Gezhouba y Electroingeniería, la compañía fundada por Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, es consecuencia de una reformulación de la propuesta técnica destinada a neutralizar el riesgo geológico de la obra. Como publicó este medio a fines de 2019, la falla que encontraron durante el inicio de la construcción es tan severa que para remediarla se requiere la construcción de una estructura subterránea que demandará casi el doble del hormigón previsto inicialmente.
El contrato inicial preveía el uso de 870.000 metros cúbicos de hormigón y ahora se utilizarán 800.000 m3 más para evitar un derrumbe que termine siendo catastrófico. La diferencia es tan significativa que también se requeriría una adecuación del estudio de impacto ambiental, según indicaron las fuentes consultadas.
Batakis firmó la adenda el mismo día que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, visitó Taiwán, elevando la tensión con China a niveles inéditos. El dato no es menor porque Argentina deberá renegociar su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos, quien marca el paso dentro de ese organismo multilateral, viene presionando para que los países de la región le pongan un freno al desembarco de China en proyectos estratégicos.
Viaje sorpresa
El jueves 28 de julio el presidente Alberto Fernández informó que Sergio Massa será el nuevo ministro de Economía y desplazó a Silvina Batakis, quien había asumido el pasado 4 de julio, apenas 24 días antes. Cómo Massa primero tenía que renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados su asunción se demoró hasta este miércoles 3 de agosto, pero ya se mueve como ministro y Batakis fue corrida de la escena. De hecho, ya se confirmó que asumirá como presidenta del Banco Nación.
No obstante, en el medio de la transición se decidió que ella sea la encargada de ponerle la firma a una readecuación millonaria del contrato con los bancos chinos. Está claro que la polémica decisión de viajar a firmar esa adenda no fue tomada por la ministra saliente, pero podría forzarla a recorrer los tribunales durante los próximos años.
La rúbrica del contrato fue celebrada por el cristinismo, que desde hace varios meses venia presionando para cerrar el nuevo acuerdo y no había logrado que el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, les diera el gusto de poner la firma.
Qué pasó con la obra
En agosto de 2013 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le adjudicó la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz a un consorcio conformado por la china Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo.
En julio de 2014, durante la visita del presidente chino Xi Jinping al país, se firmó el contrato de financiamiento con un grupo de bancos chinos. China Development Bank Corporation (CDB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China Limited (BOC) se comprometieron entonces a aportar 4714 millones de dólares para financiar la obra a una tasa de interés Libor + 3,8 por ciento.
El crédito fue por quince años y contempló cinco años y medio de gracia para el capital, justo el plazo que se preveía para la construcción de las represas. Se suponía que el Estado recién iba a comenzar a pagar el préstamo una vez que las centrales estuvieran operando. De ese modo, los fondos para hacerlo provendrían del contrato de venta de energía.
El problema es que la construcción se fue demorando. Primero por cuestiones judiciales y políticas, como la renegociación que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, y luego por problemas técnicos, como la aparición de rajaduras en el terreno durante la construcción de la obra civil.
El inconveniente se presentó en la represa Néstor Kirchner, el proyecto más grande. Se registraron varios deslizamientos de tierra en la zona y antes de avanzar se debieron descartar riesgos geológicos. Para eso comenzaron a realizar un pozo exploratorio de 10 metros de ancho por 40 de profundidad. El objetivo fue extraer una muestra de 50 centímetros por 50 centímetros de la piedra que hay en el lugar y mandarla a analizar a la Universidad de San Juan para evaluar distintas alternativas.
Fuente: EconoJournal