Más de 5,5 millones de hogares se anotaron en el formulario para mantener los subsidios de gas y electricidad en los 11 días que lleva habilitada la inscripción, según fuentes oficiales. Hasta ayer regía la inscripción para los DNI que terminan en 6, 7, 8 y 9. Desde hoy, a su vez, y hasta fin de mes, el Gobierno habilitará nuevamente la inscripción para todos los usuarios que no llenaron la declaración jurada cuando les correspondía.
Los usuarios que no se anoten en la declaración jurada perderán de manera automática los subsidios a partir de septiembre, cuando se espera que comience el incremento gradual de tarifas para el grupo uno de la segmentación, que debería representar al 10% de la población con mayor poder adquisitivo, según los criterios de Secretaría de Energía. El Gobierno también recomendó que los beneficiarios de tarifa social completen el formulario, porque el número de medidor puede no coincidir con los datos del titular de la tarifa social.
Las personas que alquilan también deberán completar la declaración jurada, sin importar que el servicio no esté a su nombre, ya que está la posibilidad en el formulario de regularizar la situación y que el número de medidor del consumo se asocie a quien verdaderamente utiliza el servicio.
Si una persona tiene a su nombre más de dos servicios de gas o de electricidad, deberá optar por uno para mantener el subsidio, mientras que en los restantes pagará el costo pleno de la energía.
La declaración jurada estará habilitada durante todo este mes. Con esa información, la Secretaría de Energía cruzará los datos para determinar la población con el 10% de mayor poder adquisitivo que dejará de recibir la subvención y comenzará a pagar el costo pleno del gas y la electricidad, a través de aumentos graduales, que podrían ser hasta tres incrementos bimestrales.
Qué pasa al firmar
Al firmar la declaración jurada, los usuarios habilitan al Estado a acceder a las bases de datos de la AFIP, Anses, Registros de la Propiedad y Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), entre otros organismos que, en caso contrario, no podría porque violaría el secreto fiscal y financiero.
En el Gobierno negaron que la información recibida se pueda usar para otro fin, por ejemplo, para excluir a quienes pidieron mantener el subsidio del acceso al mercado cambiario.
El objetivo de la Secretaría de Energía es que en el agosto ya estén publicados los nuevos cuadros tarifarios, para que comiencen a regir a partir de septiembre, pero su implementación y los aumentos correspondientes dependerá de la cantidad de usuarios que se hayan inscripto en el formulario.
Para completar la declaración jurada, es necesario tener consigo las facturas de gas y electricidad, ya que se solicita el número de cliente y de medidor; el DNI y el número de trámite del último documento emitido; el nombre, apellido y CUIL de todos los integrantes mayores de 18 años que viven en el hogar, y los ingresos totales netos de la familia. La declaración jurada solo se puede completar una vez y es un único trámite para ambos servicios energéticos.
Los usuarios cuyo documento no tiene el número de trámite (los que son del estilo libreta, por ejemplo) deberán completar el formulario únicamente en la Anses, ya que no podrán hacerlo a través del formulario.
El Ministerio de Economía diseñó una segmentación que divide a los usuarios residenciales en tres categorías (no aplica para comercios e industrias): los que reciben tarifa social, los que están entre el 10% con mayor poder adquisitivo, y el resto de los usuarios de ingresos medios, que no pertenece a ninguno de los dos segmentos anteriores. Al completar la declaración jurada, la asignación de segmento es automática según lo declarado en la solicitud y de carácter provisoria. El Estado luego analizará los datos declarados y, en caso de que haya inconsistencias, se podrá asignar una nueva categoría.
La base de datos que se generará con el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) servirá para nutrir el también creado Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (Renut), del cual podrá servir más adelante para segmentar los servicios de agua potable y transporte público.
Los criterios que fijó el Gobierno para aquellos hogares a los que se le quitará el subsidio son: tener ingresos familiares mensuales netos superiores a $364.758,80 (se irá actualizando cada mes en base al dato de la canasta básica total); tener tres o más inmuebles registrados (incluye cocheras); tener tres o más vehículos con antigüedad menor a los cinco años; tener aviones o embarcaciones de lujo, y ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena. Para los usuarios que viven en la Patagonia, el ingreso máximo para acceder al subsidio es mayor, de hasta $445.004,93 (el valor de 3,5 canastas básicas totales tipo 2 más el 22% de beneficio para las zonas alcanzadas por la ley 23.272).
Al momento, de los 5 millones de hogares que completaron la declaración jurada, 212.174 pertenecen al grupo de ingresos altos y perderán los subsidios de manera gradual; 2,8 millones fueron considerados de ingresos bajos y tendrán tarifa social, mientras que 2,1 millones son de ingresos medios, según fuentes oficiales.
Pedido de más plazo
Un grupo de asociaciones de usuarios y consumidores le enviaron una carta al secretario de Energía, Darío Martínez, para solicitarle que el plazo para completar el formulario se extienda hasta fines de septiembre. Además, señalaron que hay 9,7 millones de usuarios de gas en todo el país y 16,5 millones de energía eléctrica, de los cuales, al momento, solo llenaron la declaración jurada 5,5 millones de hogares.
La carta está firmada por todas las asociaciones que integran las comisiones de usuarios del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), entre las que se encuentran Cepis, Consumidores Libres, Deuco, Adecua y Unión de Usuarios y Consumidores.
Las organizaciones también reclaman que “se informe fehacientemente cuál será el valor del costo pleno de la energía y potencia de la electricidad y el pago del costo promedio ponderado del gas que se utiliza para abastecer a la demanda prioritaria a pagar por los usuarios que dejen de percibir el subsidio del Estado nacional”.
Fuente: La Nación
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