La diputada bonaerense, Natalia Sánchez Jáuregui, presentó un proyecto de ley para que una sociedad del estado provincial que se haga cargo de la administración y explotación del elevador de granos del Puerto Quequén que ahora está a cargo de la firma privada "Terminal Quequén S.A.". El control de esa empresa está en manos de Glencore SA (Viterra), Cofco SA, Bunge SA y las compañías locales Curcija SA, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Centro de Acopiadores de Cereales de Necochea y Sociedad Rural.
Sánchez Jauregui llegó a la Legislatura en 2019 por Juntos por el Cambio, como una referente del partido FE del fallecido dirigente gremial de los trabajadores rurales, Gerónimo ´Momo´ Venegas. Sin embargo, al poco tiempo de asumir formó un bloque unipersonal y anunció su adhesión a la bancada del Frente de Todos. Su carrera política la hizo desde el conurbano, fue concejal y funcionaria municipal en el distrito de San Vicente.
La iniciativa legislativa se presentó ante el vencimimiento de la concesión de 30 años que la empresa privada había recibido del Estado Nacional durante el mandato de Carlos Menem. El elevador en juego pertenecía a la Junta Nacional de Granos que fue barrida por las reformas y el achicamiento del Estado que propició el menemismo a través de las privatizaciones.
El elevador fue concesionado en 1992 a Terminal Quequén, luego el Gobierno nacional le traspasó a la provincia y al consorcio de gestión la administración del puerto.
Las firmas que integran Terminal Quequén desconocieron a los nuevos dueños y judicializaron su situación. Así comenzaron en 2001 a “consignar judicialmente” el pago del canon. Esto es, depositaron la cuota del canon en la justicia federal, desconociendo la administración del puerto Quequén, que ejerce el Consorcio de Gestión como titular del ´derecho a cobrar´. Ni el Estado nacional, ni el Consorcio de Gestión del Puerto Quequén recibieron un solo centavo a cambio del uso del elevador.
“El proyecto de ley viene a llenar un vacío del sistema, para dejar de ser un ´Estado bobo´ atento que la concesión del elevador está finalizada y no se ha llamado a nueva licitación, haciendo el uso la empresa que tiene la concesión sin instrumento legal que justifique el mismo”, explicaron desde el despacho de la diputada Sánchez Jáuregui.
La diputada criticó el accionar de la firma Terminal Quequén S.A. debido a que “realizó muy acotadas inversiones en relación a los beneficios económicos obtenidos a lo largo de sus treinta años de explotación” y que en estos momentos la empresa “se encuentra haciendo un importante lobby en el directorio del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, a través de los directores que puso en el mencionado ente para continuar con la explotación del elevador”.
El proyecto de ley promueve la creación de una sociedad del Estado Provincial, denominada Elevador Quequén SA”, para que administre una de las tres terminales de carga que tiene ese puerto de ultramar del sur bonaerense. La intervención estatal sería tanto en la descarga de camiones y trenes con granos que lleguen al lugar, como en la carga de los buques que exporten dicha mercadería. Para ello se valdría de las instalaciones del elevador que viene operando Terminal Quequén SA.
En Quequén, uno de los dos puertos habilitados para la carga de granos con que cuenta la provincia junto con el de Bahía Blanca, funcionan tres empresas dedicadas a ese negocio: Sitio Cero (construido más recientemente y operado por CHS, Cofco y Nari); la terminal cooperativa de ACA y la Terminal Quequén SA cuya concesión se encuentra vencida.
Según el proyecto, la sociedad de capital estatal debería distribuir sus beneficios de la siguiente manera: 25% al Hospital Municipal José Irurzum de Quequén; 25% al Hospital Municipal Emilio Ferreyra de Necochea; 25% para nuevas inversiones a los fines de mejorar la productividad del elevador y el restante 25% para reparación de las vías terrestres de acceso a Quequén y Necochea ”.
Fuente: Transporte y Logística
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