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Las distribuidoras de energía eléctrica y gas natural por red, juran, se enteraron por los medios de comunicación la estrategia del gobierno para implementar la segmentación de las tarifas de los servicios públicos. De hecho, como prueba sostenían que entre el jueves y el viernes aún continuaban analizando el decreto publicado en el boletín oficial y le surgían más preguntas que respuestas a las posibilidades de aplicar el nuevo esquema de precios que el ministro de Economía, Martín Guzmán, pretende poner en marcha este mismo mes.
Sin pelos en la lengua, las empresas consideran "inviable" poner en marcha en el "corto plazo" el trazo grueso de la medida, porque evalúan que "llegó de repente y con mucha improvisación". Por lo pronto, en la previa del fin de semana XL, avisaron que no harán "nada" hasta que los entes reguladores les den órdenes.
Las energéticas, consultadas por Letra P, admitieron tener "incertidumbre" por la forma en que se pondrán en marcha los subsidios segmentados para los usuarios que hasta mayo contaban con tarifas diferenciadas por consumo y regiones. Lo llamativo, agregaron, fue la "ausencia total" de comunicación desde la Secretaría de Energía con las empresas para "consultar sobre las distintas estrategias", para aplicar la redistribución de la ayuda del Estad o a los ciudadanos. "Ni siquiera nos llamaron para contarnos que iba a salir el decreto y explicarnos la forma en que íbamos a cobrarlo", se quejaron desde una de las distribuidoras.
La segmentación quedó en manos del subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, un hombre de confianza de Guzmán, que decidió lidiar con el plan casi en soledad, debido a que convive en la Secretaría de Energía que conduce Darío Martínez con la relación hostil que mantiene el jefe del Palacio de Hacienda con los camporistas Federico Basualdo (subsecretario de Energía Eléctrica), Federico Bernal (Enargas), Soledad Manín (ENRE) y Agustín Geréz (presidente de Energía Argentina). A pesar de haberlos marginado de la planificación e incluso de las audiencias públicas, por las críticas vertidas a los aumentos tarifarios, ellos todavía tienen la última palabra.
"Nosotros vamos a esperar a que el ente regulador nos dé instrucciones para poder aplicar la segmentación, porque no tenemos información oficial absolutamente de nada", aclaró otra fuente empresaria consultada por Letra P. Por tanto, las distribuidoras no moverán un lápiz hasta que los funcionarios camporistas les presenten las formas y los modos en que deberán facturar de ahora en más. "Cuando nos manden los listados de los consumidores que corresponden a cada una de las categorías los colgamos rápidamente en nuestra página web. Pero para cobrarles será un proceso que llevará tiempo", completó, en total reserva, la misma empresa.
Pero para que el ENRE, en el caso de la energía eléctrica, y el Enargas, para el gas natural, puedan trasladar el mecanismo, coordinar los pasos a seguir y despejar dudas, a priori será imprescindible que López Osornio vuelva a tener diálogo con Basualdo, Bernal y Manín. O deberá ser el propio subsecretario de Planeamiento Energético el que se comunique con cada una de las empresas, que hasta el momento dejó vacío el casillero del diálogo, según se quejaron desde el sector privado.
Según las distribuidoras, "primero se deberá poner en marcha el registro anunciado, que la gente se anote y después ingresará esa información a las empresas". "Recién ahí nuestro departamento de Sistemas podrá analizar la forma en que se puede discriminar, porque en principio parece un trabajo muy artesanal el que se debe hacer, similar al que se hizo con la Tarifa Social, que se trata de una muestra muy chica en comparación con el grueso de los usuarios que seguirán teniendo subsidios", señaló otra fuente empresaria, quien, además, calificó de tarea "inviable" para aplicar en el "corto plazo".
Para tal fin, se habilitará la página para que cada usuario deberá realizar una declaración jurada en el marco del Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (ReNUT). De allí surgirán aquellos contemplados para la segmentación bajo estos parámetros: quienes tienen ingresos mensuales y netos superiores a un valor equivalente a tres y media canastas básicas y totales; sean titulares de tres o más automóviles con una antigüedad menor a cinco años; o de tres o más inmuebles; o de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo; o de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena; quienes reciben el beneficio de la tarifa social; o quienes no cumplan con ambos parámetros.
En el caso de la Tarifa Social será "sencillo", porque el padrón ya está confeccionado. El problema estará centrado en la conformación del listado de la clase media, que es el mayor desafío para evitar conflictos de inequidades y se despierte una ola de reclamos judiciales. "Se le traslada un problema a los usuarios increíble. Tienen que hacer el trámite, online o presencial, con todos los imprevistos que existen ante tanta improvisación", se quejó otra fuente empresaria. Aun así, el 10% rico, que deberá pagar la tarifa plena, tendrá aumentos escalonados para quedarse sin subsidios recién a fin de año.
Fuente: Letra P