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Un balance que diferentes asesores contables de las Estaciones de Servicio vienen realizando en los últimos días, arroja como resultado que la falta de combustible para vender, generó un “bache fiscal”, cuyas consecuencias podrían ser minimizadas de llevar adelante una gestión oportuna ante la AFIP y los organismos recaudadores.
“Ante el vicio de pedir está la virtud de no conceder”, es un dicho muy común en el fuero judicial, por lo cual, estos términos le caben al presente del sector, signado por los faltantes de producto, las deudas generadas por las pérdidas de capital que dejó la crisis sanitaria, los aumentos de salarios, el congelamiento de los precios y la avanzada inflacionaria.
Al respecto, el asesor tributario de FEC, Sebastián Vázquez deslizó la posibilidad de que se pueda llevar a cabo una gestión técnica para reclamarle al fisco un plan especial de moratoria de impuestos y de retraso en las fechas de los cumplimientos.
“Nunca hubo en la historia de las Estaciones de Servicio una iniciativa como la que se está analizando, ni siquiera en el peor momento de desabastecimiento del gobierno kirchnerista”, recordó.
Vázquez dejó abierta la opción de exigir postergaciones en los vencimientos de impuestos “porque de alguna forma, el costo fiscal es neutro para el Estado ya que aunque más tarde, el impuesto se paga igual”, detalló en diálogo con este portal de noticias.
Como ejemplo, destacó que para las PyMES ya rige un procedimiento especial por el cual se las habilitó a postergar trimestralmente el pago del IVA, lo cual contribuye a las finanzas de la empresa y no impacta fuertemente en las arcas del Estado.
“Las moratorias son posibles de pedir pero se cargan con intereses. De este modo resulta al final del camino más perjudicial para el estacionero como contribuyente dado que a las pérdidas por la falta de ventas se le suman los intereses, aportando así al crecimiento del nivel de costos fijos”, advirtió Vázquez.
Finalmente descartó que sea posible retomar los procedimientos relacionados con las cargas laborales y normas especiales que se aplicaron en la emergencia sanitaria, por las cuales el Estado se hacía cargo de una parte de los haberes. Consideró que los tiempos y la burocracia no hacen posible dicha solución.
Fuente: Surtidores