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La pretensión de Trenes Argentinos de volver a prestar pronto el servicio entre Plaza Constitución y Bahía Blanca, después del descarrilamiento de una formación la semana pasada, tendrá que esperar.
El juzgado federal 1 de Azul dispuso la “prohibición cautelar del servicio de trenes de pasajeros” de ese ramal. Para levantarla, el juez Gabriel Di Giulio le exige tanto a la empresa estatal como a otras dos compañías, que cumplan antes con una serie de medidas.
El magistrado pide “un informe técnico con el relevamiento e inspección del ramal completo, que detalle el estado de las vías, terreno y fundamentalmente especifique si el mismo garantiza la seguridad de los pasajeros y del personal ferroviario dentro de los estándares técnicos aplicables”. Agrega que el reporte “deberá fundarse en relevamientos y estudios que garanticen su actualidad”.
La exigencia alcanza tanto a Trenes Argentinos, que brinda el servicio de pasajeros, como a "Ferro Pampeana SAC y SOFSE Roca" que utilizan la vía para el transporte de cargas, desde su concesión en los años 90. Según el juez, el informe podrá ser elaborado “en forma conjunta o separada” por las tres firmas.
“Las referidas empresas deberán informar al Juzgado cuáles son las medidas de seguridad que se adoptarán para garantizar la seguridad de los pasajeros y personal ferroviario y remitir el plan de implementación con detalle de metas y en su caso de plazos”, dice el segundo punto de la resolución de Di Giulio, revelada en un comunicado. Mientras tanto, no podrá haber servicio.
Tras el siniestro, Trenes Argentinos informó que no habría prestación, al menos, hasta el domingo 13 y comenzó con la devolución o el cambio de los pasajes. El pasado viernes, la compañía extendió la cancelación de los servicios “hasta el jueves 17 de marzo, inclusive”.
Lo fundamentó en que, al inicio del fin de semana, todavía estaban trabajando en el lugar, cuadrillas de Trenes Argentinos, FerroSur Roca y FerroExpreso Pampeano. El martes 8, tras visitar el lugar del descarrilo, en la zona de Pourtalé, cerca de Olavarría, el juez Di Giulio abrió la causa 3477/22.
Al mismo tiempo, dispuso el secuestro de la caja negra de la formación 333, conformada por once vagones, siete de los cuales, se salieron de la vía. También ordenó la incautación de la cámara que, desde la parte frontal de la locomotora, registra todo el trayecto.
Así como dispuso además que se extrajeran muestras de sangre al motorman y a su acompañante para realizar los test de alcoholemia y toxicológico de rigor, al mismo tiempo, requirió el resultado de los exámenes practicados a ambos antes de que el tren partiera.
Además de sus declaraciones testimoniales y las de algunos pasajeros, Di Giulio solicitó informes sobre el historial de velocidad del tren y las previsiones meteorológicas para el viaje que se había iniciado el lunes 7, al atardecer, en la estación Constitución.
El tren partió con 479 pasajeros a bordo en horario, aunque minutos después debió realizar una parada de una hora y media a raíz de un piquete en la zona de El Jagüel. Pasadas las 5 de la mañana del martes, luego de pasar por Olavarría, descarrilló.
Según los pasajeros, comenzó a frenar de golpe y se apagaron las luces. Tras el impacto, los vagones que cedieron al costado de la vía, quedaron muy cerca de una laguna formada por agua de lluvia.
Los primeros en llegar al lugar para asistirlos, fueron personas de un campo cercano que, ya con los bomberos y policías en el lugar, colaboraron con el rescate en camionetas de los pasajeros. Hubo 27 heridos leves y uno solo quedó internado con una contusión.
Fuente: Clarín