La distribuidora eléctrica Edesur le respondió ayer al Gobierno por las críticas que se le realizaron con relación al nivel de inversiones de la empresa y volvió a señalar que los ingresos que perciben son insuficientes para cubrir sus costos. En una carta dirigida a la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manín, la distribuidora indicó que el organismo “incurre en observaciones que alteran el sentido de nuestra presentación [en la audiencia pública], dando una interpretación particular que puede confundir sobre el resultado de los dichos vertidos”.
“Un aspecto que llama la atención es que, respecto de las inversiones, sólo se consideran las obras, dejando de lado la modernización y digitalización de sistemas y comunicaciones que tienen una incidencia relevante en la atención de usuarios y fue de una importancia mayúscula en los últimos tiempos”, dice la misiva.
Hace unos días, el ENRE criticó a Edesur y Edenor en una resolución que publicó en el Boletín Oficial en conjunto con la Secretaría de Energía. El Gobierno decía ahí que “la distribuidora hace mención a que durante 2020 y 2021, ha realizado inversiones por el 70% de los ingresos de la misma”, pero que, según sus estados contables, las “cifras son muy distantes al 70% informado por esta distribuidora”.
En este sentido, la distribuidora administrada por la empresa italiana Enel indicó: “En el caso de las obras, se hace referencia a ‘las constatadas’, cuando, por un lado, sistemáticamente, todos los meses, se entrega información del avance de obras para el ejercicio de control del Enre, y por el otro, especificadamente Edesur, al finalizar cada año, emite un informe confeccionado por un consultor independiente que certifica lo realizado en esa materia en el año de cierre y tiene total coherencia con la información de los estados contables entregados a la Bolsa de Comercio y sobre los cuales nunca hemos recibido observaciones o pedidos de ampliación por parte del Ente y es en virtud de lo cual surge nuestra información”.
“De esta manera, solicitamos adecuar el informe final a estas consideraciones, poniéndonos a total disposición a efectuar el cierre en forma conjunta, teniendo en cuenta el total de instalaciones puestas en servicio”, dice la carta firmada por la apoderada, Andrea Iturriaga.
La empresa, además, volvió a remarcar la falta de ingresos para operar, ya que en los últimos tres años, con una inflación acumulada de casi 200%, tuvo solo dos incrementos tarifarios, de 21% el año pasado y 8% desde este mes.
“Finalmente, reiteramos lo ya expuesto en este expediente sobre la imperiosa necesidad que sean reconocidos a esta Distribuidora los recursos necesarios para la prestación del servicio público como el resultante de ‘tarifas justas y razonables’ que permitan ‘obtener ingresos suficientes para satisfacer los costos operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y una tasa de retorno’ deberá ‘guardar relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de la empresa’ y ‘ser similar, como promedio de la industria, a la de otras actividades de riesgo similar o comparable nacional e internacionalmente’”, dice la misiva.
En la audiencia pública del mes pasado, Jorge Lemos, gerente de Edesur, dijo que “los ajustes de tarifas otorgados son insuficientes a la luz del proceso inflacionario del país, lo que se ha reflejado en pérdidas de balance de $9082 millones y de $17.864 millones en 2020 y 2021, respectivamente, afectando el patrimonio de la empresa”.
También indicó que “los ingresos deben ser suficientes y oportunos para cubrir los costos operativos, de capital e impuestos, ya sea provenientes de tarifas y/o con subsidios”.
“Hemos presentado el flujo de fondos solicitando $43.236 millones adicionales con la finalidad de contar con los recursos necesarios para seguir el camino de mejora de la calidad. Será decisión de las autoridades si dicho monto provendrá de un aumento de tarifas, de subsidios o una combinación de ambos”, remarcó.
Edesur y Edenor son las dos únicas distribuidoras que están bajo regulación nacional, a diferencia del resto de las empresas que son controladas por las provincias. En el último año, como a las distribuidoras no les alcanzan los ingresos que perciben para cubrir sus costos, se financian con el Estado a través de Cammesa, la compañía con control estatal encargada de los despachos de energía eléctrica. Esto genera un subsidio indirecto y una injusticia con los usuarios del interior, que nos reciben las mismas transferencias del Tesoro.
Fuente: La Nación
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