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A casi tres meses de la publicación del decreto que cambió las reglas del mercado aéreo de cabotaje, este miércoles comenzará la negociación de las aerolíneas low-cost con el Gobierno por el reestablecimiento de las bandas tarifarias en los vuelos domésticos.
Las operadoras asistirán a una reunión en el Ministerio de Transporte de la Nación, a la que también fueron convocadas la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el resto de las líneas aéreas regulares que operan en la Argentina y las entidades que nuclean a las compañías, como la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).
Desde el Gobierno, resaltaron que la intención del encuentro es recabar opiniones de las partes involucradas. Por el lado de las empresas, destacaron que se tratará más de una "presentación" de la propuesta que de una"'mesa técnica de trabajo". No obstante, confían en que las conversaciones podrían llegar a un buen puerto, en la cuenta regresiva para la implementación de la medida.
En el decreto ómnibus que, entre otros cambios normativos, reinstauró las bandas tarifarias para los vuelos de cabotaje, Alberto Fernández instruyó a Transporte a definir un nuevo esquema de precios máximos y mínimos en 180 días. Dado que el decreto se publicó en el Boletín Oficial el 24 de diciembre, ese plazo vencerá el 24 de junio.
La postura de Jetsmart y Flybondi
En este contexto, las low-cost llevarán a la reunión sus argumentos en contra del decreto. Para Flybondi y JetSmart, que le habían anunciado fuertes inversiones al Gobierno en los días previos a la ineseprada publicación, las nuevas reglas son letales para sus esquemas de negocios. Proclaman que atentan contra la libre competencia, ya que refuerza privilegios que tienen empresas estatales (Aerolíneas Argentinas e Intergargo) y tienen un efecto contrario al buscado: limitarán el acceso a miles de personas de acceder a vuelos a valores económicos. Apuntaron contra imprecisiones y falacias en los argumentos con los que el Gobierno justificó el decreto.
"Medidas como estas restringen el crecimiento. Las mayores regulaciones resultan perjudiciales. Sería favorable contar con una operación lo menos estructurada posible. Con la instrumentación de las bandas tarifarias, hay una alta correlación entre los precios y la cantidad de pasajeros que viajan: cuanto más suben los precios, baja el número de usuarios transportados, y viceversa", sostuvo Gonzalo Pérez Corral, gerente general de JetSmart, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la mañana de este martes. La compañía chilena anunció la llegada a la Argentina de un sexto avión para su flota.
"Tenemos un diálogo fluido con las autoridades nacionales. No siempre nos entendemos. Pero tenemos interlocutores válidos con quienes podemos entablar conversaciones", señaló Pérez Corral, en relación al ida y vuelta con el Gobierno.
No obstante, a JetSmart le preocupa la falta de espacio en el Aeroparque Jorge Newbery. Su sexto avión amarrará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. "Nos gustaría que toda nuestra flota esté operativa en Aeroparque. Tener dos bases aéreas en una misma ciudad no es conveniente por los mayores costos que genera", subrayó el ejecutivo.
Este es uno de los aspectos que Flybondi criticó en la carta Diez puntos de análisis sobre el decreto 879/2021 que le envió su CEO, Mauricio Sana, a Juan Manzur, jefe de Gabinete, y a Alexis Guerrera, ministro de Transporte de la Nación el 28 de enero.
En esa misiva, la aérea defendió su postura y manifestó que el decreto establece cambios trascendentales en relación a la libre competencia, "imponiendo bandas tarifarias que aumentan artificialmente los precios de los pasajes hasta igualarlos entre los distintos operadores, en perjuicio de los usuarios, lo que limita la posibilidad de realizar ofertas".
Así, en la reunión de este miércoles, Flybondi reforzará su postura, expuesta en esa carta y en un comunicado que difundió hace dos semanas, donde consideró que se limita el desarrollo del mercado aerocomercial del país, eliminando así la posibilidad de incrementar la cantidad de viajes domésticos -lo que perjudica a las provincias y sus economías regionales- y fomentando la práctica de conductas anticompetitivas.
La normativa fue eliminada durante la presidencia de Mauricio Macri con el objetivo de promover la llegada de líneas aéreas de bajo costo, que ofrezcan opciones competitivas a precios bajos. Ahora, el Gobierno busca reinstalarla para "velar por la adecuada prestación de los servicios públicos, preservar la sostenibilidad del transporte aéreo y del sistema general de transporte".
Fuente: El Cronista