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El diputado nacional Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) presentó un proyecto de ley para pasar Edenor y Edesur a ciudad y provincia de Buenos Aires. Así, se podría terminar con la arbitrariedad e inequidad del manejo de subsidios, que favorece a esos distritos en casi 4 veces más que al resto del país.
Actualmente, ambas distribuidoras eléctricas están en la jurisdicción nacional, por lo que son destinatarias de los subsidios federales, partidas del Tesoro Nacional e inversión en obras públicas, en desmedro de las demás provincias.
El proyecto de Domingo fue acompañado por su compañero de bancada, Luis Di Giácomo, y pone un plazo hasta el primer día del 2023 para efectuar el traspaso de jurisdicciones.
Los representantes rionegrinos consideran que la delegación de facultades al ejecutivo nacional es la base de la arbitrariedad e injusticia del manejo centralizado de los recursos nacionales. Esto perjudica al interior y está expresamente prohibido en la Constitución reformada en 1994.
De esta forma, los fundamentos del proyecto promueven la recuperación del federalismo de la República y señalan que tanto la ciudad como la provincia deben hacerse cargo de los servicios de estas distribuidoras. Así sucede en todas las demás jurisdicciones.
La medida había sido adoptada 1958, en función del crecimiento de ambos distritos y la crisis que provocaba eso en el sistema energético. “Como ocurre casi siempre en Argentina, ese atajo ocasional se volvió al poco tiempo permanente”, indica el escrito.
En la década del 90, la privatización de servicios federalizó la jurisdicción de las distribuidoras, a excepción de estas dos firmas. Sólo la ciudad de La Plata presenta una diferencia, ya que desde 1992 la empresa EDELAP fue transferida a provincia de Buenos Aires.
En 2018 se intentó corregir esto con Edenor y Edesur por una ley del Congreso. Sin embargo, la realidad argentina regida por los grandes partidos nacionales nuevamente llevó a su incumplimiento, primero, y derogación posterior.
El proyecto afirma que la injerencia federal directa en actividades locales genera “una situación de grave inequidad entre los ciudadanos de la República”. Además, evalúa que por intereses electorales los gobiernos nacionales mantienen en CABA y PBA “tarifas artificialmente bajas a expensas del resto del país, que no logra compensar el peso decisivo del área metropolitana en las urnas”.
Como resultado, el costo de los servicios de luz que pagan los usuarios del AMBA es notablemente inferior al que deben afrontar los demás. Como ejemplo, se compara la tarifa residencial de CABA de $ 1,7 por Kw con la de Río Negro, de $ 6,3. “Esto implica un valor para Río Negro que es 3,7 veces superior al del AMBA”, sostiene.
Fuente: El Cordillerano