La licitación “corta” del dragado y mantenimiento de la hidrovía Paraguay-Paraná que lleva adelante la Administración General de Puertos (AGP) ingresó en una zona de turbulencias por los descargos e impugnaciones que pusieron sobre el tapete dos de los tres grupos oferentes que quedaron fuera de carrera por haber incumplido con distintos requisitos que exigían los pliegos de bases y condiciones.
La semana pasada, la Comisión Evaluadora de las ofertas del organismo portuario emitió un dictamen por el cual dejó a la empresa Compañía Sudamericana de Dragados (CDS) –del grupo belga Jan de Nul– como la única habilitada para pasar a la instancia clave de adjudicación de las obras. Lo que está en juego es un contrato inicial hasta setiembre que tiene una valuación oficial de US$ 97 millones.
Según el análisis oficial, los otros tres consorcios que compiten en la licitación (Boskalis; Rodhe Nielsen-Emepa y el grupo integrado por la belga Dredging International, la china CCCC Shangai Dredging y la local Servimagnus) fueron descalificados por no haber cumplido con la totalidad de los capítulos y puntos específicos que establecían los pliegos.
A la holandesa Boskalis, los técnicos de la AGP la bocharon por no cumplir con los siguientes ítem: Plan de Trabajos y Memoria Descriptiva, Listado de Personal, Curriculum Vitae de Profesionales y Técnicos, Disponibilidad de Equipos, Información Técnica y Competencia Técnica.
Por el lado del Rodhe Nielsen-Emepa, los incumplimientos detectados también fueron el Plan de Trabajos y Memoria Descriptiva y la Disponibilidad e información técnica de equipos y Competencia Técnica. En el caso del tercer consorcio, los puntos flojos e incompletos estuvieron en la disponibilidad de los equipos y la falta de acreditación de la competencia técnica mínima que pedían los pliegos.
El primer consorcio que salió a patalear por la evaluación de la AGP que lo marginó de la pelea licitatoria fue el Dredging International-CCCC Shangai Dredging y Servimagnus. Lo hizo por medio de una carta al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y una solicitada en medios nacionales donde planteó su disconformidad por la decisión oficial.
En sus presentaciones, que no se tradujeron en una impugnación formal, el grupo conformado por esas tres empresas destacó que se le impide pasar a la siguiente fase del proceso de licitación a partir de “formalidades e interpretaciones arbitrarias del pliego licitatorio y el contenido de la oferta que podrían dar lugar a la adjudicación de las obras al contratista actual a un precio un 40% más alto del que se podría obtener”.
Desde el ente portuario conducido por el santacruceño José Beni señalaron que el plan de trabajos y la memora descriptiva de las obras presentadas por el grupo no contemplan la incorporación ni la capacitación del personal y tampoco un diagrama de rotación de embarques y desembarques de las tripulaciones.
Con respecto a las dragas comprometidas para las obras, las tres que figuran en la oferta son dragas cortadoras que no se ajustan a los equipos de succión que requieren los pliegos. Para poder descargar los sedimentos extraídos, las dragas cortadoras requieren de una embarcación adicional o de largas cañerías que deben atravesar el canal navegable y dificultan la navegación.
En lo referido a los antecedentes empresarios, los técnicos de la AGP puntualizaron que los documentos de Dregging International de las obras realizadas en otros países no se encuentran traducidos ni certificados tal como exigían los pliegos. En el caso de Servimagnus, el único antecedente presentado corresponde a la ampliación de la capacidad del Rio Salado Tramo IV que esa una obra conceptual y metodológicamente distinta a las que están previstas para el dragado de la vía navegable troncal de la hidrovía.
El segundo oferente que decidió dar batalla para tratar de dar vuelta la descalificación fue el que integran la belga Rhode Nielsen y la local Emepa. En este caso, hubo una impugnación concreta con el correspondiente depósito de la suma de dinero que exige el pliego para poder iniciar una instancia formal de revisión del proceso licitatorio.
Uno de los puntos medulares que reclama el grupo es el reconocimiento de Emepa como “dragadora” por haber tenido el 50% de Hidrovía SA, la concesionaria del corredor fluvial troncal que compartió con Jan de Nul desde 1994 hasta este año.
Para el área técnica de la AGP, ese planteo no se puede sostener porque el convenio interno que rigió entre Hidrovía SA y Jan de Nul había establecido claramente que las obras y el mantenimiento del dragado estaban a cargo de empresa belga durante todo el período de la concesión.
Apuntan, además, que el grupo registra otras dos marcadas inconsistencias. En el plano laboral, no cumple con lo solicitado en materia de incorporación y capacitación del personal que estaría afectado al manejo y operación de las dragas y embarcaciones de apoyo.
En cuanto a la disponibilidad de equipamientos y barcos, lo que la UTE presentó es solo una promesa de contratos con la cuestionada empresa local Marítima Maruba, la cual sería la encargada de conseguir los buques y maquinarias en el exterior una vez que el consorcio resulte adjudicatario de las obras.
Fuente: Letra P
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