El Gobierno aceleró sobre el fin de la semana el trabajo para segmentar las tarifas de la energía, de manera de focalizar los recursos en el grupo de la población más vulnerable.
La Secretaría de Energía le envió una carta a los entes reguladores de la electricidad de todo el país (los provinciales y el ENRE, organismo de contralor de los servicios públicos de distribución metropolitana y transporte nacional y regional de energía) para apurar el diseño de una base unificada con datos de todos los usuarios.
Es para coordinar esfuerzos y "dotar de una mayor equidad" a la política de subsidios del Estado Nacional, uno de los temas por los que insiste el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que lo llevó al choque recientemente con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que personifica la postura de La Cámpora.
La misiva será enviada también al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y luego a distintos organismos públicos como el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Banco Central (BCRA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Superintendencia de Salud, el Registro de Automotores, los registros de la propiedad de las distintas jurisdicciones y los municipios.
"Pasamos al escalón de coordinar bases de datos y después hará falta un decreto que obligue a los organismos públicos y a los usuarios a brindar y linkear permanentemente la información de sus medidores con su documento y la dirección de esos medidores", indicó una fuente oficial.
"Está bajo análisis pedirles datos a otros tipos de instituciones privadas, pero bajo autorización estatal. La idea es vincular toda la información existente en un primer paso y después asociarlos a medidores de luz y gas. Un tercer paso sería que en cada trámite se pida un número de medidor, o boleta de servicio, como requisito, para mantener actualizada la base de datos automáticamente", agregaron en el Gobierno.
- ¿Qué pasará con los domicilios bajo contratos de alquiler, en donde puede vivir una familia que no es titular de los servicios? - preguntó este diario. "Se piensa en un sistema mixto, de oficio y a demanda, con el fin de minimizar los errores de inclusión y exclusión", contestó una fuente.
La idea de segmentar las tarifas de la energía y la velocidad del proceso para no destinar recursos del Tesoro a sectores que no los necesitan (subsidios a familias de clase media-alta y alta) fue una de las causas de la disputa entre Guzmán y Basualdo.
En Economía acusaron que el subsecretario no avanzó en esa tarea, pero desde el Instituto Patria lo defendieron y señalaron que hace meses está trabado el procedimiento administrativo para dictar un decreto que habilite a la AFIP a abrir las bases de datos, tarea que inició el subsecretario de Energía Eléctrica con la interventora del ENRE, Soledad Manín.
Por ahora, el aumento de las boletas de electricidad para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde operan Edenor y Edesur, fue de un 9%. Cerca de Cristina y Máximo Kirchner aseguran que ese es el "único" incremento que habrá en todo el año, aunque los laderos de Guzmán quieren completar una suba de 15% a 18%, con el segundo tramo ya segmentado.
La norma que explora el Gobierno deberá ser tan precisa legalmente de forma de evitar una posible violación del secreto fiscal y el bancario. En materia fiscal, los subsidios a la energía treparán por encima del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) -más de u$s 7500 millones-, aunque los ingresos extraordinarios por el aporte de las grandes fortunas y los derechos de exportaciones compensarán ese gasto y dejarán más recursos disponibles a las arcas del Estado.
El miércoles pasado, el ENRE anunció la firma de un convenio con el CONICET para prestar asistencia técnica en la elaboración de tareas que procuren terminar un trabajo ya iniciado de segmentación de las tarifas.
Ante restricciones presupuestarias cada vez más notorias, el kirchnerismo viene intentando desde 2011 la "sintonía fina" para las tarifas, aunque nunca pudo avanzar en esa labor.
En la apertura de las sesiones legislativas ordinarias, el 1 de marzo, el presidente, Alberto Fernández, había anunciado que mandaría al Congreso un proyecto de emergencia de los servicios públicos, que ya fue elevado a Jefatura de Gabinete, pero que todavía no se envió al Poder Legislativo para su tratamiento.
Fuente: El Cronista
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