Esta semana se empezarán a definir las tarifas de la energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde operan las distribuidoras Edenor y Edesur.
El Gobierno habilitará como máximo un aumento de hasta 15% final en las facturas que les llegan a los usuarios residenciales, aunque también se analizan cifras como un 9% o incluso un 7%, como el porcentaje que autorizó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para las empresas del interior de la provincia, que forman parte del grupo Desarrolladora Energética (DESA): Edelap, Eden, Edes y Edea.
La audiencia pública para las distribuidoras controladas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), las únicas que dependen de la Nación -el resto, por los gobernadores de cada provincia-, será este martes 30 desde las 8, en formato digital.
Restan cuestiones formales para la decisión oficial, y la audiencia pública, si bien no es vinculante, es una de ellas. La definición llegará hacia mediados o fines de abril y quedará por ver si el incremento es retroactivo hacia el 1 de abril o empezará a regir desde el 1 de mayo.
El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y la interventora del ENRE, María Soledad Manin, ya anticiparon que la suba de las tarifas será sensiblemente menor que el alza de los salarios, lo que permitirá mejorar los ingresos reales de las familias. "No habrá ajuste", señalan.
Es por eso que pese a que se pondrá a discusión las propuestas de las empresas, está descartada de plano una suba de 31% a 45% promedio que Edenor y Edesur dicen que pidieron, aunque el Gobierno remarcó que con todos los ingresos solicitados, los aumentos requeridos son de entre 81% y 157%.
El déficit operativo de las distribuidoras será cubierto con fondos del Tesoro. Y la mayor parte de los subsidios trepará por el congelamiento del precio mayorista de la energía, que tiene una porción (el 40%) formada por contratos dolarizados.
Así, quedó enterrado el plan del ministro de Economía, Martín Guzmán, de incrementar en un 30% las boletas para que los subsidios no ganen peso en relación al Producto Bruto Interno (PBI).
Estas transferencias superarían el 2% en 2021 -sumadas a las del transporte, más de la mitad del déficit primario proyectado por Presupuesto en 4,5% e incluso más relevantes si el desequilibrio fuera cercano al 3%, como intuyen algunos en el Frente de Todos-, aunque aún lejos del 3,5% que llegaron a representar en 2014.
La transición tarifaria se extenderá por dos años, hasta principios de 2023, y la segmentación quedará para más adelante. La semana pasada, Manin reveló que habrá subas semestrales atadas a la evolución de los costos de las compañías y las inversiones realizadas para mejorar el servicio.
En tanto, la segmentación por poder adquisitivo de los usuarios quedará para otra etapa, probablemente para después de las elecciones legislativas de octubre.
Ante el congelamiento de las tarifas durante casi dos años, las distribuidoras de todo el país optaron por financiarse con el endeudamiento con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), por un total acumulado de $ 155.000 millones. La Secretaría de Energía ya estudia cómo implementar planes de pago para ir saldando esas cuentas.
Por otro lado, este lunes habrá otras cuatro audiencias públicas para el transporte eléctrico. Desde las 8, será el turno de la transportista nacional, Transener (controlada por Pampa Energía, en sociedad con la estatal IEASA, ex Enarsa) y a partir de las 14, de firmas regionales como Trasnoa, Transnea, Transpa, Transba y Distrocuyo.
Fuente: El Cronista
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