11/03/21

Iguacel indagado: dijo que no cometió delito por compensación a gasíferas

Adujo que, finalmente, no se concretó. Responsabilizó al Enargas y sostuvo que modificó el marco regulatorio para beneficio a los usuarios y al Estado.


Javier Iguacel

El exsecretario de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel aseguró que el único responsable de fijar el cuadro tarifario era el Enargas, al rechazar la imputación de haber cometido un delito por dictar una resolución, por la que, según él, “no dispuso el traslado de mayores costos de tarifas a los usuarios”.

“Era una asunto en el cual yo no tenía injerencia”, explicó a la Justicia deslindando su responsabilidad y apuntado hacia las altas esferas del gobierno de Cambiemos. Iguacel hizo su descargo como imputado en la causa por haber dictado en 2018 una resolución con la que obligaba a los usuarios del servicio de gas a compensar a las empresas distribuidoras los efectos de la devaluación.

“En conclusión, el acto que se me enrostra no ocurrió y por tanto, la imputación que se me formula es injusta y debo ser desvinculado de ella”, exigió Iguacel a la jueza María Servini luego de que la fiscal Paloma Ochoa hubiera pedido su indagatoria.

El exfuncionario macrista le echó la culpa al Enargas como único habilitado para modificar el cuadro tarifario, algo en lo que él “no tenía directa injerencia”.

En las conclusiones de un escrito que acompañó al juzgado, Iguacel ofreció una extraña explicación: “mi intervención obedeció a la necesidad de modificar el Marco Regulatorio para posibilitar más plazos para el recupero de los costos de gas para las distribuidoras que las previstas originalmente, en beneficio económico directo a los usuarios”, a lo que agregó que esto impedía pérdidas para el Estado por reclamos judiciales e indemnizatorios.

“El posible quebranto de las mismas hubiese generado un perjuicio intangible en forma directa”, señaló y apuntó a las “permanentes intromisiones” del Poder Ejecutivo a través de resoluciones “arbitrarias y cambiantes”.

Iguacel aprovechó para cuestionar la historia reciente del país en materia energética y el déficit que generaba ser importador de petróleo y gas. “Dicha situación estaba en proceso de cambio”, manifestó sobre la finalización de su gestión al frente de la cartera energética. Insistió en que el Enargas no podía modificar el Marco Regulatorio y por eso había intervenido en la maniobra.

La fiscal Paloma Ochoa había sostenido que con la Resolución 20, dictada el 4 de octubre de 2018, el entonces secretario de Energía “evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento”. Al acusarlo, la fiscal dijo que la maniobra fue en perjuicio de los “usuarios-consumidores, en cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado argentino que como garante de la prestación del servicio público también resultó abusiva e indebidamente obligado”.

Iguacel explicó que se advierte un error en los efectos que la fiscal le adjudica a la resolución 20/2018, “dado que en rigor de verdad el traslado a la tarifa del gas de las llamadas DDA (Diferencias Diarias Acumuladas) no deben ser atribuidas a esa resolución”.

“Todas las demás afirmaciones de la fiscal son meras inferencias o suposiciones carentes de asidero normativo y probatorio, como afirmar que beneficié a empresas privadas”, disparó Iguacel contra Ochoa sobre los hallazgos del caso que lo llevaron a la indagatoria.

Y completó su defensa señalando hacia arriba: “debe puntualizarse que como toda decisión emanada de un Secretario de Estado, mi resolución se encontraba sujeta a una ponderación política superior y, que en instancias posteriores, decidió el dictado de una nueva norma de mayor jerarquía. Con lo cual, además no tuvo ninguna vigencia operativa”, argumentó Iguacel deslizando que Hacienda y el máximo nivel del Poder Ejecutivo habían tenido mayor responsabilidad en el hecho. “En conclusión, el acto que se me enrostra no ocurrió y por tanto, la imputación que se me formula es injusta y debo ser desvinculado de ella”, esgrimió el exfuncionario.

Tras proponer testigos y prueba documental, pidió que se le dicte el sobreseimiento.

Si bien la resolución cuestionada fue dejada sin efecto por el escándalo que se desató cuando Iguacel la dictó, la fiscalía a cargo de la investigación penal solicitó en su momento que se declare su nulidad absoluta e insanable. Bajo la figura de la “compensación”, la resolución “en realidad tenía por finalidad garantizar márgenes de ganancia indebidos y exorbitantes a las empresas distribuidoras y productoras de gas -en el contexto de la devaluación de la moneda dispuesta por el gobierno que integraba-, trasladando el presunto costo de la devaluación al público consumidor”, sostuvo la fiscal Ochoa.

Fuente: Ámbito