31/03/21

Caen dos nuevos testigos de acusación en Vialidad

Administrativa de DNV dijo que se podría haber beneficiado a una contratista, pero que nunca se lo pidieron ni lo hizo. No le constan sobreprecios,


Imagen: Wikipedia

Una vez más la fiscalía se fue con las manos vacías de la audiencia en el juicio contra Cristina de Kirchner. Otros dos testigos propuestos por el propio Ministerio Público declararon sin aportar elementos que sustenten la acusación por el presunto desvío de fondos en las obras de la Provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Una empleada administrativa de carrera y un ingeniero a cargo de la supervisión técnica de los trabajos negaron beneficios a una empresa en particular y detallaron el complejo y vasto entramado de controles a las que están sometidas todas las licitaciones.

En un principio, la fiscalía se entusiasmó con una respuesta de Esther Liliana Quiroga, empleada administrativa de Vialidad Nacional desde 1983. La mujer dijo que era habitual que representantes de las empresas contratistas visitaran a la gerencia de la DNV. Detalló que vio en más de una oportunidad a Julio Mendoza y a Lázaro Báez, de Austral Construcciones, reunirse con las autoridades del organismo. Sin embargo, Quiroga descartó que se tratase de una irregularidad: “Es normal que los empresarios tengan reuniones por problemas de obras, por modificaciones o demás. Varias empresas van a una reunión con los gerentes para tratar temas de obras en sí que representan”, dijo textual la testigo.

“¿Y de qué hablaron Mendoza y Báez en ese encuentro?”, interrogó el fiscal de juicio, Diego Luciani. “Soy administrativa. No participo de las reuniones”, aclaró la empleada.

Luego, una de las defensas hizo la pregunta de rigor: ¿alguien le ordenó que hiciera o dejara de hacer algo para beneficiar a una empresa en particular? “No. Nunca.” Ante el evidente revés de esta respuesta, que se repite con cada uno de los testigos desde que comenzó el juicio, el fiscal adjunto Sergio Mola buscó revertir la situación con una repregunta que terminó por reforzar la posición de los acusados: “¿Pero usted tenía la capacidad para beneficiar o perjudicar a alguna firma?”. “Sí. Yo podía adelantar o atrasar firmas de un expediente, por ejemplo”, dijo sin dudar. Y aclaró que, sin embargo, nadie se lo pidió y nunca lo hizo.

El segundo testigo de la jornada fue el ingeniero Raúl Quinteros, subgerente de Estudios y Proyectos de Vialidad Nacional entre 2005 y 2008. Desde la provincia de Santiago del Estero, vía Zoom, expuso ante el Tribunal Oral Federal 2 durante más de dos horas. A pesar de los esfuerzos de la fiscalía, su testimonio tampoco dejó grandes definiciones ni pudo ser capitalizado por la acusación. Preguntas, repreguntas y exhibición de documentos no lograron mayores elementos para nutrir la hipótesis delictiva. Más bien lo contrario.

Quinteros detalló la gran cantidad de instancias de control internos y externos por las que pasan las obras que aprueba la DNV. Tanto en las que ejecuta el organismo nacional cuanto en los casos en los que las provincias son comitentes. Estas últimas son la mayoría de las obras cuestionadas en este juicio. De las 51 obras sólo 3 estuvieron a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. El resto fueron por convenio con Santa Cruz. Sin embargo, el ingeniero Quinteros dijo que “normalmente” el administrador nacional homologaba las obras que hacían las provincias. Es decir que había controles de ambas jurisdicciones.

“Mi función era darle visto bueno al diseño de las obras”, detalló. Y, ante una consulta puntual aseveró: “No me consta que hubieran sobreprecios y no me consta que se hiciera nada para beneficiar a Báez”.

Sin más, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes. Para ese día está prevista la declaración bajo juramento de otros tres exempleados de Vialidad.

Fuente: Ámbito